Actualizado el lunes, 12 de mayo de 2003 12:22:20 -0500

 

Corto circuito

 

Manhattan ya se está beneficiando de ciertas licencias, en perjuicio de la población peruana, incluso antes de que saque un solo gramo de tierra de Tambogrande. Pero el verdadero ganador podría ser Buenaventura.

 

Redacción factortierra

 

 

Es mentira que el proyecto minero en Tambogrande traiga prosperidad a la región Piura. Al contrario, incrementará las cuentas de electricidad de casi 3,5 millones de usuarios del servicio electrico a escala nacional.

 

Una resolución del gobierno mediante Osinerg (sitio web), la agencia especializada en supervisar (¿?) las inversiones eléctricas en Perú, establece que desde este mes y hasta noviembre, la tarifa en barra de la energía eléctrica debe incrementarse en 2,2 por ciento.

 

Las causantes de este perjuicio al bolsillo de los peruanos son nada menos que los proyectos mineros Tambo Grande, de propiedad de Manhattan Minerals (sitio web), y La Zanja, de la no menos famosa Buenaventura (sitio web).

 

Una entrevista de Margarita Rosa Vega de El Tiempo (sitio web) al congresista Johny Peralta deja entrever que el incremento responde a una posible aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la empresa minera. El punto es que el incremento se ha realizado incluso antes de la aprobación y de las operaciones.

 

¿Otro Quellaveco?

De aceptarse la demanda de energía del Proyecto Minero Tambo Grande, afectaría económicamente a los 3,5 millones de usuarios por el incremento de las tarifas eléctricas que se estarían cobrando con anticipación al inicio del proyecto, aún incluso antes de haberse aprobado oficialmente el EIA, salvo que esta carta esté debajo de la mesa.

Esta misma situación pasaron los 3,5 millones de usuarios durante cinco años, al incluirse siempre el proyecto minero de Quellaveco, el mismo que se ha retirado recién este año. ¿Cuánto generaron las empresas generadoras de energía con este proyecto ficticio? Tendría que hacerse una seria investigación y solicitar la devolución de ese incremento.

(Margarita Rosa Vega)

Manhattan anunció que necesitará entre 15 a 16,5 megawatts entre el primer trimestre de 2004  y finales de 2007, y entre 35 a 40 megawatts entre el primer trimestre de 2008 y fines de 2015, aunque esto último aún no se ha confirmado.

 

“No es posible que se engañe a las instituciones y representantes llevándolos a participar en reuniones para tratar un tema que aparentemente ya está resuelto”, le dijo Peralta a Margarita Vega.

 

Y es que según el congresista, “el proceso del proyecto minero, desde su inicio, está plagado de informalidades”. De hecho, no sólo hay eso sino expresas torceduras legales para favorecer a Manhattan... o a quien venga detrás de ella.

 

El reloj del MEM

 

Ante los ojos de un profano, técnicamente todos los plazos siguen el curso legal (ver gráfico al inicio). Pero como las apariencias engañan, la Mesa Técnica de Apoyo a Tambogrande decidió ver qué había entre líneas.

 

Como se sabe, Manhattan presenta su EIA el 9 de diciembre de 2002. desde ese momento corren 120 días calendario para que el Ministerio de Energía y Minas (MEM, sitio web) lo revise, antes de la realización de los talleres que manda la ley para que la población conozca y presente observaciones al proyecto, si las hubiera.

 

Es necesario recordar que en Perú, la aprobación de los EIA, y en consecuencia la luz verde para la ejecución de los proyectos mineros, es otorgada por la Dirección Nacional de Minería. Los talleres y audiencias son meros formalismos de participación ciudadana, pues allí no se decide nada, sólo se informa.

 

El plazo debió vencerse la primera semana de abril, pero a sólo 28 días de iniciado el proceso, el 7 de enero pasado, el MEM suspendió el plazo debido a que el EIA estaba incompleto y tenía partes escritas en inglés, cuando el íntegro debía estar en español.

 

Aparentemente, se actuó como es debido. De hecho la Mesa Técnica sostiene que hasta allí todo iría sobre ruedas.

 

El 22 de abril pasado, se reanudó la cuenta regresiva. Casi al mismo tiempo, fuentes de la Mesa informaron que Manhattan tenía pensado realizar diez talleres de información, y casi cerca, el 2 de mayo pasado, se realizó la frustrada mesa de diálogo en Piura y Tambogrande.

 

Ahora, el Frente de Defensa del Valle de San Lorenzo y Tambogrande (sitio web) piensa que el hecho que la reunión no se haya dado, era lo mejor.

 

Lo que se viene

 

El 24 de julio próximo el MEM debe emitir la resolución que apruebe o desapruebe el EIA. Recuerde que no existen registros de EIA de proyectos mineros metálicos desaprobados. Si la oficina no se pronunciara, se da por sentada la aprobación debido a un procedimiento llamado “silencio administrativo positivo”.

