Seis meses después de haberse alcanzado un acuerdo trienal con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno debió renegociar las metas fiscales para todo el período. El principal objetivo del nuevo acuerdo es aumentar la pauta del déficit para el año 2000, que pasa de U$S 4.700 a U$S 5.300 millones. En tanto, el déficit para 2001 ascenderá a U$S 4.100 millones (antes se preveían U$S 2800 millones) y para 2002 a U$S 2.400 millones (contra U$S 600 millones). Todas estas pautas se enmarcan en los límites que impone la Ley de Responsabilidad Fiscal que, conforme a estimaciones oficiales (tanto de recursos y gastos cuanto de crecimiento nominal de la economía), alcanzarían a: $ 6064 millones en el año en curso, $ 4222 millones en 2001, $ 3148 millones en 2002, para alcanzar el equilibrio en 2003.

Otros elementos incorporados al acuerdo incluyen:

La meta indicativa para el déficit provincial pasó de $ 2200 millones a $ 2900 millones este año.

Se incrementará la relación entre la deuda pública y el PBI debido a la consolidación de deudas impuestas por fallos judiciales.

Se espera recaudar U$S 400 millones por la venta de acciones remanentes de acciones privatizadas y de bienes inmuebles.

El Banco Central mantendrá en alrededor del 35% la cobertura de los depósitos bancarios del sector privado con activos externos líquidos.

Se tiene previsto eliminar a fin de año la sobretasa del 3% aplicable al arancel externo común del Mercosur.

Se implementarán nuevas reformas estructurales, se establecerá un nuevo sistema de coparticipación de ingresos con las provincias y se hará una reforma administrativa del Sector Público Nacional.

Se promoverá la inversión privada en infraestructura y se implementarán políticas de fomento de las PyMEs.

Se promoverá un mayor nivel de competencia en la economía, incluso mediante una mayor apertura comercial.

Se modernizarán los mercados financieros internos.

Conforme a lo ocurrido en el período enero-agosto (ver infra), teniendo en cuenta la evolución probable del último cuatrimestre del año y acudiendo a algún mecanismo de ingeniería financiera (descuento de documentos de la moratoria, nuevo canje de deuda, alargamiento del plazo de devolución de las inversiones, mayores libramientos impagos), es probable que las nuevas metas sean alcanzadas.

De acuerdo con la legislación vigente, el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional para el año 2001 fue enviado al Congreso en el transcurso del mes de septiembre. Valen algunos comentarios sobre su viabilidad.

Proyecciones macroeconó-micas: A este respecto deben comentarse dos cuestiones. En primer lugar, es altamente improbable que la economía argentina crezca 2% (real) durante el año en curso, de modo que se parte de una estimación de recaudación para el año 2000 que probablemente no sea alcanzada (faltarían unos $ 500/550 millones), lo que haría más difícil lograr el objetivo recaudatorio incluido en el Proyecto para el próximo período. En segundo término, conforme a la evolución macroeconómica de la Argentina en el último año y medio, también aparece como poco probable la pauta de crecimiento prevista para 2001 (3.7% real, 4.5% nominal), de modo que este es un elemento adicional que juega en contra de lograr los recursos allí pautados.

Reducción del gasto público: En vistas de que el pago de intereses de la deuda pública está previsto se incremente en unos $ 1620 millones y teniendo en cuenta la evolución (oficial) esperada para la recaudación y los ingresos no tributarios (crecimiento de $ 2114 millones), la disminución del déficit implica una reducción del gasto primario de $ 700 millones. En realidad, la reducción es mayor teniendo en cuenta que hay partidas de gasto que se incrementan: para cumplir con el Compromiso Fiscal Federal ($ 350 millones), para la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda ($ 50 millones), transferencias a los partidos políticos por el sufragio nacional ($ 100 millones), mayores transferencias a universidades nacionales, entre las más importantes. Así, la reducción de erogaciones significa, además de continuar con el esquema de quita salarial dispuesto en el pasado mes de mayo, disminuir en un 60% las transferencias a los productores tabacaleros en concepto de Fondo Especial del Tabaco (FET), podar la mitad del subsidio al consumo de gas natural en la región patagónica, reducir en $ 45 millones las transferencias discrecionales a la provincia de La Rioja, eliminar las partidas para el otorgamiento de pensiones graciables.

Conflictividad de los recortes: Tal como surge del breve listado anterior, las áreas donde se recortan las erogaciones son sostenidas por fuertes intereses regionales y sectoriales. De este modo, aún cuando se reduzca el impuesto sobre el endeudamiento empresario -como está previsto, desde el 15% hasta alcanzar el 12% a fines del próximo año- para facilitar las negociaciones, es altamente probable que éstas se extiendan por un largo período.

Un elemento adicional: La relación Nación-Provincias se sustenta, en la actualidad, en un acuerdo cuya vigencia concluye a fines del año próximo. Conforme a este compromiso, a lo largo de 2001 la Nación deberá transferir a los estados provinciales un mínimo de $ 1364 millones mensuales o el promedio de lo transferido en el trienio 1998-2000. De no lograrse un nuevo acuerdo -o una nueva Ley de Coparticipación Federal- en el próximo ejercicio, los giros a las provincias implicarán un muy fuerte incremento de las erogaciones en el año 2001, lo que tornará imprescindible la realización de nuevos recortes, además de generar fuerte incertidumbre -y con ello aumento de la prima de riesgo-país- sobre el comportamiento futuro de las finanzas públicas.

