Luego de avanzar en el frente fiscal al aprobar el presupuesto para el año 2000 y aumentar los impuestos, el gobierno ha encarado reformas que procuran mejorar el nivel de competitividad de la economía.

La propuesta original de reforma a la legislación laboral incluía avances concretos en algunos puntos. En la discusión pública ha primado la idea de que la "flexibilización" es equivalente a la precarización, pero, en verdad, se trata de reducir los costos para resolver los diferentes problemas que puede enfrentar el trabajador.

Por un lado, el trabajador debe ahorrar para obtener una jubilación en el futuro, enfrenta el riesgo de enfermarse, accidentarse en el trabajo o perder su empleo y finalmente aparecen las regulaciones que hacen a su labor diaria (contratación, polivalencia funcional, régimen de vacaciones, remuneración de las horas extras, criterios para aplicar en momentos de crisis, etc.) y que pueden fijarse en una ley general de Contrato de Trabajo, en un convenio colectivo o en un arreglo con la empresa. Aquí también aparece la discusión respecto a quién representa al trabajador en esta discusión, un sindicato nacional o regional, el delegado de la empresa o él sólo.

La legislación laboral es adecuada cuando lograr brindar el grado de protección deseado por la sociedad al menor costo de transacción posible. Las ineficiencias que existan para resolver cada problema encarecen el costo laboral para los empleadores (y ello desalienta la creación de empleos) sin brindarle una mejoría al trabajador, o se traducen en menores salarios de bolsillo.

Durante los 90 la Argentina ha logrado algunos avances positivos para reducir estos costos. La reforma del régimen de pensiones permitió que cada trabajador pase a ser dueño de sus aportes y ello ha bloqueado la posibilidad de ser "expropiado" por un sistema de reparto que por la alta evasión y la gran cantidad de prebendas se encontraba quebrado e imposibilitado de cumplir con aquellas personas que habían cumplido con sus aportes. La reforma al régimen de accidentes de trabajo es un segundo ejemplo. Previo a ella, los conflictos por accidentes se resolvían en sede judicial y el costo de transacción era enorme, favoreciendo a los abogados laboralistas que participaban en el litigio; desde 1994 se contrata una compañía de seguros lo cual ha permitido reducir los costos de las empresas y que los trabajadores cobren antes su compensación. Se puede ver entonces, que la reducción en los costos de intermediación resultó en una mejora para las empresas y los trabajadores. Finalmente, la reducción de impuestos al trabajo reemplazando el financiamiento de algunos programas por fondos de rentas generales también fue beneficiosa al compartir con el capital y los consumidores un costo fiscal que antes pagaba sólo el trabajo.

En las otras áreas no hubo cambios durante los 90 y allí trata de avanzar, en forma parcial, la propuesta del Poder Ejecutivo.

En el caso del seguro de salud no se registran avances de importancia. El costo de las obras sociales es alto con relación a la calidad del servicio que reciben los trabajadores porque existen serias restricciones a la competencia por prestar esos servicios. Sólo se permite que los trabajadores elijan entre obras sociales sindicales, y se bloquea la participación de otras empresas que podrían dar un mejor servicio. No existe argumento para justificar tal privilegio sindical a expensas de los intereses de los trabajadores.

Los cambios relevantes del proyecto oficial se centran en las normas que regulan las condiciones contractuales al permitir una negociación más descentralizada, fomentar el empleo por medio de la reducción de los impuestos al trabajo para las empresas que contraten nuevo personal y extender el período de prueba de uno a seis meses por el cual se contrata a un trabajador sin obligación de indemnizarlo, pero exigiendo el pago de cargas sociales. La resistencia sindical a la reforma se plantea en estos puntos, pero nuevamente se trata de ejemplos que procuran reducir los costos de resolver los problemas. No hay justificativo para que sea el sindicato central el que en forma exclusiva negocie con las cámaras empresarias las condiciones de trabajo en todo el país, en lugar de permitir que sean los delegados de la región o la empresa los que discutan la problemática de una firma determinada. Tampoco queda claro cuál es la resistencia a extender el período de prueba cuando se exige cumplir con los aportes previsionales. Para el desempleado o empleado en forma precaria la reforma le da una posibilidad de obtener en el peor de los casos un empleo con alguna protección mayor a la que tiene hoy, y para los que tienen empleo el riesgo de ser despedido para ser recontratado por un período corto es muy bajo porque la empresa debería indemnizarlo y además se expondría a enfrentar una demanda por fraude fiscal. Es interesante mencionar que en la mayoría de los países desarrollados, que no tienen indemnización por despido, en los hechos el período de prueba es infinito.

En cambio, el proyecto no avanza en democratizar la representación sindical, ya que en la Argentina rige el monopolio de la representación al no permitirse la competencia entre sindicatos. No existen razones valederas para trabar la posibilidad de que alguien pueda representar mejor los intereses de un grupo de trabajadores que la conducción que ganó las internas de un gremio.

Finalmente, la propuesta tampoco avanza en reformas al régimen de indemnizaciones por despido y al seguro de desempleo. La Argentina cuenta desde 1992 con doble cobertura para los trabajadores formales que son despedidos. Primero perciben la indemnización y luego pasan a cobrar el seguro, y eventualmente, pueden recibir apoyo de alguno de los programas de empleo existentes. Esto no es usual en el resto del mundo, donde en general se opta por uno u otro sistema de protección contra el desempleo. La doble cobertura de la Argentina es costosa y debería ser mejorada.

