ðHwww.oocities.org/espanol/pmalife/pma52www.oocities.org/espanol/pmalife/pma52.htmllayedxÃUÕJÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÈÅlKZOKtext/html(¾ÍWKZÿÿÿÿb‰.HMon, 19 May 2003 18:40:40 GMT1Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)en, *ÃUÕJKZ Nuevo Panamá
NUEVO PANAMÁ
 
La reestructuración del Estado Panameño es una tarea inaplazable, los vicios de nuestro decadente sistema administrativo, herencia de 21 años de dictadura militar, han mostrado de la forma más evidente, su clara intervención en la vida institucional de la República; dejando al descubierto las deplorables consecuencias que arremeten contra una sociedad cansada de tanta artimaña.
 
Trece años después del nacimiento de nuestra insipiente democracia, la Nación sigue rigiendo sus designios bajo el paraguas de una Constitución inconsistente, repleta de principios que no buscan el desarrollo humano del Estado y de sus habitantes, sino, portadores de las más claras intenciones de sintetizar una “concentración de poder”; intolerable precedente que la actual administración no ha dudado en utilizar y manejar a su antojo, más allá de lo que hubiesen soñado sus dos predecesores “democráticos”.
 
Si bien es cierto que la Carta Magna de 1972 contiene garantías fundamentales inalienables y, por ende, imposibles de obviar en la redacción de una nueva Constitución; este mismo documento sienta las bases que permiten e impulsan la degradación institucional y política que vive la Nación y que, hoy más que nunca, siente.  Hacer un análisis de estos puntos nos llevaría mucho más espacio, no obstante, basta decir que la problemática fundamental se centra en la “administración del Estado”, es decir, la forma en como operan los poderes y demás entes que tienen que ver con la puesta en marcha de estrategias de desarrollo humano que nos permitan construir el verdadero y anhelado Nuevo Panamá.
 
La Constitución de 1972 no responde a los intereses de Panamá como Nación, como Estado; más bien -y basta con echarle una mirada a las irregularidades de los Títulos IV, V, VI, VII y VIII- responde a los intereses de Panamá como Gobierno, obviando que este último no está por encima del Estado, por el contrario, es solo su ente regente, aquel ente encargado de velar por el fiel cumplimiento de las normas vigentes y el normal desenvolvimiento de la vida económica, política y social, a fin de concretar el desarrollo sostenible que garantice mejores días para la Patria.
 
La Constitución de 1972 no responde a los lineamientos de un Estado verdaderamente democrático, por lo tanto, debe ser reemplazada en su totalidad por un instrumento completamente nuevo y veraz, mismo que debe nacer de un sencillo antepuesto: “darle a la ciudadanía panameña la oportunidad de componer un documento acorde con los lineamientos actuales, las prioridades nacionales, la dignidad panameña, el respeto de los poderes del Estado, la estabilidad social, política y económica; y, en consecuencia, con la verdadera institucionalidad de la República, en pos de un desarrollo humano integral y sostenible”...  Qué mejor mecanismo que una Asamblea Nacional Constituyente, verdaderamente participativa; que involucre a todos y cada uno de los ciudadanos y grupos que tengan algo que aportar en pos de un renacimiento de la Nación; Asamblea construida bajo el resguardo de las necesidades y prioridades del Estado y no de las de algún sector, grupo o persona en particular.
 
Nuestro país requiere de un cambio profundo, no de meras reformas -como algunos promueven-; no obstante, debemos estar claros en una terrible realidad:  “durante el tiempo que le resta a la actual administración, no veremos acciones encaminadas a concretar el augusto fin de lograr, -o al menos impulsar- la construcción de un Nuevo Panamá”, ¿la razón?, de haber tenido ese espíritu de cambio, ya hace tiempo se hubiese, al menos, cumplido con el nombramiento de la comisión redactora del anteproyecto de Constitución, promesa olvidada por nuestra presidenta.
 
Ante este escenario tan patético, que no da visos de un futuro prometedor para la Patria, los que estamos concientes de la imperiosa necesidad de cambio que agobia a la Nación, tenemos el histórico deber de buscar el mecanismo adecuado que nos permita convertir la creación de una Asamblea Constituyente, en la principal tarea que tenga a su haber ejecutar, de forma inmediata, el próximo gobernante, independientemente de cuales sean sus intenciones.
 
¿Y cómo hacerlo?, la herramienta que propuse en un artículo de opinión publicado en el diario La Prensa el pasado sábado 12 de octubre, y que nombré “Pacto Ciudadano”, resultaría eficaz a la hora de convertir la redacción de una nueva Carta Magna, en un compromiso inalienable para quien logre obtener el beneplácito de la Nación en los comicios de mayo de 2004.
 
 
Links recomendados
El Pacto Ciudadano
La Prensa     12/10/2002
 
El Pacto Ciudadano (Propuesta)
 
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Lunes 18 de noviembre de 2002