Las cifras de recaudación del mes de agosto resultaron similares a las estimadas por el gobierno -allá por fines del mes de julio- cuando realizaba sus proyecciones de recaudación en base a la hipótesis de caída de la actividad económica para el año del 1.4% (la planteada en la carta de entendimiento con el FMI).

Sin embargo, dicha recaudación contendría ingresos por algo más de $100 millones en concepto de anticipo de impuestos, de los cuales cerca del 60% correspondería al sector financiero y el resto al petrolero. Es de presumir que buena parte de dichos ingresos hayan sido contabilizados en IVA y ganancias.

La comparación interanual y la acumulada a agosto arrojan cifras similares: caídas del 3.4% y 3.3%, respectivamente, volviendo a ubicarlos por encima de los correspondientes a igual mes de 1999.

Los elementos puntuales a tener en cuenta son los siguientes:

Por tanto, la reducción de ingresos en el IVA se ubicaría en torno del 14.5% en lugar del 17.2% que muestran las cifras difundidas por el Ministerio de Economía. Si a ello se suma la incidencia de los planes de competitividad (cuyo monto aún se desconoce, pero que ha sido estimado en torno de los $80 millones), la reducción se ubicaría en el orden del 12%.

En sentido contrario, la caída se agudiza cuando se corrige el menor monto de devoluciones que el registrado un año atrás, alcanzando hasta el 20.6% cuando se considera el total del impuesto efectivamente ingresado al fisco.

Para el próximo mes (y más allá de cuestiones estacionales, como por ejemplo que en septiembre no se pagan anticipos de ganancias), es de esperar, por un lado, mayores ingresos (unos $50 millones) en concepto de impuestos sobre la nómina salarial provenientes de empresas de servicios y menores recursos por la contabilización del pago a cuenta de IVA y ganancias de los mayores ingresos, en agosto, por el ITF.

Al finalizar los primeros ocho meses del año, el Sector Público No Financiero registró un superávit primario de $1371 millones, acumulando una caída del 47% con respecto a igual período de 2000. La parte sustancial de la reducción del superávit es el reflejo de la caída de ingresos.

Volviendo a la comparación del acumulado de los primeros ocho meses del año, se tiene que las reducciones en términos brutos alcanzaron a $428 millones, que se explican: 39% por prestaciones de la seguridad social; 28%, por gastos en personal, 22% por transferencias a provincias, 10% por transferencias no destinadas a provincias y el 1% restante por bienes y servicios no personales. Por otra parte, los incrementos brutos ($98 millones) obedecieron a gasto operativos no discriminados (59%) y a gastos de capital (41%).

El pago de intereses se incrementó un 23.8% en el año (alcanzando un monto de $7503 millones) en comparación con los primeros ocho meses de 2000. Pese al fuerte crecimiento registrado en lo que va de 2001, como consecuencia del megacanje del mes de mayo, al cierre del ejercicio se espera que el pago de intereses sea sólo entre 5 y 6% superior al de un año atrás.

De esta manera, al finalizar los primeros ocho meses del año, el Sector Público No Financiero registró un déficit global (sin privatizaciones) de $6190 millones, superando en un 76%, el monto de igual período de 2000.

Un elemento interesante, aún cuando fuera obtenido con ingresos tributarios abultados (ver ut supra) y reducción de transferencias a provincias, es que en agosto, el Sector Público Nacional logró superávit financiero.

Cumpliendo con la normativa vigente, el PEN envió al Congreso, antes del 15 de septiembre próximo pasado, el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional para el ejercicio 2002.

Sin embargo, contrariamente a lo que ha venido ocurriendo desde hace una década, el mencionado proyecto sólo incluye un cálculo general de recursos y la estimación del total de gastos sin discriminación alguna; esto es, no hay análisis por programas ni por jurisdicción, ni ninguna apertura imprescindible a la hora de realizar y analizar este fundamental instrumento de política económica.

En el proyecto enviado, el total de recursos se estima en base a una hipótesis de crecimiento de la economía de 6% para el próximo año. Es claro que dicha performance tiene una bajísima -si no nula- probabilidad de ocurrencia; más esperable -y éste es tal vez el mejor de los escenarios disponibles- es que la Argentina se mantenga estancada en 2002, luego de una fuerte contracción en 2001.

Por otra parte, el mismo proyecto no contempla la continuidad del recorte autorizado por Ley para el logro del Déficit Cero, sino, exclusivamente, el tope a las retribuciones de los funcionarios, que no puede superar los $5800 al mes.

Al mismo tiempo, el canje de títulos de la deuda pública significará, según la estimación oficial, algo más de $2700 millones de reducción de erogaciones en concepto de intereses.

Hasta aquí los hechos. El análisis indica que, con crecimiento nulo y sin cambios en la política tributaria, la reducción de erogaciones deberá, como mínimo, ajustarse a la cláusula de equilibrio presupuestario -que al 13% de quita implica unos $3000 millones al año-, además de incluir el recorte ya concebido en el proyecto. Ello siempre y cuando se cumpla con el objetivo de reducir el pago de intereses en la magnitud que se plantea desde el Ministerio de Economía.

Este, como se mencionaba más arriba, es el mejor de los escenarios explotables. No existe la alternativa de cumplir "a medias" con el déficit cero.