De todas maneras, habrá que esperar para conocer la decisión final del Congreso sobre este proyecto parcial, ya que la fuerte presión sindical amenazaba con "licuar" las reformas propuestas por el Ejecutivo.

Además de la reforma en la legislación laboral el Poder Ejecutivo ha planteado la conveniencia de recrear algunos mecanismos de fomento a las Pymes (subsidio a la tasa de interés, fondos de garantía recíproca y sociedades protectoras). La mayor parte de estas iniciativas ya fue utilizada en la década del 90 con resultados no muy claros acerca de su efectividad. En la propuesta del actual gobierno se introduce un punto que aumenta las dudas ya que el Estado tendrá una participación mayor en la evaluación de los proyectos a promover.

La política de comercio exterior no muestra avances en la dirección correcta. Se continúa insistiendo con una serie de medidas de protección (antidumpings, salvaguardias, etc.) que terminan aumentando los precios de venta de los productos protegidos lo cual afecta negativamente al consumidor o a las empresas que los utilizan como insumos, trasladando el problema hacia otra etapa del proceso productivo.

En este contexto, la gran incógnita es la evolución de la inversión. Respecto de esta variable la devaluación de Brasil ha llevado a conclusiones apresuradas respecto de un movimiento masivo de proyectos hacia nuestro principal socio comercial. Menores costos en dólares y facilidades impositivas serían elementos clave para esa decisión. Pero en verdad, las facilidades impositivas ya estaban disponibles antes de la devaluación (y de hecho la evidencia empírica internacional sugiere que son poco eficaces para asegurar un mayor crecimiento). Los cambios en las decisiones deberían explicarse por menores costos y, por el hecho de tratarse de decisiones de mediano plazo, lo relevante son las proyecciones para una década de los precios de los insumos y factores claves (costo laboral, costo del capital, precio de la energía y presión tributaria general).

Aquí aparece un primer dato importante. Si el programa económico brasileño continúa cumpliendo con las metas y no sube mucho la tasa de interés internacional, la moneda brasileña debería revaluarse. El patrón típico de una "devaluación exitosa" contiene un período inicial de "overshooting". Por ejemplo, en los casos de Corea y México el salto inicial del tipo de cambio real fue del orden del 80%, a los 24 meses ya era de sólo 20% y en el caso de México, 48 meses después se había vuelto al nivel existente previo a la devaluación. Es obvio que es relevante analizar cuál es la evolución esperable del tipo de cambio real de equilibrio y ello puede diferir en Brasil respecto de los otros dos países, pero también en esta punto parece difícil sostener el tipo de cambio actual en nuestro vecino. Por un lado, si es exitoso el programa de reformas Brasil atraerá capitales del exterior lo cual aprecia el tipo de cambio, y por otro, ayudará a aumentar la productividad de la economía lo cual también contribuye a un mismo resultado. Por ello, las decisiones de inversión seguramente contemplarán este fenómeno y trabajarán con los costos esperados en el mediano plazo, superiores a los actuales.

En esa comparación de costos la Argentina aún tendría una clara desventaja en la mano de obra de baja calificación, alguna ventaja en el costo del capital y de la energía, y una menor presión tributaria medida por la recaudación total (22% del PIB, contra 30% del PIB en Brasil al sumar en ambos casos los tres niveles de gobierno).

Sin embargo, más problemas hacia el futuro puede generarnos la evolución de la economía americana. Los avances importantes en la productividad que han superado a los observados en la Unión Europea y Japón, y el creciente superávit fiscal son dos elementos centrales para explicar la fortaleza del dólar. Si esas ganancias de productividad y esa disciplina fiscal continúan hacia el futuro, esa tendencia a a fortalecer el dólar puede continuar, aún a pesar de la depreciación que pueda darse en el corto plazo si se reduce el desequilibrio externo de Estados Unidos.

Esto nos plantea un desafío enorme respecto de reducciones de costos y ganancias de productividad, ya que nuestro peso estaría atado a una moneda que se vuelve cada vez más fuerte. Aquí pasan a ser cruciales las reformas que permitan: a) mejorar rápidamente la calidad de la educación, b) completar la desregulación laboral en términos de obras sociales, protección contra el despido que evite la doble cobertura actual y competencia en la representación sindical, c) reducciones en la estructura administrativa de los tres niveles de gobierno y una nueva ley de coparticipación federal de impuestos que permita reducir cargas patronales e impuestos a las ganancias, al mismo tiempo que se logra un superávit fiscal d) desregulación y privatización en las provincias y también en la Nación, donde todavía están pendientes, entre otros, la privatización de la banca oficial, los cielos abiertos, y más competencia en los servicios públicos donde es técnica y legalmente posible, e) reformas impositivas en las provincias y municipios que eliminen impuestos distorsivos (sellos e ingresos brutos), f) mejora en la calidad de la administración de justicia que asegure el derecho de propiedad.

Esta es una agenda políticamente difícil pero necesaria para lograr el salto de competitividad que nos asegure una nueva década de alto crecimiento. Las dudas sobre la reforma laboral, el énfasis en mecanismos de protección y no en medidas que fomenten ganancias de productividad sostenibles en el mediano plazo, y las promesas de no avanzar en algunas privatizaciones pendientes no constituyen un comienzo promisorio.