Luego del pobre resultado de la recaudación de septiembre aparecieron dudas acerca de la capacidad del gobierno nacional de cumplir con el déficit cero en el último trimestre del año. Hasta ahora la estrategia ha sido demorar las transferencias a las provincias y otros pagos y buscar un acuerdo con los gobernadores que permita reducir en forma más ordenada los montos girados a cada jurisdicción.

Aparecen en este camino varias dificultades. Aún cuando se acuerde con las provincias una reducción del 13% en las transferencias, el pago de la diferencia con Lecop (bonos que se pueden utilizar como medio de pago) resultará en una pérdida de reservas internacionales en la medida en que tales bonos reemplacen en forma parcial o total al circulante en pesos. Claramente se trata de un nuevo intento heterodoxo por ganar tiempo y asegurar el apoyo de las provincias, pero con un costo potencial en términos de expectativas significativo.

La reducción porcentual se extendería al año 2002 si no mejora la recaudación. Nuevamente se lograría cerrar las cuentas en pesos, pero al costo de perder reservas y postergar una solución definitiva al exceso de gasto de las provincias.

Pero aún en este caso sería necesario recortar el gasto nacional en alrededor de 2.000 millones adicionales a los ahorros obtenidos con la rebaja de 13% en los sueldos, las jubilaciones y, ahora, en las transferencias a provincias. Este faltante surge de una expectativa de recaudación estancada para el año próximo originada en una actividad económica deprimida en la primera mitad como consecuencia del arrastre negativo de los números muy malos del segundo semestre del año, a los que debe sumarse la caída de recursos que producen los planes de competitividad. No queda claro si existirá el apoyo político para alcanzar ese monto por medio de rebajas en gastos ineficientes o si se volverá a insistir con recortar sueldos y jubilaciones.

Si se aprueba un presupuesto para el año 2002 razonable para el gasto primario habrá que encarar un canje de deuda voluntario para aliviar los pagos de intereses.

En los últimos meses se ha instalado un debate acerca de la sostenibilidad de la deuda pública argentina. Desde mediados del año 2000 el mercado internacional de capitales ha estado cerrado para la Argentina y el gobierno nacional ha tratado de reemplazar las fuentes voluntarias de financiamiento por aportes del FMI, el Banco Mundial, el BID y el gobierno de España en el llamado blindaje y de estirar los plazos de las obligaciones más inmediatas con el megacanje realizado a mediados de este año.

Pero ello no ha sido suficiente para recrear la confianza y abatir el riesgo país. A juicio de algunos observadores esto probaría que la Argentina tiene una deuda externa insostenible que tarde o temprano deberá ser reestructurada.

En verdad, cuando se analizan los vencimientos de la deuda pública nacional se obtiene que para los próximos años las amortizaciones previstas son de 19.500 millones en el 2002, 19.800 en el 2003, 14.700 millones en el 2004 y 10.900 millones en el 2005. A su vez los pagos de intereses previstos oscilan entre 3.5% y 4% del PIB (alrededor de 10 a 12.000 millones por año). No todas esas obligaciones son "externas". Según estimaciones de diversos analistas aproximadamente el 30% del total corresponde a inversores domésticos (Bancos, AFJP, particulares), otro 40% a organismos multilaterales y el 30% restante a inversores internacionales privados.

Para cualquier país desarrollado un perfil de vencimientos con esas características sería fácilmente manejable. Las amortizaciones de deuda serían refinanciadas y se pagarían los intereses (total o parcialmente) con superávit fiscal primario. El problema para los países emergentes es que los flujos de capitales pueden cesar de golpe y ello puede poner en duda el refinanciamiento voluntario de las amortizaciones. Por ello, una actitud prudente es "autoasegurarse" contra ese evento haciendo que el fisco ahorre en los momentos de auge económico para poder tener una posición más holgada en las recesiones. Un mecanismo de esta naturaleza fue propuesto por FIEL en 1991. Lamentablemente en lugar de adoptar esa política se optó por aumentar el gasto de los tres niveles de gobierno y mantener siempre algún déficit (explícito o escondido en la emisión de títulos que reconocían deudas del pasado).

¿Qué puede hacerse hoy cuando la recesión reduce los ingresos fiscales y no tenemos un fondo anticíclico para hacer frente a los vencimientos de deuda y es posible que los mercados de capitales estén relativamente cerrados durante bastante tiempo?

En estas circunstancias es necesario mantener el apoyo de la comunidad internacional. Pero la estrategia de encarar un nuevo canje de deuda tiene el problema de que genera poco espacio para el futuro inmediato precisamente porque la estructura de la deuda argentina es relativamente buena. Podría generarse un alivio de intereses inferior a 2000 millones en los próximos dos años, aún cuando se obtuvieran garantías por 8 ó 9000 millones de dólares; y el efecto sobre las amortizaciones sería mínimo.

En estas circunstancias un canje exitoso introduciría un alivio momentáneo y sólo podría asegurar la solvencia fiscal si se logra recuperar la economía. Pero ello expondría al país a un nuevo fracaso si la mejora en la actividad económica se demora y sería necesario volver a recurrir a nuevos paquetes de ayuda, en un contexto en el cual aparecerían más presiones por una reestructuración forzosa de la deuda que condenaría a la Argentina a una recesión todavía más profunda que la actual.

Una alternativa a estudiar consiste en tratar de asegurar que la Argentina podrá cumplir con sus compromisos de mediano plazo y para ello se requiere que por distintos mecanismos la comunidad internacional anuncie que estará dispuesta a proveer los fondos necesarios para refinanciar el capital que vence con los organismos multilaterales y los tenedores internacionales en los próximos cuatro años, en la medida en que el gobierno nacional no pueda acceder a financiamiento voluntario a tasas de interés inferiores al 10% anual. Se recibiría así un paquete de ayuda contingente que proveería los fondos necesarios para hacer el "rollover" de las amortizaciones de la deuda pública "externa". Naturalmente, esto sería una nueva institucionalidad porque este tipo de ayuda no sería un megapaquete al estilo del recibido por México en 1995, ni una condonación que sólo es admitida para países muy pobres, ni un canje de deuda, sino que haría que la comunidad internacional actuara como prestamista de última instancia en un caso en el cual un país no puede acceder al refinanciamiento de las amortizaciones de su deuda con no residentes. Incluso si el país accede a financiamiento voluntario a tasas más bajas se podría reducir el stock de deuda con los organismos multilaterales.

Para que este esquema pudiera ser viable la Argentina debería cumplir a rajatabla con el déficit cero en 2002 y 2003 y convertir la regla en una de variación cero de la deuda a partir de entonces. Ello asegura la solvencia de largo plazo y alienta a la refinanciación voluntaria de la deuda doméstica.

Se trata, entonces, de lograr el apoyo que nos proporcione el tiempo necesario para tener la oportunidad de ordenar la economía, pero aportando la cuota de esfuerzo necesaria para reestablecer la solvencia fiscal y mejorar la productividad.

Para ello, este esquema, si obtuviera el necesario apoyo internacional, trata de responder a los interrogantes del mediano plazo, en lugar de mirar sólo a las urgencias de corto y de utilizar mejor el apoyo del resto del mundo. De esta forma, permite reducir fuertemente la prima de riesgo, en lugar de lograr un alivio transitorio gracias a paquetes de ayuda que sólo despejan las dudas más inmediatas respecto de los compromisos de deuda.