Luego de sistemáticas caídas en los depósitos del sector privado durante los meses de julio y agosto (entre el 4 de julio y el 23 de agosto los depósitos cayeron más de $8.600 millones, equivalentes el 11% de la totalidad de los depósitos en el sistema financiero), en septiembre tendieron a estabilizarse, manteniendo la misma situación durante los 20 primeros días de octubre.

El gobierno nacional ha propuesto un conjunto de medidas económicas que pueden resumirse en las siguientes: a) la restructuración de la deuda pública en dos etapas (una interna y otra externa), b) la elaboración de un nuevo presupuesto para el año 2002 que prevé que la recaudación será virtualmente la misma que en el año 2001 y que supone recortes adicionales en el gasto primario, c) medidas de aliento a la demanda agregada a través de la rebaja transitoria de aportes a las AFJP, reducciones en el IVA para las compras con tarjeta de débito, la universalización de los programas sociales y un nuevo plan de infraestructura, d) la reducción de impuestos a las empresas al extender los planes de competitividad, y e) la restructuración de la deuda de empresas en problemas al permitirles que cancelen sus obligaciones con las entidades financieras con títulos públicos y sus obligaciones fiscales con una nueva moratoria, al mismo tiempo que se habilita a un blanqueo de capitales para aquellas empresas que sean capitalizadas. 

La parte central del programa es la restructuración de la deuda. Las medidas de demanda agregada son poco eficaces para resolver los problemas de una economía que, por un lado, padece un shock de oferta que ha complicado la situación de las empresas (mayor costo del capital, restricción del financiamiento, menores precios de exportación), y, por otro, tiene depositantes y consumidores asustados ante la incertidumbre acerca del valor de sus ingresos futuros medidos en dólares. Por su parte, las medidas destinadas a ayudar a las firmas con dificultades tienen claros problemas de incentivos ya que premian al que se atrasó con el fisco o con los pagos de sus obligaciones bancarias.

Luego de intentar cerrar las cuentas con el impuesto a las transacciones financieras, reactivar la economía con medidas heterodoxas y finalmente bajar 13% los sueldos y jubilaciones del Estado Nacional, la Argentina sólo fue capaz en el año 2001 de generar un superávit primario fiscal de 1.4% del PIB entre la Nación y las provincias, frente a intereses que se acercaban al 5% del PIB. En ese contexto la decisión adoptada consiste en buscar una reducción en la carga de intereses y algunos recortes adicionales de gasto público.

En el caso del gobierno nacional como la deuda estaba relativamente bien estructurada y los cupones de intereses no eran muy altos, el ahorro que permite un canje exitoso es relativamente modesto. El gobierno ha previsto un ahorro en el pago de intereses de 1.4% del PIB para el año próximo, pero en parte ello se logra con la capitalización de los intereses correspondientes al primer trimestre del año próximo. Por su parte, las provincias pueden obtener un ahorro cercano a 0.5% del PIB en el año 2002, y acceder a la renovación de sus amortizaciones ya que éstas se prorrogan en forma automática durante tres años.

Puede observarse que aún después del canje será necesario lograr fondos adicionales. Aquí aparecen tres interrogantes. El primero es si habrá suficiente apoyo político para los recortes adicionales de gasto primario que supone el proyecto del Ministerio de Economía (alrededor de 2500 millones); el segundo si será posible cumplir la meta de ingreso, en especial en la primera mitad del próximo año dado que el cierre del año 2001 será bastante malo en actividad y ello pone en duda lograr la meta de recursos aún en una economía que gradualmente vea normalizar su nivel de crédito y de actividad económica. Lo propio puede decirse de las provincias; y el tercero es qué medidas adoptarán las provincias para equilibrar sus cuentas, en particular la provincia de Buenos Aires que tiene un desequilibrio muy agudo.

Luego aparecen algunos interrogantes en el frente financiero porque las cifras muestran que se han perdido durante octubre y lo que va de noviembre los depósitos que se habían recobrado luego de firmado el nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional. Y para que el programa cierre se necesita que los depósitos vuelvan gradualmente al sistema financiero. La pregunta que atormenta a los depositantes es cómo harán los bancos para hacer frente a activos públicos por 40.000 millones de pesos que ahora en su mayoría devengarán un interés del 7% al año, cuando para retener a los 72.000 millones de depósitos se pagan hoy tasas de interés que promedian el 9 ó 10% al año en dólares. La idea del gobierno es lograr que las tasas de interés pasivas se reduzcan gradualmente

Finalmente, luego de resueltos los interrogantes domésticos, la Argentina deberá encarar el canje externo de deuda y allí aparecen algunas dificultades técnicas y legales para convencer a los acreedores europeos (muy atomizados) y a los tenedores de los bonos remanentes emitidos bajo la ley americana.

Luego de satisfechos los interrogantes de corto plazo habrá que encontrar respuestas para los de mediano plazo. Llevará tiempo volver a recobrar el financiamiento internacional voluntario y ello forzará a confiar en el ahorro doméstico para financiar la inversión. Pero en el programa se han alterado las dos instituciones de ahorro centrales de cualquier economía moderna: los fondos de pensión  y el sistema financiero.

Una alternativa al financiamiento externo con bonos es la inversión extranjera directa. Pero aquí la Argentina arrastra varios incidentes con las empresas multinacionales que han participado en las privatizaciones. Además, si prospera la sugerencia de aumentar el impuesto a las ganancias para las sociedades que ganan más de 5 millones de pesos al año tampoco se ayudará mucho a atraer inversiones nuevas. 

La experiencia de otros países que han encarado procesos de restructuración de la deuda muestra que es necesario dar claras señales de ruptura con los problemas del pasado para lograr recobrar la confianza más rápido. En el caso argentino ello requerirá lograr un importante ahorro primario que ha estado ausente en el sector público durante toda la década del 90, independientemente de que la economía creciera o no. Rusia por ejemplo, tiene un ahorro primario hoy de 5.5% del PIB. ¿Pero si la Argentina va a tener inexorablemente que mejorar sustancialmente su superávit fiscal primario porqué no hacerlo directamente ahora y evitar los costos del proceso de restructuración? Esta pregunta no tiene una explicación económica. Quedará en la conciencia de la dirigencia política argentina la carga de haberle hecho pagar al país los costos de una decisión que no permite un gran ahorro, que genera costos, que a la larga llevará a hacer más esfuerzo fiscal y que todo parece sugerir que pudo y debió ser evitada.