CONGRESO DE LOS PUEBLOS DEL ECUADOR SESION DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS DE PICHINCHA

TIEMPOS DE UNIDAD Resistencia y alternativa Los pueblos del Ecuador no sólo hemos tenido la fuerza para resistir al proyecto neoliberal; sino que hemos ido construyendo una alternativa. Hemos aprendido que la dictadura del mercado financiero y especulativo termina por destruir la base económica y social de nuestros países, como ha sucedido en Argentina. Desde nuestro sufrimiento y nuestra lucha, sabemos que otro Ecuador y otro mundo es posible. Entramos en un tiempo de definiciones. El período de crisis política y económica, abierto a partir de mediados de los noventa, llega a su desenlace. Hasta ahora la fuerza de los sectores sociales ha contenido los intentos de definición desde el bloque dominante, tanto en el plano económico como político: seis veces han intentado instaurar el modelo neoliberal en pleno, sobre todo a través de la privatización de los recursos estratégicos, el petróleo, la electricidad, telecomunicaciones, la seguridad social y la educación; y seis veces la resistencia popular y también las disputas intermonopólicas sobre el botín, han frustrado este intento. Dos veces la movilización social ha derrocado gobiernos neoliberales corruptos, aunque al final ha quedado el gobierno del mercado. Una disyuntiva programática La esperanza de un cambio profundo se expresó en la rebelión del 21 de Enero del 2000: buscamos la refundación de la República, con un cambio estructural, ante el fracaso y la corrupción de la clase política tradicional. El triunfo de Lucio Gutiérrez abrió la expectativa de confirmar este anhelo de cambio. Sin embargo una vez en el Gobierno, Lucio Gutiérrez traicionó el compromiso de cambio y eligió la senda del compromiso con el Fondo Monetario Internacional, con el Gobierno de Bush y con la derecha oligárquica encabezada por el Partido Social Cristiano. A partir de la firma de la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional, optó por la continuación de la política neoliberal aplicada por los gobiernos anteriores, a favor de los grupos económicos, sobre todo financieros, tanto locales como transnacionales. No sólo ratificó el tradicional paquetazo económico de inicio de todos los gobiernos y los compromisos subordinados al pago de la deuda externa; sino que ahora la comisión del FMI, con el coro de las cámaras empresariales, exige la segunda fase: · la privatización del petróleo, con la reducción del Presupuesto de PETROECUADOR, la aprobación de reformas a la Ley de Hidrocarburos para legalizar la entrega de los campos petroleros del Nororiente y de las refinerías a las transnacionales, el salvataje del OCP, y el embargo de los fondos petroleros para el pago de la deuda externa; · la privatización de la energía eléctrica, con la entrega de la administración a las transnacionales privadas, el salvataje de EMELEC, y el resultado de la elevación de tarifas eléctricas; · la privatización de la seguridad social, a través de la municipalización propuesta por Jaime Nebot y respaldada por Lucio Gutiérrez, y la utilización de los fondos del IESS para la reserva monetaria y el beneficio del sistema bancario privado; · la privatización de la educación y de la salud a través de la municipalización y la reducción del presupuesto para estas áreas claves; · la aprobación de la Ley de Carrera Civil y de Unificación salarial, destinada a destruir las organizaciones laborales, legalizar el despido masivo de 30 mil trabajadores del sector público y el congelamiento de los sueldos de los trabajadores y de las pensiones de los jubilados; · la ampliación de la carga impositiva a la población, a través de una nueva "reforma tributaria" que eleve el IVA; · el retorno de la amenaza de la elevación del precio del gas. El recetario del FMI está completo. Ahora el Gobierno del Ecuador puede jactarse de ser el mejor amigo del Fondo, como lo fue Argentina antes de la debacle económica. La sombra del fracaso de la dolarización amenaza las bases de nuestra economía. El otro capítulo de esta alianza es el