1) Pastor evangélico sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes
2) La víctima desmiente información oficial dada por la Comandancia General de Policía
3) “Fueron ellos, y no la Policía Metropolitana, los que me masacraron”
El 19 de enero de 2004 la Comandancia General de la Policía Nacional emitió un inusual boletín de prensa publicado por varios periódicos del país reportando un “caso de agresión física” contra un ciudadano ecuatoriano, Juan Carlos Moreira Silva, hecho ocurrido en el Terminal Terrestre de Quito el 17 de enero, del cual la Policía Nacional inculpó en su boletín a “policías metropolitanos” de la Alcaldía capitalina de haber sido los “autores”.
Luego de que el ciudadano Moreira se recuperara de la golpiza de la que fue víctima y que le valió internamiento en hospital y una cirugía en el rostro, sus familiares se contactaron con la APDH y se pudo recoger su testimonio de lo que realmente le había ocurrido. En el afán de evadir responsabilidades y de que la potencial denuncia recayera en otros, la Comandancia General había procedido, ex-profesamente, a engañar a los medios de comunicación que, sin conocer los detalles de los hechos ni contrastar fuentes, publicaron la versión oficial, la misma que mal intencionadamente ocultó que fueron miembros uniformados de su institución, y no policías de la Alcaldía quiteña, los autores del brutal abuso cometido. En efecto, el ciudadano Moreira y sus familiares denunciaron que había sido víctima de agresiones físicas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, por parte de miembros de la Policía Nacional.
Juan Carlos Moreira, ciudadano manabita oriundo de Chone, pastor evangélico y padre de familia, el día 17 de enero del 2004 a las 07h30 a.m. se dirigió al Terminal Terrestre de Quito para retirar una encomienda de su familia y de la congregación religiosa de la que hace parte, en la Cooperativa de Transportes “Reina del Camino”. Al descender por las gradas de la segunda planta del Terminal, se le acercaron dos policías metropolitanos y un individuo no identificado vestido de civil, acusando al pastor de ser el autor del “robo de un celular”.
El pastor Moreira les respondió: “de qué celular me hablan, tomen el mío si quieren”, puesto que los indicados guardias y el civil empezaron a proferir amenazas e insultos y a propinarle empujones llevándolo a la fuerza al retén de la Policía Nacional ubicado en el Terminal Terrestre, siendo humillado delante de los ciudadanos curiosos como si fuese un delincuente común.
Al llegar al retén se retiraron los guardias municipales y varios policías nacionales procedieron a encerrar al pastor Moreira en una habitación, exigiéndole a gritos y con amenazas soeces que “devolviera el teléfono celular”, ya que lo acusaban de haberlo sustraído sin presentar prueba alguna que certificase que el ciudadano cometió ese delito.
En el retén los uniformados agredieron al pastor Moreira primero de manera verbal, con insultos soeces, burlándose de su condición de pastor evangélico (“vos no eres pastor, ladrón es lo que eres”) y despojándole del celular de su propiedad, obsequiado por su congregación evangélica para que el pastor misionero se ayudara en sus tareas religiosas y recorridos.
Cuando el pastor Moreira les indicó que conocía sus derechos como ciudadano y que debían presentarle una orden legal de detención, asistirle con un defensor, decirle sus derechos mientras era detenido y permitirle llamar a un familiar o a su abogado, los policías nacionales empezaron la propinarle golpes y el martirio de las agresiones físicas.
En un primer momento le propinaron golpes y puñetazos en el rostro y la cabeza, especialmente en las mejillas y oídos. Uno de los policías atacantes salió un momento de la habitación y volvió con un tolete al lugar, para propinarle golpazos en el pecho, brazos, espalda y el costado. Mientras el pastor evangélico empezó a orar en voz alta, le ordenaban callarse golpeándolo e insultándolo: “Cállate, deja de cantar, que no eres cura sino delincuente”.
