Conflicto entre comunidades rurales y empresas mineras son dolor
de cabeza para gobierno
por Bárbara J. Frasier
La históricamente difícil relación entre las empresas mineras
y las comunidades agrícolas en este país andino ha empeorado en
los últimos meses, con residentes convocando a huelgas y bloqueando
carreteras para protestar contra la contaminación ambiental.
Pero el ministro de Energía y Minas, Jaime Quijandría, ha
dejado en claro que el gobierno del nuevo presidente Alejandro
Toledo no permitirá la interrupción de las activbidades
económicas por los enfadados vecinos de las explotaciones mineras.
"No existe fundamento para interrumpir las vías de
tránsito", dijo Quijandría, agregando que el gobierno no
tolerará bloqueos de carreteras, empleados en los últimos meses
para llamar la atención sobre sus protestas contra las empresas
mineras en los departamentos de Cajamarca, Piura y Áncash.
La abundancia de trabajo prehispánicos en metal son testimonio
de las ricas reservas minerales del Perú. Se estima que este país
andino tiene 16% de las reservas mundiales de plata, 15% de cobre y
7% de zinc.
La minería constituye 45,9% de los ingresos por exportaciones
del Perú y 17,1% de la inversión extranjera directa que se
cuadruplicó durante la pasada década, de unos US$ 420 millones en
1990, a $1,67 millardos en diciembre pasado. Las principales
inversiones provienen de Gran Bretaña, con 35,7%, EEUU, con 30,62 y
Canadá con 15%.
"Las empresas deben establecer relaciones de buena vecindad
con la comunidad y sus líderes", sostuvo Quijandría.
"Creo que ese aspecto ha sido descuidado en algunos
casos".
El norteño departamento de Piura, donde la empresa canadiense
Manhattan Mining Co. está tratando de reubicar parte de la
localidad de Tambogrande para construir una mina de tajo abierto, es
escena de una emblemática batalla entre
comunidades y empresas mineras. El líder campesino local,
Godofredo García, fue asesinado el 31 de marzo por asaltantes
desconocidos, y otros dirigentes comunales y sus familias han sido
amenazados, aunque la empresa niega estar involucrada.
La Iglesia Católica ha dejado su rol de mediadora, y el
arzobispo de Piura, Mons. Óscar Cantuarias Pastor, dijo que la
posición de la Iglesia es "no a la explotación minera".
El prelado demandó un referéndum sobre si se debería permitir a
la empresa seguir operando.
Quijandría
argumentó que aunque los residentes votaran en contra del
proyecto minero en un referéndum, "el Estado puede hacer
muy poco porque el financiamiento viene de la empresa
privada"
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"Las comunidades afectadas por la minería... tienen derecho
a rechazar cualquier propuesta que afecte sus derechos humanos. Debe
haber un proceso participativo para construir y mantener las
economías sustentables en todos los niveles como alternativas a los
actuales modelos de ‘desarrollo’, incluyendo modelos de
explotación minera", sostuvieron Cantuarias y más de 65
congregaciones y autoridades religiosas de la arquidiócesis en una
carta publicada el 23 de julio en los diarios nacionales.
Quijandría argumentó que aunque los residentes votaran en
contra del proyecto minero en un referéndum, "el Estado puede
hacer muy poco porque el financiamiento viene de la empresa
privada".
El principal objetivo de las protestas es Antamina Mining Co.,
cuya mina de cobre y zinc de $2,3 millardos, ubicada en el
departamento de Áncash, traslada por tuberías mineral mezclado con
agua 232 km hasta la localidad portuaria de Huarmey. En junio,
residentes bloquearon el tránsito en la carretera Panamericana
durante dos días en protesta por el proyecto.
Quijandría considera que las protestas se deben a la falta de
información y aseguró que la mina no representa "ningún
riesgo". Carlos Herrera, su predecesor en el gobierno de
transición del ex presidente Valentín Paniagua (2000-01),
advirtió que una huelga podría ahuyentar futuras inversiones. El
gobierno actual espera atraer $ 10 millardos en inversiones mineras
en los próximos 10 años.
La contaminación de la minería afecta a varios cientos de
comunidades. Muestras tomadas en La Oroya, al este de Lima,
indicaron que los niveles de plomo en la sangre de niños de entre 2
y 10 años eran tres veces el máximo recomendado por la
Organización Mundial de la Salud.
Residentes de comunidades cercanas al lago Chinchaycocha, en el
céntrico departamento de Junín, están protestando por la
contaminación de los humedales por desechos mineros ácidos y
metales pesados, que ha puesto en peligro la sobrevivencia de unas
40 especies de aves acuáticas.
Quijandría rechazó las acusaciones de que el gobierno tiende a
favorecer a las empresas, al decir que las evaluaciones de impacto
ambiental son realizadas por consultores. Sin embargo, los críticos
afirman que esos consultores son pagados por las empresas.
El ministro admitió, sin embargo, que se necesita un monitoreo
más riguroso para asegurar que las empresas cumplan con las
regulaciones ambientales y recuperación de tierras. También
aceptó que la negligencia gubernamental respecto a las zonas
rurales ha incrementado las frustraciones de las poblaciones
locales.
"Creo que el Estado se ha retirado de muchas
localidades", dijo Quijandría, agregando que aparte de
distribuir las ganancias de la minería con los gobiernos locales,
el gobierno debe aumentar el gasto social en el interior del país.
En algunas comunidades, las noticias han sido más alentadoras.
En el central departamento de Huancavelica, la Empresa Minera
Buenaventura aceptó recanalizar los desechos ácidos afuera del
río Ucañan, la principal fuente de agua de las comunidades
campesinas locales.
Y en febrero, el gobierno transitorio anunció que la Empresa
Minera Lizandro Proaño debía dejar de descargar residuos mineros
en la comunidad de Mayoc, cerca de San Mateo, a unas dos horas al
este de Lima, luego que informes médicos mostraron peligrosos
niveles de plomo y otros metales en la sangre de la población.
Todavía está por verse si la compañía, que ha cambiado de
dueños, tendrá que remover los 150.000 TM de residuos tóxicos
depositados allí.
Otros, sin embargo, todavía están esperando. Luisa Elsa
Martínez vive el norteño departamento de Cajamarca, done un
camión que trasladaba de la mina
Yanacocha hacia Lima derramó mercurio a lo largo de 27 km el 2
de junio del 2000. Residentes de varias comunidades sufrieron
envenenamiento por mercurio cuando manipularon el metal.
Martínez dijo que su hija de 16 años, que fue una de las
primeras en tocar el mercurio y sintió los efecto, sufre todavía
de pérdida de la memoría, desmayos y erupciones.
"Me preocupa bastante", dijo, "pero acá en el
Perú no hay a quién quejarnos".
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