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ACTUALIZADO: 09.21.2001 23:58:07 -0500

UN AÑO CUBRIENDO EL CASO TAMBOGRANDE.

Análisis

Guerra contra minas

Conflicto entre comunidades rurales y empresas mineras son dolor de cabeza para gobierno

por Bárbara J. Frasier

La históricamente difícil relación entre las empresas mineras y las comunidades agrícolas en este país andino ha empeorado en los últimos meses, con residentes convocando a huelgas y bloqueando carreteras para protestar contra la contaminación ambiental.

Pero el ministro de Energía y Minas, Jaime Quijandría, ha dejado en claro que el gobierno del nuevo presidente Alejandro Toledo no permitirá la interrupción de las activbidades económicas por los enfadados vecinos de las explotaciones mineras.

"No existe fundamento para interrumpir las vías de tránsito", dijo Quijandría, agregando que el gobierno no tolerará bloqueos de carreteras, empleados en los últimos meses para llamar la atención sobre sus protestas contra las empresas mineras en los departamentos de Cajamarca, Piura y Áncash.

La abundancia de trabajo prehispánicos en metal son testimonio de las ricas reservas minerales del Perú. Se estima que este país andino tiene 16% de las reservas mundiales de plata, 15% de cobre y 7% de zinc.

La minería constituye 45,9% de los ingresos por exportaciones del Perú y 17,1% de la inversión extranjera directa que se cuadruplicó durante la pasada década, de unos US$ 420 millones en 1990, a $1,67 millardos en diciembre pasado. Las principales inversiones provienen de Gran Bretaña, con 35,7%, EEUU, con 30,62 y Canadá con 15%.

"Las empresas deben establecer relaciones de buena vecindad con la comunidad y sus líderes", sostuvo Quijandría. "Creo que ese aspecto ha sido descuidado en algunos casos".

El norteño departamento de Piura, donde la empresa canadiense Manhattan Mining Co. está tratando de reubicar parte de la localidad de Tambogrande para construir una mina de tajo abierto, es escena de una emblemática batalla entre comunidades y empresas mineras. El líder campesino local, Godofredo García, fue asesinado el 31 de marzo por asaltantes desconocidos, y otros dirigentes comunales y sus familias han sido amenazados, aunque la empresa niega estar involucrada.

La Iglesia Católica ha dejado su rol de mediadora, y el arzobispo de Piura, Mons. Óscar Cantuarias Pastor, dijo que la posición de la Iglesia es "no a la explotación minera". El prelado demandó un referéndum sobre si se debería permitir a la empresa seguir operando.

Quijandría argumentó que aunque los residentes votaran en contra del proyecto minero en un referéndum, "el Estado puede hacer muy poco porque el financiamiento viene de la empresa privada"

"Las comunidades afectadas por la minería... tienen derecho a rechazar cualquier propuesta que afecte sus derechos humanos. Debe haber un proceso participativo para construir y mantener las economías sustentables en todos los niveles como alternativas a los actuales modelos de ‘desarrollo’, incluyendo modelos de explotación minera", sostuvieron Cantuarias y más de 65 congregaciones y autoridades religiosas de la arquidiócesis en una carta publicada el 23 de julio en los diarios nacionales.

Quijandría argumentó que aunque los residentes votaran en contra del proyecto minero en un referéndum, "el Estado puede hacer muy poco porque el financiamiento viene de la empresa privada".

El principal objetivo de las protestas es Antamina Mining Co., cuya mina de cobre y zinc de $2,3 millardos, ubicada en el departamento de Áncash, traslada por tuberías mineral mezclado con agua 232 km hasta la localidad portuaria de Huarmey. En junio, residentes bloquearon el tránsito en la carretera Panamericana durante dos días en protesta por el proyecto.

Quijandría considera que las protestas se deben a la falta de información y aseguró que la mina no representa "ningún riesgo". Carlos Herrera, su predecesor en el gobierno de transición del ex presidente Valentín Paniagua (2000-01), advirtió que una huelga podría ahuyentar futuras inversiones. El gobierno actual espera atraer $ 10 millardos en inversiones mineras en los próximos 10 años.

La contaminación de la minería afecta a varios cientos de comunidades. Muestras tomadas en La Oroya, al este de Lima, indicaron que los niveles de plomo en la sangre de niños de entre 2 y 10 años eran tres veces el máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

Residentes de comunidades cercanas al lago Chinchaycocha, en el céntrico departamento de Junín, están protestando por la contaminación de los humedales por desechos mineros ácidos y metales pesados, que ha puesto en peligro la sobrevivencia de unas 40 especies de aves acuáticas.

Quijandría rechazó las acusaciones de que el gobierno tiende a favorecer a las empresas, al decir que las evaluaciones de impacto ambiental son realizadas por consultores. Sin embargo, los críticos afirman que esos consultores son pagados por las empresas.

El ministro admitió, sin embargo, que se necesita un monitoreo más riguroso para asegurar que las empresas cumplan con las regulaciones ambientales y recuperación de tierras. También aceptó que la negligencia gubernamental respecto a las zonas rurales ha incrementado las frustraciones de las poblaciones locales.

"Creo que el Estado se ha retirado de muchas localidades", dijo Quijandría, agregando que aparte de distribuir las ganancias de la minería con los gobiernos locales, el gobierno debe aumentar el gasto social en el interior del país.

En algunas comunidades, las noticias han sido más alentadoras. En el central departamento de Huancavelica, la Empresa Minera Buenaventura aceptó recanalizar los desechos ácidos afuera del río Ucañan, la principal fuente de agua de las comunidades campesinas locales.

Y en febrero, el gobierno transitorio anunció que la Empresa Minera Lizandro Proaño debía dejar de descargar residuos mineros en la comunidad de Mayoc, cerca de San Mateo, a unas dos horas al este de Lima, luego que informes médicos mostraron peligrosos niveles de plomo y otros metales en la sangre de la población. Todavía está por verse si la compañía, que ha cambiado de dueños, tendrá que remover los 150.000 TM de residuos tóxicos depositados allí.

Otros, sin embargo, todavía están esperando. Luisa Elsa Martínez vive el norteño departamento de Cajamarca, done un camión que trasladaba de la mina Yanacocha hacia Lima derramó mercurio a lo largo de 27 km el 2 de junio del 2000. Residentes de varias comunidades sufrieron envenenamiento por mercurio cuando manipularon el metal.

Martínez dijo que su hija de 16 años, que fue una de las primeras en tocar el mercurio y sintió los efecto, sufre todavía de pérdida de la memoría, desmayos y erupciones.

"Me preocupa bastante", dijo, "pero acá en el Perú no hay a quién quejarnos".

Regrese a nuestro especial de primer año de cobertura

Bárbara J. Fraser es escritora independiente radicada en Lima. Esta es una transcripción del artículo que público en "Noticias Aliadas" del 20 de setiembre pasado. ©2001 Noticias Aliadas.

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