En síntesis, se requiere una inequívoca decisión política en orden a racionalizar la Administración Pública Nacional, despejando con ello buena parte de las dudas que genera la sostenibilidad fiscal de la Argentina.

En el mes de agosto, la recaudación tributaria nacional totalizó $ 4209 millones, mostrando un incremento del 5.5% con relación a agosto de 1999. Si los ingresos se corrigen por la inflación interanual medida a través de un índice de precios combinados, el crecimiento alcanza al 3.8%. Por su parte, los ingresos por moratoria totalizaron $ 180 millones, en tanto en agosto de 1999 habían ascendido a $ 50 millones. De este modo, si se realiza la comparación neta de estos recursos, todavía se tiene un incremento que, medido a precios corrientes, alcanza al 2.3%.

Sin embargo, la comparación con las cifras mensualizadas de la meta de recaudación contenida en el acuerdo con el FMI (antes de contabilizar los ingresos provenientes del Fondo Especial del Tabaco, del Fondo de Energía Eléctrica, pasajes aéreos, parques nacionales, parte de las asignaciones familiares, etc.), muestra, una vez más, un nuevo defecto de recursos, que alcanza a los $390 millones o al 8.5% de la recaudación esperada. En lo que va del año, entonces, el faltante de recursos tributarios con relación a la recaudación proyectada en el acuerdo suma $ 1000 millones (2.9% del total acordado para el período).

De todas maneras, si la comparación se realiza en términos de lo ocurrido en los primeros ocho meses de 1999, se verifica un incremento de recursos que, en valores nominales, alcanza al 3.4%, o al 2.1% si se corrigen los ingresos por inflación.

Para evitar confusiones que devienen de la asignación por impuesto de los ingresos por moratoria, es lícito comparar la recaudación de IVA -corregido por días hábiles y devoluciones- con relación a lo recaudado un mes atrás. Este ejercicio arroja una caída del 1.8%. Por otra parte, la comparación interanual del IVA aduana (no incluye valores vinculados con la moratoria) da cuenta de una disminución del 0.3%.

Adicionalmente, la recaudación de impuestos sobre el comercio exterior arroja una nueva caída con relación a un año atrás que alcanza al 11.4%. En sentido contrario, la recaudación por impuestos sobre el gasoil muestra un incremento del 10.1% respecto de agosto '99, aumento que no puede atribuirse a la moratoria impositiva.

En consecuencia, una vez más, como en oportunidades anteriores, aparecen tanto señales auspiciosas cuanto negativas, respecto de la marcha de la economía doméstica, a partir del análisis de la recaudación. Evidentemente, hasta el mes de agosto la mayor parte del incremento recaudatorio registrado con relación a igual período de 1999 obedece a los planes de facilidades de pago, al adelanto de impuestos y a la reforma tributaria de diciembre último.

Al finalizar el octavo mes del año, el Sector Público No Financiero acumuló un superávit primario antes de privatizaciones de $ 2557 millones, cifra que más que duplica la registrada en igual período de 1999.

Excluyendo los ingresos por ventas de activos, el incremento de recursos, en igual período, alcanza al 2.2%, en tanto que los recursos tributarios crecieron un 4.5%.

El gasto primario, por su parte, disminuyó $ 516 millones en lo que va del año. Las contracciones más significativas se produjeron en las partidas de: bienes y servicios (13.2%), salarios (4%) y gastos de capital (11.6%). Contrariamente, los ítem de seguridad social y transferencias corrientes a provincias se incrementaron 0.4% y 1.7%, respectivamente. Al interior de estas últimas debe hacerse un párrafo aparte respecto del Fondo de Incentivo Docente: hasta agosto pasado se transfirieron $ 340 millones, en tanto que en igual período de 1999 dicha suma ascendió a $ 295 millones. Para lo que resta del año por este concepto deberán erogarse $ 330 millones, en tanto en igual período de 1999 sólo fueron transferidos $ 28.5 millones. Esto es, sólo por este concepto se espera un incremento de $ 300 millones en el gasto primario.

El pago de intereses sumó $ 6062 millones en el lapso enero-agosto, aumentando 19.8% respecto de lo ocurrido en igual período de 1999. De esta manera, el déficit global (descontando privatizaciones) acumulado ascendió a $ 3505 millones, situándose 9.1% por debajo del desequilibrio registrado un año atrás. Computando el superávit cuasifiscal del BCRA ($ 166.4 millones), el déficit del Sector Público Nacional -compatible con el concepto contenido en el acuerdo con el FMI- alcanza a $ 3338 millones, cifra que permite un margen de $ 512 millones con respecto a la meta re-programada con el FMI para lo que queda del trimestre. Para el mes de septiembre, el pago de intereses demandará unos $ 850 millones, en tanto deberán erogarse $ 165 millones en concepto de transferencias por el Fondo de Incentivo Docente. De este modo, el superávit primario antes de la citada transferencia deberá ascender a $ 505 millones, cifra similar a la registrada en agosto último.