ðHwww.oocities.org/espanol/pmalife/pma49www.oocities.org/espanol/pmalife/pma49.htmllayedxÁUÕJÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÈÅl[FOKtext/htmlq¾ÍW[Fÿÿÿÿb‰.HMon, 19 May 2003 18:21:46 GMT.Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)en, *ÁUÕJ[F ¿Reformas a la Constitución?
¿REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN?
 
La reestructuración de nuestro modelo administrativo y, por ende, del Estado panameño como tal; es una tarea impostergable que claramente he señalado con anterioridad en mis artículos, tanto en este sitio como en los diarios.  Sin embargo, no se debe permitir, de ninguna manera, que a la hora de discutir este tema los más afectados no sean considerados como lo merecen; me refiero a los ciudadanos que no pertenecen a ningún colectivo político, grupo, gremio, institución u organización  en particular.
 
En la actualidad, el presidente de la Asamblea Legislativa para el periodo 2002-2003, el señor Carlos Alvarado, está manteniendo conversaciones y reuniones con personalidades del mundo político, a fin de impulsar lo que él llama “La modernización del Estado” a través de reformas o “enmiendas” a la Carta Magna de 1972; no obstante, la propuesta es desconocida en su totalidad, así como los nombres de aquellos que buscan ser parte de estas discusiones a espaldas de la ciudadanía panameña.
 
Por otro lado, los principales partidos políticos de la Nación, el Revolucionario Democrático y el Arnulfista, han señalado su desacuerdo con la posible puesta en marcha de un plan que busque la consecución de modificaciones a nuestro actual instrumento constitucional, idea que han calificado de “inoportuna” por la cercanía del próximo torneo electoral.
 
Ante esta realidad, plasmo mi opinión:
 
Como ciudadano responsable, mantengo mi posición de que la Constitución de 1972 no debe ser reformada, y mucho menos de la forma en que se está proponiendo hacer; por el contrario, debe ser remplazada en su totalidad, ya que un proceso reformativo responsable involucraría la modificación o reemplazo de numerosas secciones de la misma y esto no debe hacerse a espaldas del ciudadano común y, mucho menos, aprobarse como lo indica el numeral 1 del artículo 308 de la mencionada Constitución.
 
Insisto en que lo prudente es una Asamblea Constituyente, misma que organizada responsablemente no debe resultar en ningún trauma; una Constituyente realmente participativa, donde el ciudadano común, aquel que sufre en carne propia los desmanes de aquellos que hoy hablan de “modernización del Estado”, tenga el derecho de participar con ideas, opiniones y sugerencias, a fin de constituir un documento realmente acorde con lo que la Nación clama -soy del pensar que la constituyente debe ser llamada por el próximo gobierno-.
 
La Nación requiere una nueva Constitución que nazca de la voluntad popular, de esa voluntad imparcial que no caracteriza a aquellos que ven en las inconsistencias de nuestro modelo de Estado, la oportunidad de manipular conciencias y mover las piezas de la forma en que más les convenga.
 
 
Jueves 7 de noviembre de 2002.