Luego de que el pastor Moreira cayera al piso debido a los golpes, le agredieron nuevamente entre todos los policías, mediante puntapiés, rodillazos, puñetazos y toletazos en el cuerpo. Algunos lo patearon en el estómago y otros en la espalda, provocándole lesiones y roturas de tres costillas. El pastor evangélico cita que quejándose de dolor, intentó alabar a su Dios (“protégeme”, “dame fuerzas”) y proferir sus cánticos, lo que bastó para uno de los policías, el Cabo de Policía Nacional Ricardo Espín, le propinara un puntapié en pleno rostro, ocasionándole la fractura de los huesos de la cara. Cuando empezó a sangrar profusamente, a la fuerza lo pusieron en pie y le echaron gas lacrimógeno de spray en sus ojos y boca.
Luego de unos momentos, ingresaron al lugar los policías de la siguiente ronda y continuaron golpeándolo hasta volverlo al piso, sin averiguar a quién y por qué lo golpeaban. Un policía vestido de traje de color verde cuya inicial de su nombre y su apellido constaba en su campera: C. Egas, le gritó con términos soeces: “entrega el celular porque si no, te vamos a mandar a la PJ, donde tenemos dos negros para vos”.
Le ordenaron que se desnudara y el pastor se negó, lo que provocó nuevos golpes de los policías que, por la fuerza, le quitaron los pantalones y la camisa, queriendo encontrar quizá el presunto celular sustraído entre sus prendas interiores.
Cuando terminó el “interrogatorio”, el pastor pidió que se le permitiera lavar el rostro y le dejaron ir al baño entre insultos y burlas. Relata la víctima que tuvo que ir arrodillado hasta el lavabo pues no podía incorporarse y que, luego de lavarse con dificultad pues su brazo izquierdo estaba fracturado, los policías le ordenaron lavar su propia sangre del lavabo y del piso, utilizando palabras soeces: “deja bien limpio el lavabo y el piso porque si no te volvemos a golpear...”.
Uno de los uniformados jugaba con el celular del pastor y revisaba el directorio de teléfonos grabado, acotando entre gritos y burlas: “tiene teléfonos hasta de España, éste debe ser de una banda internacional”.
En ese momento, los familiares y cofrades del pastor Moreira, preocupados porque desde las 7 de la mañana no volvía a casa, llamaron a su celular que fue contestado por uno de los policías que le arrebató el teléfono el momento de la detención. Le pasó la llamada a la víctima quien solamente alcanzó a decir: “estoy preso en el retén del terminal, vengan”. Sólo ese momento dejaron de golpearlo, pues en la pantalla del teléfono celular el pastor tenía registrado una frase: “Jesús, mi salvador”. Si como le dijeron los policías, el celular hubiese sido robado a un ciudadano cuya identidad no sabían, sus familiares no habrían tenido el número telefónico.
Sus familiares y miembros de su congregación llegaron al retén aproximadamente a las 10h45. Al llegar e identificarse, los uniformados se atemorizaron puesto que les preguntaron la causa de la detención e inquirieron las pruebas de la acusación, recibiendo como respuesta del policía Egas: “no tenemos el parte y el acusador salió a hacer la denuncia, pero todavía no vuelve”. Enseguida los familiares preguntaron el nombre del acusador y si éste había dejado una dirección o número telefónico, lo que tampoco los policías pudieron responder.
Preguntaron entonces al policía Egas qué funcionario detuvo al pastor Moreira y respondió: “yo recién recibí el turno y me dijeron que lo detuvieron porque le habían visto en el video del terminal”, agregando: “pero yo no he visto el video”.
Luego de escuchar ese detalle, los familiares pidieron a los policías que se comunicaran por radio con los guardias del terminal terrestre y con la persona que estaba encargada del control de las cámaras de video. Luego de 5 minutos llegaron tres guardias vestidos de uniforme plomo con corbata negra y un hombre vestido de civil, de estatura baja y abarbado, quien se identificó como el encargado del control de las cámaras de video en aquella mañana.
