El Gobierno dispondrá, a través de un plan de ingeniería financiera, que 50% del fondo de asistencia creado por la Ley PYME sea destinado al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que utilizará esos recursos como palanca para financiar inversiones a tasas del orden de 10% anual. La baja del costo de capital surgirá de los Fideicomisos Regionales de Inversión (FRI), que serán administrados por el sector privado, recibirán aportes de organismos internacionales y colocarán títulos entre inversores institucionales.

El Ministerio de Economía lanzó una campaña de ahorre argentino para impulsar a pequeños inversores locales a salir de los plazos fijos y financiar al Estado. La idea es facilitarles la compra de bonos por montos mínimos de $1.000, con la posibilidad de salir en cualquier momento. Los bancos y agentes de bolsa ofrecerán los títulos de 3 a 5 años, que rinden cerca del 10% al 12% anual.

El Banco Nación lanzó la primera línea de préstamos multi-riesgo para el sector agropecuario, que permitirá a los productores ser resarcidos ante desastres climáticos, biológicos o de incendios no intencionales que puedan afectar sus cosechas. La indemnización tendrá como base el monto asegurado, por lo que la suma garantizada será equivalente al monto del préstamo otorgado por el BNA, contabilizando capital más intereses.

El Gobierno extendió la vigencia del arancel adicional y móvil para la importación de azúcar hasta el 31 de diciembre de 2005, a través de la resolución 681 que firmó el Ministro de Economía. De la Rúa firmó el decreto 770, mediante el cual observó que la Ley 25.301, aprobada por el Congreso el 24 de agosto, que había prorrogado indefinidamente dicho arancel no era oportuna.

Los trabajadores en relación de dependencia podrán ejercer de manera directa, ante la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), la opción de permanecer en sistema de público de jubilaciones (reparto). La medida tiende a facilitar la decisión de los trabajadores nuevos que tienen que ejercer la opción, o de aquéllos que no fueron derivados correctamente en el período abierto luego de la reforma de 1994.

El proyecto de Presupuesto 2001 presentado por el Poder Ejecutivo incluye la obligación para todos los ministerios y entes gubernamentales de presentar un plan de reestructuración antes del 30 de abril próximo. En el caso de no cumplir el requisito o de que el programa no sea aprobado a tiempo por la Comisión de Modernización del Estado, habrá penalidades económicas para el área respectiva. Se dispuso un recorte de $700 millones y se incluye un esquema de reforma del Estado con premios y castigos. Las áreas que avancen con el rediseño antes del 30 de abril, podrán disponer de hasta 70% del ahorro que logren. Las morosas, en cambio serán castigadas con un recorte no menor de 10% en las partidas de 2002. La necesidad de disciplinar el aparato estatal está impulsada por la necesidad de financiamiento de U$S 28.991 millones, de los cuales U$S26.201 millones se obtendrán en los mercados. Los intereses insumirán $11.143,1 millones.

Las empresas de medicina prepaga deberán devolver a sus afiliados el importe de IVA que les retuvieron durante enero y febrero de 1998 y recién después podrán reclamar ante la AFIP la devolución de los importes reintegrados. Por esta vía la AFIP cumplirá con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que consideró inconstitucional la aplicación por decreto de la tasa de 21% a esta actividad.