El contexto macroeconó-mico que el país enfrenta se presenta muy complicado por distintos motivos, tanto externos como internos, pasados y presentes. La política anunciada por la nueva administración al inicio de su gestión fue la de inducir una reducción del riesgo–país, y con ella de las tasas de interés domésticas, para así alentar al sector privado. La instrumentación de este sano criterio, sin embargo, enfatizó el aspecto fiscal del problema (esto es, reducir el déficit para reducir el riesgo–país), pero descuidando otros aspectos también importantes. Entre éstos se distingue sin dudas el compromiso en los hechos a seguir una política regulatoria guiada por criterios sanos de eficiencia y protección de los consumidores en el corto y largo plazos.

En efecto, el criterio regulatorio, que con avances y retrocesos –y sin dudas también con varias materias pendientes–, se estuvo gestando durante la década pasada en la Argentina, es uno donde los contratos y marcos regulatorios establecen los criterios de largo plazo que guían los derechos y responsabilidades de las empresas concesionarias y licenciatarias de servicios públicos, procurando que dentro de ellos las decisiones resulten de la aplicación de criterios técnicos, con transparencia creciente por medio de audiencias públicas, informes de consulta, etc. Lo que hace conveniente la aplicación de este criterio es que en su ausencia no se estaría representando eficazmente los intereses de los consumidores en el largo plazo, ya que la incertidumbre sobre dichos derechos y obligaciones conducen a un mayor costo del capital y tarifas, acompañados a su vez por menores inversiones (y por ende menor velocidad de expansión e introducción de mejoras en la calidad del servicio) ya que éstas podrían ser luego irrecuperables.

A poco de asumir la nueva administración en el mes de diciembre de 1999, se llevaron a cabo negociaciones para evitar (postergar, de hecho) incrementos en las tarifas de distintos servicios públicos e incluso para negociar reducciones cuya implementación no ha sido muy convincente, continuando con varias negociaciones bilaterales previas en tanto las mismas generaran inversiones inmediatas.

Concretamente, estos son algunos de los hechos salientes observados en la política regulatoria durante hasta septiembre del corriente año:

Estas decisiones no provienen de los entes reguladores, sino que surgen del propio poder político, quien en consecuencia ha estado dando muestras de no estar dispuesto a implementar los contratos tal como éstos son, sino que se ha mostrado predispuesto a realizar los ajustes que considere convenientes, los que típicamente contuvieron ventajas de corto plazo a cambio de posibles desventajas posteriores.

Si bien esta actitud podría explicarse por la impaciencia lógica por contribuir con menores precios y mayor inversión a la reactivación de la economía y compensar (o aliviar) el fuerte ajuste fiscal que caracterizará al año 2000, en función de la cual el gobierno valora más los beneficios inmediatos que los costos diferidos de esas medidas, debe quedar claro que estos últimos son potencialmente muy importantes, y que los mismos podrían incluso precipitarse de inmediato y neutralizar totalmente las ventajas pretendidas.¹

Efectivamente, hay dos tipos de riesgos obvios en esta política. Por un lado, porque si se pretende renegociar contratos con la aceptación por parte de las empresas afectadas, éstas naturalmente estarán dispuestas a hacerlo y acordar nuevos términos si reciben suficientes beneficios a cambio en el mediano y largo plazo (vgr., fortalecimiento o introducción de barreras a la entrada de nuevos competidores, mayor capacidad para discriminar precios o subsidiar a sus segmentos competitivos desde los segmentos cautivos, etc.). Por otro lado, porque si no se procura el acuerdo de las empresas afectadas habría secuelas producto del mayor riesgo regulatorio que tarde o temprano se reflejaría en el costo del capital de las empresas reguladas causando por ende mayores tarifas y menor inversión (provocando menor cobertura y peor calidad de los servicios).²

Pero también hay un "tercer riesgo" de estas políticas, y es que las falencias de más largo plazo generadas puedan ser interpretadas como fallas de los reguladores, en cuyo caso se acentuará la presión para removerlos de sus cargos y retomar el control político directo de los entes hoy existentes –muchos de los cuales deberían perfeccionarse, claro, pero en sentido contrario al que esta visión impaciente recomendaría–. Estaríamos a un paso, por otro camino, de la creación del "Superente" propuesto de distintas formas hacia fines de los 1990s por quienes hoy constituyen buena parte de la oposición política al gobierno.

A pesar del importante número y tipo de actitudes regulatorias criticables que se comentaron anteriormente, también han habido algunas actitudes más prudentes que merecen ser destacadas. En efecto, a pesar del fuerte incremento en el precio de las naftas durante el primer trimestre de año, el gobierno fue capaz de resistir las presiones propias y ajenas para intervenir en el mercado regulando precios o más sutilmente vía la introducción de restricciones apresuradas. Del mismo modo, en la reducción de las comisiones de las AFJPs, se resistió a la primera tentación de querer obligar una reducción y en vez se acordó permitir diferenciar comisiones según la regularidad de los aportes (de forma tal que los aportantes regulares puedan beneficiarse respecto de los irregulares, que imponen costos proporcionalmente más altos a los ingresos que generan a cada AFJP).

Similarmente, se han evidenciado fuertes reparos dentro del propio gobierno en torno a la aprobación del proyecto de marco regulatorio postal elaborado por la CNC, al tiempo que las concesiones viales que expiran en el año 2003 serían nuevamente licitadas (en vez de extenderlas como resultado de una negociación bilateral con el fin de cancelar la deuda incurrida al no pagar los subsidios ni autorizar los incrementos tarifarios comprometidos en la renegociación de 1992).

Los principales exponentes de la Alianza han defendido durante y después de la campaña presidencial la estabilidad jurídica en la regulación de los servicios públicos, así como también defendieron el modelo de entes reguladores autónomos y técnicos, sectorialmente separados. Pero las decisiones que se han estado tomando durante el primer año de gestión, salvo algunas excepciones, no han reflejado cabalmente esa posición. Esto también afecta, aunque negativamente, el riesgo–país de manera general, y por ende dificulta la salida de la recesión, pero lo que es más grave todavía, arriesga el crecimiento futuro. Es esperable que la reciente concentración de funciones referidas al diseño de la política regulatoria en el Ministerio de Economía luego de la eliminación del Ministerio de Infraestructura y Vivienda lleve a reducir algunas de las inconsistencias hasta ahora observadas, pero igualmente parece necesario que en este mismo Ministerio se perciban y valoren suficientemente las consecuencias negativas de políticas orientadas al corto plazo en la regulación de servicios públicos.