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| SOBRE LEYES Y REGLAMENTACIONES | ||
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Nuestro sistema de legislación deja mucho que decir, más aún, si tomamos en consideración los eventos que se ha dado alrededor de este tema, en los últimas día. La recién aprobada y sancionada Ley de Transparencia, fue recibida por la ciudadanía como la oportunidad de ejercer el derecho de conocer la mayoría de la información manejada por el gobierno y así tener la oportunidad de enfrentar con mayor impulso el flagelo de la corrupción, el tráfico de influencias y la manipulación de información; aparte de poder participar en la toma de decisiones nacionales, con el alto grado de conciencia que permite el conocimiento de la realidad. |
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Sin embargo, este objetivo se ha visto desvirtuado por culpa de un defecto inaceptable, que ha acompañado a nuestra metodología de legislación por años; hablamos de la reglamentación de las leyes, un problema que está dando muestras de que, la hora de tomarlo en cuenta y solucionarlo, ha llegado. |
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La reglamentación de una ley, tal y como se hace en la actualidad, es completamente inverosímil con la lógica y con el sentido común; ¿la razón?, sencilla. El resultado obtenido de la recientemente promulgada reglamentación -Decreto Ejecutivo 124 del 21 de mayo de 2002-, de la Ley de Transparencia del 22 de enero de 2002, deja en evidencia como este tipo de sistema permite que se desvirtúe el contenido de una ley, permitiendo que esta se convierta, prácticamente, en inaplicable y hasta quebrantada. Esta reglamentación podría ser catalogada como “violatoria a la propia ley”, sin embargo tiene más valedero que la misma disposición legal que buscaba dar real acceso a la información de manejo público. |
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Pregunto, ¿es posible que una reglamentación que deforma el contenido e impacto de una ley, sea considerada viable y ejecutable?. Pues, en nuestro país, sí. La reglamentación que está dando tanto de que hablar, ha puesto en evidencia que este sistema “no sirve”. |
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Por otro lado, podemos tomar en consideración algo más reciente. Nos enteramos el viernes 24 de mayo de 2002, que ya en Gaceta Oficial salió publicada la sancionada Ley No 24 de 22 de mayo del 2002, que regula la información sobre el historial de crédito de los consumidores o clientes; en esta misma publicación aparece el siguiente contenido: “el Órgano Ejecutivo dispone, a través del Ministerio de Comercio, de un plazo de seis meses, contados a partir de su promulgación, para la reglamentación“. Al analizar este punto, nos percatamos que esta ley ya está en vigencia, es decir, “debe cumplirse”, la lógica indica esto; sin embargo, se debe esperar un límite de hasta seis meses para que se establezca su reglamentación. ¿Alguien puede señalarme como esto puede encajar en el sentido común de cualquiera? Explicación legal tiene, pero explicación lógica no. |
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Increíblemente, nos encontramos ante una situación que no tiene ni pies ni cabeza, y asevero esto, porque sencillamente es así. No se puede señalar como aceptable un sistema viciado, que contribuye a la mal interpretación y a la manipulación. Se hace necesario reevaluar posturas, responsabilidades y objetivos; en primera instancia, todo lo que se refiere al trabajo de la Asamblea Legislativa. |
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El Órgano Legislativo es el encargado de aprobar o rechazar las leyes dela República, de modificarlas, derogarlas o actualizarlas; y debería ser el encargado de reglamentarlas. Con esto queremos decir, que ninguna ley puede ser aprobada por el Legislativo, sin esta no incluye su reglamentación, es decir, los mecanismos por los cuales va a ser puesta en práctica; o bien, que las leyes sean claras y específicas en sus contenidos y no den cabida a mal interpretaciones. Aquí existe la costumbre de “adornar” las leyes con terminologías que nos permiten pensar lo que queramos. |
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En fin, “toda reglamentación de una ley debe formar parte del texto de la misma, ya sea como una anexo o como disposiciones especiales; y el Órgano Legislativo debe ser capaz de cumplir con esta labor”. |
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Esta es nuestra propuesta para ponerle fin a este patético sistema, que le da al Órgano Ejecutivo y a cualquier otro ente gubernamental; o bien, a cualquier grupo político o social, y por que no, a cualquier ciudadano; la libertad de entender e interpretare las disposiciones legales como les convenga o consideren, y aplicarlas como les parezca. |
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| Viernes 24 demayo de 2002 | ||
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