 

Éste consiste en solicitar a una dependencia gubernamental alguna acción en particular. La dependencia está obligada a responder en un plazo de 30 días calendario. Si en ese lapso no se hubiera emitido ninguna resolución se asume que ésta se aprobó.

 

Los abogados de la Mesa Técnica, en la ciudad de Lima, dicen que ya están realizando gestiones para anular esa aprobación, pues sospechan que el MEM se aprovechará de esta ‘solución’ legal. Esa actitud podría perjudicar a Manhattan por varios vacíos y vicios legales en el proceso.

 

La Mesa ya había presentado un Recurso de Apelación cuando se observó los errores del  EIA de Manhattan en enero (y aún lo siguen revisando), y el MEM les respondió negativamente. Ahora están intentando cortarle paso al documento mediante Procesos Administrativos.

 

A pesar de todo, en sólo dos semanas ya deben aparecer los primeros anuncios de convocatoria a las audiencias públicas, y el 4 de julio debe realizarse la primera. La ley no establece cuántas pueden ser. Otro detalle es que para entonces, técnicamente, el EIA todavía no estará aprobado o desaprobado.

 

De allí, hasta el 19 de julio habrá plazo para presentar las observaciones al EIA, que es lo único que hará la población aparte de sentarse a escuchar y opinar. No hay poder de decisión. La empresa minera tiene treinta días para responder a las observaciones, siendo el plazo final el 20 de octubre.

 

El 19 de noviembre, el MEM tendrá la última palabra.

 

“Manhattan se juega la vida”

 

Piensa mal y acertarás, parece decir Juan Aste, del Grupo de Estudios Económicos ECO, también parte de la Mesa.

 

Él sospecha que el aparente interés de la Defensoría del Pueblo (sitio web) por el caso de las firmas presuntamente falsificadas por la Coordinadora para el Desarrollo de Tambogrande, se debe a la necesidad de crear un escenario de estabilidad política, pues el objetivo es realizar las audiencias y los talleres en el mismo Tambogrande.

 

“Manhattan se juega la vida en Tambogrande”, dice Aste. Por eso, el tema de las firmas lo estarían manejando con pinzas, pues si esto llegara a oídos de sus accionistas en Toronto, la corrida financiera en contra de la empresa sería un hecho.

 

Por ahora, la empresa goza de relativa buena salud, pero un desplome en el valor de sus acciones la destruiría desde las bases. Fuentes de factortierra cercanas a la empresa sugieren que la orden es que la Coordinadora ya no diga nada sobre las firmas, por temor a que esto salga a la luz y termine perjudicando a la empresa.

 

Mas bien, la estrategia parece ser seguir inundando de panfletos llenos de chismes en Tambogrande, y hacer pelear a todo el mundo a través de ciertos dirigentes políticos, con tal de que el tema de las firmas quede en segundo plano.

 

Adicionalmente, según Juan Aste, la Sociedad Nacional de Minería está realizando lobbies con el Gobierno para incrementar el Canon Minero a los gobiernos regionales y locales, con la finalidad de ganar amigos a la hora de obtener respaldos.

 

Aste y la Mesa Técnica piensan que aquí el problema no es Manhattan (“Buenaventura es la actúa detrás de Manhattan”, dice) sino el Gobierno que necesita pegarse a las empresas mineras para crecer y tener caja. El perjuicio ya no sólo es para Tambogrande: se extiende a todo el departamento de Piura.

 

“Buenaventura se consolida en los páramos de Ayabaca, y el Gobierno quiere aprobar el proyecto sí o sí; a la larga, el Gobierno le daría el proyecto a Buenaventura”, sostiene, lo que de ser correcto, implicaría que al menos la tercera parte de la superficie departamental (estimada en unos 27 mil metros cuadrados) estaría bajo dominio de esa empresa minera.

 

“El Gobierno irá con todo a la aprobación”, asevera.

 

Tan pobres como siempre

 

“De lo que sí estoy seguro es que se están forzando los procedimientos, cambiando las leyes y las normas”, sostuvo Johny Peralta en la entrevista hecha por Margarita Rosa Vega de El Tiempo. Él piensa que se está pensando en atraer a la inversión extranjera sin tomar en cuenta la estabilidad jurídica social.

 

El 2 de junio de 2002, hace casi un año, la población de Tambogrande acudió voluntaria y mayoritariamente a las urnas para decir que no deseaban el modelo de desarrollo minero. Pero el Gobierno no ha querido reconocer ni mucho menos vincular el resultado al proceso. Nueve por cada diez dijeron NO a la Minería.

 

De la misma manera, el Gobierno pretende hacer y deshacer sin tener en cuenta la voluntad de la gente.

 

“Lo que ahora me queda claro es que después de tantas toneladas de minerales que han salido del país seguimos tan pobres y endeudados como antes”, dice el congresista Peralta.

 

Con informaciones del diario El Tiempo de Piura y El Heraldo Verde en Tambogrande.

 

©2003 factortierra, una división NPC, excepto la cita de Margarita Rosa Vega que es ©2003 Diario El Tiempo S.A.C.

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