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Vicisitudes de la renegociación de la deuda externa del sector público de México
Roberto Gutiérrez R.1


Introducción
 

Desde agosto de 1982, fecha en que México declaró una moratoria unilateral de tres meses en el pago de su deuda externa a la comunidad financiera internacional, hasta bien entrado 1987, la economía del país ha tenido un comportamiento decepcionante. En gran medida éste ha sido similar al de una nación en guerra o severamente afectada por un cataclismo. Parcialmente ello se justifica, ya que la guerra, si bien no bélica, sí ha existido en los terrenos financiero y comercial, como lo evidencian por una parte el doloroso sangrado de divisas en que ha incurrido el país ante su determinación de servir puntualmente la deuda externa, y por otra la dramática pérdida de divisas debido a la reducción de precios y cantidades vendidas de sus principales productos de exportación. Asimismo, el cataclismo tiene un símil con la realidad si se considera el terremoto del 19 de septiembre de 1985 que, de acuerdo con cálculos preliminares de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), causó daños a la economía por 4,100 millones de dólares (alrededor del tres por ciento del producto interno bruto, PIE, de aquel año), independientemente por supuesto de la gran pérdida de vidas humanas.2

Sin embargo, el pleno reconocimiento de estos factores exógenos parece no justificar cabalmente las privaciones de las sociedades en su conjunto, y particularmente de los estratos económicamente más vulnerables, a partir de 1982. Es triste a todas luces observar que el producto, las exportaciones y la planta industrial se encontraban en diciembre de 1986 en niveles inferiores a los que tenían en 1981, reduciéndose así las fuentes de empleo y el ingreso per cápita, frente a una población económicamente activa que crece a una tasa promedio anual superior al 3 por ciento. De allí que, por lo menos para el caso de México, se evidencie la formación de la CEPAL de que los ochenta son una década perdida para el desarrollo. Los hechos anteriores conducen a cualquier observador medianamente sensato a apreciar, luego de revisar el paquete de política económica que ha seguido el país, que las características de dicho paquete y la conducción de la política económica independientemente de una u otra administración, han dependido de dos convenios firmados a partir de 1982 con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y de tres acuerdos de reestructuración de la deuda externa del sector público alcanzados con la comunidad financiera internacional. Cómo se dieron éstos, qué situación los precedió y cuáles son sus aciertos y limitaciones, particularmente del más reciente, como solución al problema de la deuda externa, constituyen los tres puntos medulares del presente trabajo. En él se evidenciará que las políticas de corte ortodoxo no han funcionado en México....-como tampoco lo han hecho en el resto de países de América Latina- de tal forma que el rechaza al FMI, evidente ya en varios países de la región, latente en otros, y materializado en rompimientos escandalosos en dos más, Perú y Brasil, entre mediados de 1986 y principios de 1987, bien podría extenderse a toda América Latina y desembocar en una moratoria en algunos casos técnica o involuntaria (como sucedió con Ecuador en marzo de 1987, a raíz de los estragos causados a su planta petrolera por los sismos), en otros voluntaria o intencional, pero para todos fines prácticos más o menos global y sincronizada.

El papel de México en este sentido es crucial, ya que es responsable de más de la décima parte del saldo de la deuda externa de los países del Tercer Mundo (ligeramente superior a un billón de dólares) y de más de la cuarta parte de la América Latina (cercana a 400 millones de dólares). Un desacuerdo con el FMI y la banca privada internacional podría conducir le a secundar la posición adoptada por Brasil a principios de 1987 y con ello realmente poner en jaque a la comunidad financiera mundial. Con los dos países más endeudados del mundo en desarrollo siguiendo políticas heterodoxas, el así llamado por los politólogos "efecto dominio" podría provocar que Argentina, Venezuela, Nigeria, Indonesia, Filipinas y el resto de países más endeudados siguieran una conducta similar, lo que sería catastrófico para la comunidad financiera internacional.

Esta incertidumbre sugiere que en cierta medida los avatares de la crisis económica podrían estar reforzando la capacidad de negociación de los países deudores. Un primer punto de defensa de sus intereses será no incurrir en el falso espejismo de los acuerdos prolongados y la renegociación recurrente de sus débitos con el FMI y la banca privada internacional. El estudio del caso de México servirá para evidenciar que ésta no es la garantía de una solución definitiva, y que más bien lo que se requiere es profundizar en los esquemas que desde muchos años atrás se habían planteado (Concenso de Cartagena) y que se han enriquecido, basados en el diálogo permanente acreedores -deudores y en la aceptación por parte de la banca internacional de que el problema supera con mucho el ámbito de los estrictamente financiero.


1 De la Unidad Xochimilco. El autor se benefició ampliamente discutiendo este trabajo en un seminario sobre economía mexicana del Centro de Estudios de Desarrollo Económico de México (CEDEMI de la Facultad de Economía. UNAM. Ello por supuesto no modifica su responsabilidad sobre el resultado final.
2 CEPAL, "Damage caused by the earthquake and its repercutions upont the country's economys", Naciones Unidas, México, octubre de 1985. p. 19.

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