El policía Egas les preguntó si ellos reportaron el robo señalando al Sr. Moreira Silva como autor. Los guardias y el funcionario que controla la filmación manifestaron ante los familiares y amigos de la víctima que ellos nunca reportaron ningún robo y que no vieron ni señalaron al ciudadano Moreira en ningún momento como responsable de robo de un celular.
Los familiares entonces exigieron a los policías que dejaran en libertad al detenido, ya que no existían ni pruebas ni acusación particular que sustentara la detención. Al momento de salir de la habitación, miraron por vez primera la condición física en la que se hallaba el agredido y entonces los familiares advirtieron a los policías que los demandarían por las agresiones, pidiendo al policía Egas los nombres de los agresores. Visiblemente atemorizado, al saber que habían cometido otro “error aislado”, nombró a uno sólo de los victimarios: el Cabo Ricardo Espín, autor de la patada que le provocó fracturas en el rostro. El pastor Moreira salió del retén aproximadamente a las 11h45 asistido por sus familiares.
Lo trasladaron al hospital de la Policía Nacional buscando atención y que se certifique las lesiones, pero no quisieron recibirlo “porque no existía una orden de Fiscalía para atenderlo”. Los familiares decidieron llevarlo al Hospital Vozandes debido al sangrado y a los dolores. Allí fue sometido a exámenes médicos y tomografías que certifican (como consta en los documentos anexos a nuestra denuncia presentada a las autoridades): fracturas múltiples en la nariz, órbita del ojo, dedos de las manos, brazo izquierdo, costillas, hematomas y traumas musculares debido a la golpiza.
Mientras se hallaba en el Hospital Vozandes, inesperadamente llegó un cabo de la Policía Nacional al lugar, haciendo varias preguntas a los familiares en torno al caso. Extrañamente, minutos después llegaron dos uniformados más, Oficiales de la Policía Nacional, uno de ellos se identificó como Teniente Alomía, que indicaron estar “indagando el caso”. Ante la protesta de los familiares, mencionaron que el pastor tenía derecho a demandar a los autores, pero que no lo hicieran públicamente sino a través del Departamento de Asuntos Internos de la Policía, para evitar un escándalo.
Por la situación económica de la víctima, el pastor Moreira tuvo que ser trasladado al hospital público “Pablo Arturo Suárez” donde recibió atención y guardó internamiento por varios días, debiendo ser intervenido quirúrgicamente en el rostro por la rotura de huesos debido a la puntapié recibido. Esta operación se debió realizar en el hospital Vozandes, debido al paro médico de actividades en los centros de salud pública y, por ende, en el Hosp. “Pablo Arturo Suárez”.
Sin embargo de lo aquí relatado, curiosa y extrañamente, dos días después de ocurrida la agresión, esto es el día 19 de enero del 2004, la Comandancia General de la Policía Nacional emitió un boletín de prensa publicado por varios medios de comunicación reportando este caso de agresión pero citando de manera inaudita que “fue agredido por dos policías metropolitanos”, en el afán de evadir responsabilidades y de que la denuncia no recayera en los miembros de la Policía Nacional, al ser advertidos de aquella acción por los familiares durante la visita de aquellos al hospital.
Es decir que no solamente se trató de un caso de detención arbitraria, de graves abusos físicos, agresiones verbales y tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos contra un ciudadano al que se le humilló, irrespetó su credo religioso y vejó su honra personal, sino que la Comandancia General, intentando proteger a los uniformados agresores, procedió a emitir un boletín de prensa llamando a engaño a los medios de comunicación.
La APDH, la víctima, sus familiares y congregación religiosa reclamamos la investigación independiente del caso, el juzgamiento en cortes comunes pues no se trató de un ilícito que pudiera ser amparado por el fuero policial, la sanción a los autores de la detención ilegal, policías metropolitanos y de la agresión física, policías nacionales, así como a sus encubridores: los autores de la nota de prensa publicada en varios medios de comunicación.
Alexis Ponce
VOCERO APDH