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Se terminó de redactar en la Cámara de Diputados el predictamen del marco regulatorio para la competencia entre obras sociales y empresas de medicina prepaga. Esta ley, una vez sancionada, modificará el decreto 446/00 de desregulación del sector. Las pequeñas y medianas empresas podrán conseguir créditos para desarrollar proyectos a tasas entre 8.75 y 10.48%, de acuerdo con el resultado de la primera licitación realizada por el Gobierno, y en la que bonificará tres puntos porcentuales la tasa de interés. Para reconversión agrícola se destinarán $35 millones y la tasa que abonarán los beneficiarios será de entre 9.5 y 10%. Para las pymes que tengan proyectos para exportar habrá $98.5 millones a tasas de entre 8.75 y 9%. Habrá $25 millones para actividades vinculadas con el turismo, entre 9.5 y 10%. Finalmente se asignarán $20 millones para otros destinos, por los que se pagarán tasas de entre 10 y 10.48%. La Organización Internacional de Epizootias (OIE) decidió mantener el status de país "libre de aftosa sin vacunación" para la Argentina. Esta medida pone fin a la suspensión que había recaído sobre el país, tras el brote de aftosa detectado en agosto pasado. El presidente De la Rua realizó una reestructuración de la Administración Pública Nacional. Disolvió el Ministerio de Infraestructura, que quedó absorbido por Economía, además la AFIP pasó a la órbita de la jefatura de Gabinete. Estas reformas fueron llevadas a cabo en el marco de un cambio del gabinete nacional, que indujo, a su vez, al entonces Vicepresidente de la Nación a renunciar a su cargo. Entró en vigencia la Ley 25.323, que dispone incrementar al doble las indemnizaciones de aquellos empleados que trabajen en negro en el momento del despido. La ley establece una suerte de blanqueo al determinar que los empleadores tendrán un plazo de 30 días para regularizar a los trabajadores que tengan en negro, sin ser pasibles del incremento de la indemnización. El Ministro de Economía anunció un conjunto de medidas que buscan acelerar las decisiones de inversión. Entre las principales pueden mencionarse: 1) para promover la inversión de las familias se buscará un compromiso con los bancos para crear un seguro de desempleo voluntario para nuevos créditos hipotecarios que se tomen hasta el 30 de junio de 2001, a un costo estimado de 0.5% mensual. En ese caso el banco refinanciará a largo plazo y baja tasa las 6 primeras cuotas a los que pierden su trabajo durante los primeros 3 años de vigencia. El Estado tomará a su cargo el importe de las 6 cuotas siguientes, hasta $300 por cuota; 2) quienes compren acciones de empresas con domicilio en el país y las mantengan en cartera durante un año, no pagarán por ese activo el impuesto a los Bienes Personales; 3) se propondrá por ley reducir 5 puntos el impuesto a los intereses pagados desde el 1° de enero, y otros 2 puntos desde el 1° de julio. Tendrá un costo fiscal para el 2001 de $255 millones; 4) las empresas con deudas de hasta $500.000 podrán tomar, por los primeros $100.000, 5 puntos adicionales de ese impuesto para pagar Ganancias y Renta Presunta; 5) se extenderá a 10 años el plazo durante el cual el Impuesto a la Renta Presunta puede ser aplicado como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias; 6) se permitirá que los créditos fiscales para nuevas inversiones no absorbidas en los primeros 12 meses sean compensadas con otros impuestos o se solicite su devolución; 7) el Estado pondrá en venta inmuebles fiscales innecesarios; 8) se busca que ingresen capitales privados por 50% de la AFJP y aseguradoras del Banco Nación, lo que permitirá obtener $300 millones; 9) la extensión de la concesión del yacimiento gasífero Loma de La Lata y otros, dejará al fisco $400 millones; 10) se enviará un proyecto modificando la ley del IVA para las inversiones en bienes de uso sujetos a amortizaciones, y que no hayan podido ser absorbidos por el pago del propio impuesto en los 12 meses de su realización; 11) se propuso a Brasil la reducción de 3 puntos cada año del arancel externo común del MERCOSUR, comenzando en enero del 2001, así como la reducción progresiva de los aranceles a la importación de bienes de capital, informática y telecomunicaciones para llevarlos a un máximo de 10%; 12) se reducirán las contribuciones patronales al menor nivel vigente para las empresas que se instalen en el país; 13) se enviará al Congreso un proyecto de ley para redefinir el esquema de incentivos promocionales a las economías regionales en los sectores de agro y turismo. |