Finalmente el gobierno explicitó los detalles del llamado blindaje financiero, acordado con los organismos multilaterales de crédito. Esta operación procura despejar la incertidumbre sobre las posibilidades del gobierno nacional de hacer frente a sus vencimientos de deuda y de déficit fiscal de los próximos años.

En el 2001 se requieren aproximadamente 15.400 millones de pesos por amortizaciones de deuda y otros 6.400 millones de pesos para financiar el déficit de caja y algo más de 5.000 millones para renovar Letras del Tesoro (deuda de corto plazo).

Esos montos prácticamente quedan asegurados con los siguientes aportes para el año 2001: FMI 6.700 millones, BID y Banco Mundial 2.000 millones, gobierno español 1.000 millones. Los 17.100 millones restantes se obtienen de la siguiente forma: las AFJP 3.000 millones, que surgen de renovar los vencimientos de títulos que tienen en cartera y del incremento en los aportes, 10.000 millones asegurarían los bancos radicados en la Argentina y los 4.100 millones restantes deberán surgir de operaciones voluntarias de deuda.

Para los dos años siguientes quedan disponibles alrededor de 8.000 millones de los organismos multilaterales, los aportes recurrentes de las AFJP y la posibilidad de seguir refinanciando los títulos en poder de los bancos nacionales.

El blindaje da suficiente espacio para eliminar el riesgo de cesación de pagos pero no asegura per se la recuperación de la economía. Para que ello ocurra se necesita despertar confianza en los mercados de capitales ya que ello proporcionaría financiamiento al sector privado. Si el blindaje termina "financiando" una fuga de capitales, la economía no sólo no se recuperará sino que profundizará la recesión.

Las variables clave a monitorear en el corto plazo son las siguientes: 1) los depósitos deben volver a crecer. Si continúan cayendo o se estancan los bancos locales tendrán problemas para aportar los 10.000 millones comprometidos para el 2001 y obviamente cortarán el crédito al sector privado; 2) el riesgo país debe descender fuertemente para recuperar la inversión. Actualmente se ubica alrededor de 800 bbp (es decir 8% por encima del rendimiento de un bono americano). El programa será exitoso si ese riesgo desciende por debajo de los 600 bbp al finalizar el primer trimestre del 2001.

El blindaje no aumenta la deuda del sector público sino que reemplaza (si se lo usa) el financiamiento que había que obtener de los mercados de capitales. Este paquete de ayuda se obtuvo en condiciones relativamente favorables, prometiendo contención del gasto primario a futuro, al mismo tiempo que la política fiscal del 2001 se convierte en suavemente expansiva por la reducción de impuestos a la inversión (IVA e intereses) anunciada por el gobierno nacional hace dos meses.

En el mediano plazo el éxito del programa se basa en la recuperación de la economía. Para que ello ocurra el gobierno no debe perder de vista que es necesario despejar dudas respecto de los problemas de competitividad que han aquejado al país pero también es necesario mostrar una situación fiscal bajo control. No hay espacio para aumentar el gasto primario (el cumplimiento del acuerdo con los gobernadores que congela el gasto debe respetarse en forma estricta), y deben moderarse las expansiones de deuda por compromisos del pasado.

La mejora en la competitividad y la reactivación no dependen de la creación de nuevos ministerios o de medidas que brinden incentivos poniendo en duda la solvencia fiscal. La reducción de impuestos a la inversión ayudaría a mejorar las posibilidades de recuperación pero para no aumentar los riesgos fiscales debe financiarse con una rebaja del gasto público. También ayudaría que se avanzara en algunas de las privatizaciones pendientes y en un ambicioso programa de desregulación en los tres niveles de gobierno.

Un programa más completo de reformas hubiera colocado al gobierno "delante de los acontecimientos" y ello hubiera ayudado a reducir el riesgo país. La Argentina hoy sufre de problemas serios de credibilidad que tienen una raíz económica y otra política. Reformas más ambiciosas hubieran mostrado una clara convicción de la dirigencia política respecto del rumbo de la política económica, al mismo tiempo que hubieran ayudado a resolver los problemas económicos. En cambio, se confía en el efecto impacto de una suerte de "prestamista de última instancia" que hará frente a las necesidades de financiamiento de corto plazo, pero cuya presencia no asegura una mejora en la gestión pública y un menor ruido político.