· La justicia confirmó la vigencia de la legislación que en las décadas del 60´y 70´ estableció el compre argentino y el contrate nacional, a través de los regímenes basados en el Decreto-Ley 5340/63 y la Ley 18857/71, dando por válido un pedido de los fabricantes locales que denuncian su incumplimiento por parte del Estado y de las empresas de servicios públicos.

· El Gobierno congeló peajes hasta el 1/1/2004, con excepción de una suba diferencial en el tramo más largo del acceo norte, desde 1/1/2002. Los concesionarios de los accesos a Buenos Aires y de 13 de los corredores viales comprometieron inversiones por $1.195 millones. No se prorrogarán las explotaciones de rutas por peaje, y todas vencen en octubre de 2003. En el caso del acceso norte le dieron 4 años más, del 2016 al 2020.

· Después de nueve años de monopolio y uno de competencia limitada, se pone en marcha la desregulación del mercado de telecomunicaciones, con 10 empresas, un negocio que mueve U$S 11.000 millones anuales. Se esperan inversiones por U$S 6.000 millones, y rebajas de hasta 40% en las llamadas de larga distancia, pero los descuentos para las comunicaciones locales recién llegarán en un año al segmento residencial.

· El presupuesto del PAMI redujo los fondos operativos a U$S345 millones anuales, insuficientes para mantener la actual estructura de 11.500 empleados. La intervención espera poder convencer a 1.000 trabajadores a que acepten el retiro voluntario, y reubicar a otros 1.000 en áreas del Ministerio de Salud.

· El Gobierno publicó el Decreto 1038/00 que reglamenta los aspectos del tratamiento impositivo general de la nueva Ley de Leasing 25.248 ya aprobada. El alquiler con opción a compra de bienes inmuebles y muebles ofrece ventajas financieras tales como pagos prorrateados del IVA con el pago de las cuotas estipuladas en el contrato y beneficios en el tratamiento del impuesto a las Ganancias de las empresas.

· El Gobierno dispuso que los contratos de abastecimiento de combustibles entre las petroleras y las estaciones de servicio no podrán superar los 8 años para locales nuevos y 5 para establecimientos ya existentes.

· Se sancionó la ley la rebaja de impuestos que pidió la Nación para favorecer la inversión, y la autorización a los transportistas de carga a computar a cuenta de Ganancias lo que abonan en concepto del impuesto a los combustibles líquidos y el gas natural.

· Los gobernadores firmaron el Pacto Fiscal, que es un Compromiso Federal por el Crecimiento y la Disciplina Fiscal, los que significa congelar el gasto y aceptar una suma fija en concepto de coparticipación federal por los próximos 5 años. La coparticipación fija para 2001 y 2002 $1.364 millones mensuales, que suben a $1.400 millones en 2003, $1.440 millones en 2004 y $1.480 millones en 2005. Aumenta el gasto social y transfiere a las provincias el próximo año un fondo de $225 millones. Para los años posteriores, se otorga a las provincias la administración de 30% de los programas nacionales de empleo y alimentarios.

· La nueva ley de responsabilidad y solvencia fiscal impedirá que el gasto se incremente aunque el PBI aumente y exigirá que el déficit ampliado a $6.400 millones llegue a cero en 5 años. La Nación y las provincias podrán mantener el gasto primario en la medida en que no tengan déficit. El déficit no será ya un porcentaje del PBI, sino un número absoluto, y deberá bajar linealmente, en términos de pesos, hasta el 2005.

· Las empresas automotrices y autopartistas argentinas y brasileñas llegaron a un acuerdo sobre la modalidad para medir el porcentaje de integración de componentes locales de los vehículos fabricados en Argentina: acordaron medir la integración de componentes locales por proceso, pero llevando el porcentaje de esos componentes a 44%.

· La Cámara de Diputados dió media sanción a la ley del Plan Federal de Infraestructura. Se incluyó una cláusula por la que el 90% de los trabajadores deberán ser argentinos o tener más de tres años de permanencia en el país. Las licitaciones por obras de más de $45 millones serán internacionales, pero los consorcios deberán estar integrados por 51% de capitales locales.