creciente involucramiento del gobierno en el Plan Colombia, la mantención de la Base Manta y la oferta de nuevas bases, el sometimiento en la trayectoria de aprobación del ALCA, y la defensa de una dolarización fracasada. Bajo el terno y la corbata del Coronel aparece el peligro no sólo de la continuación del neoliberalismo, sino también de la implantación de un régimen autoritario, basado en la transformación de la política en asunto de seguridad nacional, la metamorfosis de la defensa de los derechos laborales en cuestiones de sabotaje y terrorismo, la organización de redes de espionaje, la persecución y el encarcelamiento a los dirigentes sociales, la amenaza de la utilización del "poder de las armas", la violación de derechos humanos y laborales básicos, el crecimiento del presupuesto militar y, en particular, de las fuerzas policiales, y la constitución de bandas de choque contra la movilización social. La derecha oligárquica, agazapada en el dominio del poder judicial y de organismos de control, como el Tribunal Constitucional, en la utilización del gobierno local del Municipio de Guayaquil y en una alianza "móvil" con el gobierno, se consolida y prepara su retorno. La estrategia apunta en dos direcciones: conseguir el mayor número de prebendas burocráticas, empezando por la troncha petrolera; y alistarse en caso de inestabilidad política, ya sea para colocar un nuevo comodín gubernamental o adelantar las elecciones presidenciales. Mientras en el mundo se multiplican las denuncias contra el fracaso de las políticas neoliberales y fondomonetaristas; mientras Argentina empieza a salir del infierno de la convertibilidad, en nuestro país, se fortalece el peligro de un neoliberalismo tardío y extremista. Estos seis meses han sido difíciles para las organizaciones indígenas, campesinas, laborales y sociales. Se ha realizado un costoso aprendizaje sobre la real política del Gobierno y no logramos mantener un polo alternativo unido. Es tiempo de realizar un balance serio y autocrítico sobre todo de la dirección política. Sin embargo, en este momento avanza una nueva unidad en torno al Congreso de los Pueblos. Estamos ante una disyuntiva programática. El desenlace puede darse o por el lado de la consolidación de la alianza del Gobierno de Gutiérrez con la derecha oligárquica y el Fondo Monetario para imponer definitivamente el proyecto neoliberal privatizador; o logramos la reconstitución de las fuerzas políticas alternativas, una alianza de las organizaciones sociales, indígenas, campesinas y laborales con las fuerzas políticas democráticas, para detener la ofensiva privatizadora y retomar el mandato histórico del 21 de enero e impulsar un cambio profundo hacia un Ecuador más justo y equitativo para todos y todas. Nuestra línea de acción La primera tarea es la reconstrucción de la unidad programática y estratégica de las organizaciones sociales, indígenas, campesinas y laborales, y de la alianza con las fuerzas políticas democráticas y con los sectores nacionalistas de las Fuerzas Armadas. Llamamos a todos y todas los compatriotas que buscan derrotar al neoliberalismo y construir una esperanza y una alternativa para nuestros pueblos, a la organización y consolidación del Congreso de los Pueblos en Pichincha y en todo el territorio nacional, como un espacio de esta unidad y un centro alternativo de poder. Declaramos la oposición popular y democrática al Gobierno socialcristiano, neoliberal, autoritario de derecha de Lucio Gutiérrez. Asumimos la promoción de nuestro programa de Gobierno. Hemos visto que los diálogos no han sido fructíferos en estos seis meses, pues el Gobierno se ha burlado de los compromisos. Si Lucio Gutiérrez quiere dialogar, primero tendrá que dar pruebas públicas de un cambio de política, sobre todo en parar las privatizaciones de petróleos, electricidad, educación y seguridad social, suspender las alzas de tarifas eléctricas y del agua potable, cumplir el compromiso de elevación de las pensiones de los jubilados, acabar con la persecución contra los trabajadores petroleros, detener los intentos de división de