El gobierno ha acordado con el Fondo Monetario Internacional un paquete de asistencia financiera que permitiría asegurar el financiamiento del gobierno argentino para el año 2001. El gobierno nacional enfrenta el próximo año entre vencimientos de deuda y déficit fiscal un total cercano a los 22.000 millones de pesos a los cuales se debe agregar el total de Letes de alrededor de 5.000 millones. A esa cifra, hay que agregar los vencimientos de deuda y el desequilibrio fiscal de las provincias. Esta cifra, que en valor absoluto es importante, es financiable si se logra la confianza de los inversores. Por ejemplo, medida como porcentaje del PIB es menos de la mitad de lo que debe enfrentar Brasil el próximo año.

Las colocaciones de las AFJP que ahora podrán invertir hasta el 60% de sus carteras en títulos públicos y un acuerdo con las entidades financieras radicadas en el país para renovar las amortizaciones de Letes y títulos públicos que tienen en sus activos aportaría alrededor del 40% del total, y el resto puede financiarse con el paquete de ayuda internacional.

El gobierno ha comprometido dos reformas estructurales que reducen el déficit fiscal futuro. Por un lado, la medida más importante es el acuerdo con los gobernadores para limitar las transferencias a las provincias en una suma fija para el año 2001 y 2002 que luego aumenta en 500 millones por año hasta el 2005. Esto consituye una reforma de hecho a la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos que era uno de los principales puntos débiles de la política macroeconómica de la Argentina. Es evidente que este sendero de transferencias puede volver a cambiarse (recuérdese la presión de algunos senadores para modificar la suma fija acordada para el 2000 cuando ocurrió la suba transitoria de la recaudación en junio de este año), pero la dependencia de la Argentina de un financiamiento internacional dificulta que se pueda violar el acuerdo, aún en circunstancias macroeconómicas favorables que produzcan un aumento en la recaudación.

Debe señalarse además, que era lógico que las provincias sufrieran un congelamiento en las transferencias. De hecho, al analizarse la evolución del gasto público consolidado de los tres niveles de gobierno en el período 1997-2000 y mirando las cifras amplias de gasto (es decir incluyendo algunas erogaciones extrapresu-puestarias) se puede ver que las provincias y municipios aumentaron el gasto primario en alrededor de 2700 millones, mientras la Nación lo redujo en 1200 millones y el consumo y la inversión caían 12.000 millones. En otras palabras, las provincias ignoraron que la Argentina padece una crisis económica que la ha empobrecido y siguieron gastando a un ritmo difícl de financiar.

El segundo elemento de reformas estructurales es la modificación al sistema previsional. La reforma que ha planteado tanto debate político prevé ahorros para el futuro al eliminar la PBU para las jubilaciones más altas y para las mujeres que se retiren a los 60 en lugar de a los 65 años. La introducción de un beneficio mínimo para las personas de edad avanzada que no tengan aportes modera los ahorros fiscales pero de todas maneras se reduce el gasto previsional en una suma que es de alrededor 60 millones de pesos en el próximo año y crece hasta 800 millones al final de la década.

Al mismo tiempo que el gobierno anuncia estas dos reformas estructurales que contribuyen a mejorar la posición fiscal a futuro, acepta un incremento en el déficit fiscal para los años 2000 y 2001 a un nivel de 7000 millones. Esto ocurre como consecuencia: a) del menor crecimiento económico, b) por mantener constante el gasto primario (en lugar de reducirlo como estaba previsto) y c) por la reducción de impuestos a la inversión anunciada hace unas semanas atrás. El gobierno pasa así de una política fiscal contractiva en el año 2000 a una suavemente expansiva en el 2001.

El costo de esta decisión es la modificación a la Ley de Responsabilidad Fiscal que prometía una gradual eliminación del déficit del Sector Público Nacional para el año 2003 (ahora postergada al 2005), lo cual puede despertar dudas acerca de la posibilidad de que se cumplan las promesas de reducción del déficit que suponen la reforma previsional y el acuerdo con las provincias.

Por otra parte, en la estrategia del gobierno se procura asegurar el financiamiento del gobierno para el año 2001 utilizando una parte del paquete de ayuda internacional. Esto plantea dos interrogantes:

Para que la economía pueda crecer en el año 2001 a una tasa importante es necesario recobrar la confianza de los mercados de capitales. Si el blindaje internacional reemplaza los fondos voluntarios del mercado, el país no tendrá el financiamiento para recuperar la inversión y el consumo de durables. Para que ello fuera factible era necesario avanzar en la privatización del Banco Nación y de otros activos nacionales y reducir el gasto público para poder rebajar más agresivamente los impuestos a la inversión.