A los problemas económicos que tiene la Argentina se han sumado dos dificultades adicionales. Por un lado, un panorama externo que muestra un "vuelo hacia la calidad" y por ello afecta negativamente el riesgo de los países emergentes, y, por otro, la crisis política doméstica que ha puesto en duda la gobernabilidad del país.

Las dudas sobre la rentabilidad de las empresas en los Estados Unidos y la crisis del petróleo han aumentado fuertemente el spread de las sociedades anónimas de menor calificación crediticia a niveles similares a los observados al caer el Long Term Credit Bank. Ello afecta negativamente a la Argentina vía dos caminos: aumenta el riesgo país y por ende el costo de financiamiento y la disponibilidad de crédito tanto para el sector público como para el privado, y debilita la economía brasileña lo que en el corto plazo se traduce en una nueva depreciación del real. Ambos factores deshacen parte del costoso camino de deflación de costos recorrido por la Argentina para recuperar competitividad en su sector de transables, y requiere un esfuerzo mayor aún. Además, aumentan las dudas sobre el panorama fiscal al demorar la recuperación de la inversión y aumentar la carga de intereses de la deuda pública.

A ello deben sumarse los efectos de la crisis política. El riesgo de fractura de la coalición gobernante fue inmediatamente seguido de declaraciones de políticos del justicialismo que revelaban la baja probabilidad de recrear nuevas alianzas políticas. Además, los sucesivos cambios de gabinete redujeron sensiblemente el poder político del presidente y pusieron al país en un déficit de gobernabilidad que a priori bloqueaba cualquier intento de aprobar nuevas leyes. El ejemplo más elocuente fue la reacción de legisladores del oficialismo y de la oposición respecto del proyecto de presupuesto que en los hechos es neutro en materia fiscal (no aumenta tasas impositivas y sólo logra una modesta reducción del gasto primario).

La virtual recomposición de la Alianza no resuelve el problema. Se requiere en el corto plazo la aprobación del presupuesto nacional dentro de los parámetros propuestos por el equipo económico y un claro apoyo al minipaquete ofertista propuesto por el Ministro de Economía.

Estas medidas contemplan alguna reducción de impuestos a la inversión financiadas en su primer año o año y medio con el producido de la venta de activos y la prórroga de concesiones de hidrocarburos. La primera reacción de los mercados fue negativa porque se interpreta que las medidas no tienen entidad suficiente como para reactivar la economía.

En este contexto cómo puede hacerse para acelerar la recuperación económica. Por un lado, han aparecido varias propuestas voluntaristas que se basan en un shock ofertista que reduce fuertemente la alícuota del IVA y de otros impuestos. Para recomponer los ingresos del Estado se apuesta a una fuerte reducción de la evasión.

Estas medidas son inconsistentes. Por un lado, se magnifica el efecto sobre la recaudación de una reducción de la evasión. Para que el fisco pueda hacerse de cifras del orden de 20.000 millones anuales de evasión se requeriría eliminarla por completo, cuando países como Chile con una administración tributaria ordenada muestran una evasión en el IVA del 20% y en el propio Estados Unidos se estima que la evasión en el impuesto a las ganancias es entre 15 y 20%. Alcanzar el estándar de Chile permitiría ingresos adicionales en los impuestos principales que recauda el gobierno nacional que no superarían los 2 puntos del PIB. Además, es virtualmente imposible que esa cifra pueda lograrse en el corto plazo, sino que podría avanzarse gradualmente en un período de 3 a 5 años. En el interín las reducciones de impuestos aumentarían sensiblemente el déficit fiscal.

Por otra parte no puede replicarse la experiencia de inicios de los 90. El éxito de recaudación tributaria de aquel momento se debió al efecto Tanzi por reducción de la inflación y a la generalización de mecanismos de retención que son distorsivos. Además, con la deuda pública en el orden de los 30% del PIB había mucho margen para financiar el déficit fiscal. En la actualidad no hay margen por el lado de la deuda y la presión tributaria es muy superior a la que existía a comienzos de los 90.

En verdad, este tipo de propuestas constituye una suerte de fuga hacia adelante para evitar discutir el programa de reformas estructurales que permitiría recuperar rápidamente la confinza, pero que la dirigencia política no comparte. Para salir rápidamente de la recesión se requiere avanzar en reformas que no aumenten impuestos, que aumenten la competitividad y que reduzcan erogaciones del Estado presentes o futuras. En ese sentido se podría, entre otras medidas:

Reformar el sistema de jubilaciones de reparto igualando las edades de retiro de hombres y mujeres, y calculando la jubilación a partir del promedio de remuneraciones de los 30 últimos años de aportes.

Extender el acuerdo con las provincias por la coparticipación hasta el año 2005 sin aumentos en el monto anual transferido.

Privatizar el Banco de la Nación, ATC, la Casa de la Moneda y Lotería Nacional.

Completar la desregulación laboral eliminando el unicato sindical y los estatutos especiales, asegurando una rápida negociación por empresa y reduciendo las indemnizaciones por despido para los nuevos empleados.

Asegurar la vigencia de mercados competitivos aprobando, por ejemplo, la desregulación petrolera.

Inducir a provincias y municipios a que cumplan con los procesos de desregulación y privatización pendientes.

Avanzar en una reforma administrativa del Estado que a partir de un presupuesto base cero mejore la eficiencia de la gestión estatal y reduzca el gasto.

Reforma la Ley de Responsabilidad Fiscal poniendo metas de reducción de gasto primario y de emisión de deuda pública.

Eliminar los tratamientos impositivos preferenciales.

Reducir el arancel externo común máximo al 20% en un plazo de tres años.

Estas medidas permitirían recuperar rápidamente la confianza ya que apuntan a resolver los dos problemas económicos que han postergado a la Argentina: el de competitividad y el fiscal. En ese contexto se reduciría fuertemente el riesgo, y se recuperarían la inversión y el empleo.