las comunidades y organizaciones indígenas y archivar definitivamente la Ley de Servicio Civil y Unificación Salarial. Nuestro primer compromiso es participar masivamente en la Movilización Nacional del 21 de agosto por la defensa de la soberanía, la democracia y la vida. Nuestra propuesta: Por la defensa de la soberanía, la democracia y la vida. Defensa de la soberanía: · Rechazar y detener las privatizaciones y concesiones del petróleo, electricidad, seguridad social, educación y salud. Detener el intento del Gobierno y de la derecha socialcristiana de apoderarse de los fondos de la seguridad social. Pedir a la nueva mayoría parlamentaria que no dé paso a las reformas a la Ley de Hidrocarburos orientadas a la entrega de los recursos petroleros. Demandar al Municipio de Quito y al Consejo Provincial de Pichincha que no den paso a la privatización de la Empresa Eléctrica Quito con la entrega de la administración a una empresa privada internacional; y más bien impulsen un gran acuerdo provincial social y productivo, para garantizar la modernización y eficiencia de la empresa. Impulsar un proceso de modernización y fortalecimiento de las empresas públicas. · Fortalecer la lucha en contra del ALCA, la Base de Manta y el involucramiento en el Plan Colombia. Impulsar la unidad andino-bolivariana y latinoamericana y la construcción de otro mundo posible, basado en la solidaridad y la cooperación. Rechazar la presencia de Uribe el 22 de agosto para firmar el Plan Colombia 2. Defensa de la democracia: · Exigir el cese de la persecución a los trabajadores petroleros, profesores de la Escuela Politécnica Nacional y comunidades indígenas de Sarayacu, acusados por el gobierno como terroristas y subversivos, reintegro inmediato de todos los trabajadores despedidos. · Demandar a los organismos de derechos humanos locales y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la investigación y el desmantelamiento de las redes de espionaje y de las bandas de choque organizados desde el poder. · Defender los derechos sociales y laborales a la organización, a un salario digno, a la contratación colectiva, al trabajo y al reconocimiento del escalafón. Pedir a la nueva mayoría parlamentaria que no dé paso al intento de introducir nuevamente la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación Salarial exigida por el Fondo Monetario Internacional. Presentar como alternativa un proyecto de Ley de equidad salarial. Exigir al Gobierno el respeto a la independencia e integridad de las organizaciones indígenas. Exigir el respeto del Municipio a los derechos de los comerciantes minoristas y de los sectores informales a tener condiciones favorables para un trabajo digno. Defensa de la vida · Impulsar la lucha por un Plan emergente de reactivación productiva, que empiece por el respaldo al campo y a las empresas productivas públicas y privadas y dé una respuesta al fracaso de la dolarización. Demandar que se paren todas las formas de salvataje bancario y ahora de salvataje de las transnacionales petroleras, en particular al Consorcio OCP. · Enfrentar la exigencia del Fondo Monetario Internacional de un nuevo paquetazo económico, con el alza de impuestos y de las tarifas de los servicios básicos. Rechazar en particular la elevación de los impuestos a los predios rústicos y demandar que se suspenda el alza de las tarifas eléctricas. · Exigir el cumplimiento del acuerdo para el carné de tarifa estudiantil para transporte público · Luchar por un Presupuesto Nacional para el 2004 que reduzca el pago de la deuda externa y el presupuesto militar y garantice un presupuesto social para el fortalecimiento de la educación y la salud públicas. Oponernos a las migajas de los remozados bonos de la pobreza. Rechazar el nuevo intento de elevar el precio del gas. Demandar que conste en el Presupuesto la obligación constitucional del Gobierno de pagar la deuda del Estado al IESS. Esta es la hora de la UNIDAD. Vamos a juntar nuestras fuerzas para construir el País que aspiramos para todos y todas, pues sabemos que OTRO ECUADOR ES POSIBLE.   Quito, 14 de Agosto de 2003