La reforma tributaria establecida a fines de 1999 por el gobierno entrante, significó esencialmente un aumento de impuestos directos y un incremento de la carga impositiva sobre consumos específicos. Estas modificaciones tuvieron dos claras consecuencias: (i) generaron un incremento de la recaudación de los impuestos involucrados (ganancias, bienes personales, el nuevo impuesto sobre las altas rentas y cigarrillos), permitiendo con ello alcanzar el citado crecimiento interanual de recaudación; (ii) derivaron en un efecto riqueza negativo, lo que postergó decisiones de consumo y disminuyó la inversión. La economía argentina ingresó así en un círculo vicioso de disminución del nivel de actividad, aumento de prima de riesgo, disminución de la inversión y así sucesivamente.

En el plano tributario ello derivó en menores ingresos provenientes de impuestos que recaen sobre el consumo o que se encuentran directamente vinculados al nivel de actividad doméstica. Como consecuencia de esto los ingresos por impuestos sobre el comercio exterior disminuyeron casi un 13%, en promedio en el año, en tanto que los que gravan los combustibles lo hicieron en un 3.1% (en particular el impuesto sobre el gasoil tuvo una recaudación 6% inferior a la del año anterior). El IVA, por su parte, aumentó un 1.3%; sin embargo este incremento encierra algunos elementos que deben ser comentados: (a) una fuerte disminución de las devoluciones que ya vienen neteadas del impuesto; (b) la inclusión, y esto es lo más importante, de los recursos vinculados a la moratoria que no pueden ser discriminados a los efectos de lograr una comparación interanual más adecuada (cuadro 2).

Ante el desequilibrio fiscal que se vislumbraba ya hacia el mes de abril -poco después de la negociación del acuerdo con el FMI-, en los primeros días de mayo el gobierno decidió disminuir los salarios de los agentes de la Administración Pública Nacional, lo que produjo una reducción del gasto en remuneraciones del año 2000 del 6% con relación a 1999. Este ajuste salarial, junto con la reducción de otras erogaciones en bienes y servicios no personales y de capital, provocaron una disminución del gasto primario en un 2.2% (cuadro 4); sin embargo el déficit del Sector Público Nacional No Financiero antes de privatizaciones alcanzó los $ 6.936 millones (cuadros 3 y 4). Si bien dicha cifra se encuentra dentro de los límites impuestos por el último acuerdo alcanzado con el FMI en diciembre pasado, supera en casi un 50% la meta del acuerdo original (marzo de 2000).

Obviamente, el desbalance consignado también supera con creces (30%) el límite impuesto por la Ley de Responsabilidad Fiscal, lo que obligó al gobierno a incluir, en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2001, una nueva secuencia para el déficit. Es decir que la referida ley nunca fue cumplida desde su sanción.

A lo largo de los meses de noviembre y diciembre, a la par de la sanción de la Ley de Presupuesto con el nuevo sendero de déficit fiscal, se renegociaba el acuerdo con el FMI y se ampliaba el Acuerdo entre la Nación y las provincias.

El "Compromiso Federal por el crecimiento y la disciplina fiscal", en esencia, extiende en el tiempo (hasta el año 2005) al acuerdo que se había alcanzado en el año 1999. Para sus primeros dos años de vigencia (2001/2002), se mantiene la idea de una suma fija que funciona tanto como piso cuanto como techo para las transferencias automáticas de Nación a provincias ($ 1.364 millones mensuales). En un contexto de crecimiento, esto significa mayores recursos para la Nación. En segundo lugar, la Nación y las provincias se comprometen a mantener congelados sus respectivos gastos primarios, lo que también redundaría en la reducción del déficit de ambos niveles de gobierno.

Al mismo tiempo, en momentos en que la posibilidad de default volvía a sentirse con fuerza, la Argentina conseguía un paquete de ayuda financiera ("blindaje") que permite solventar todas las necesidades de financiamiento del año en curso. En dicho esquema el mayor compromiso proviene del FMI (que se compromete a desembolsar u$s 13.700 millones en el período 2000/2003, de los cuales u$s 8.800 corresponden al 2001) así como de los bancos creadores de mercado (los colocadores habituales de bonos del gobierno nacional).

La reacción de los mercados no fue positiva en forma inmediata a la concreción de la ayuda, sino recién a comienzos de este año, una vez que el PEN firmó decretos (algunos de necesidad y urgencia) vinculados con la reforma previsional y la reforma del Estado, vetó artículos del Presupuesto Nacional (en particular el que abría la posibilidad de revertir la rebaja salarial en la Administración Pública Nacional) y, a la vez, se difundían mejoras en índices de actividad industrial o de confianza del consumidor. En ese contexto era previsible el cumplimiento de los compromisos asumidos con el FMI en materia de déficit fiscal. Sin embargo, el resultado de enero (ver infra), conjuntamente con la incertidumbre política generada hacia mediados del mes de febrero, pone en duda esta posibilidad.

En el mes de enero los recursos tributarios ascendieron a $ 4.219 millones, registrando un incremento del 2.6% respecto de igual mes de 2000. Si bien las autoridades consideraron como buena esta performance, la comparación con las cifras mensualizadas de la meta de recaudación contenida en el nuevo acuerdo con el FMI (antes de contabilizar los ingresos provenientes del Fondo Especial del Tabaco, del Fondo de Energía Eléctrica, pasajes aéreos, parques nacionales, parte de las asignaciones familiares, etc.), muestra ingresos inferiores en $ 73 millones a los esperados.

En el primer caso, debe notarse que el IVA corregido por días hábiles (hubo un día hábil más) y devoluciones arrojó una recaudación casi 5% inferior a la de un año atrás; sin embargo, también es cierto que los recursos tributarios muestran con cierto rezago (diferenciado por impuesto) la evolución del nivel de actividad/consumo domésticos. Por otra parte, también debe reconocerse que la reducción de impuestos recaudados provenientes del comercio exterior ha disminuido fuertemente en términos de la comparación interanual registrada en los meses anteriores.

En el primer mes del año el Sector Público No Financiero registró un déficit primario (sin privatizaciones) de $ 231.3 millones, cifra 113.6% superior a enero de 2000 ($ 108.3 millones).

Los recursos totales sumaron $ 4777 millones, aumentando 4.3% ($ 198 millones) con relación al año pasado. Casi las tres cuartas partes de este incremento obedecen a la expansión de los recursos no tributarios (crecieron 85% en un año).

El incremento del gasto primario alcanzó al 6.9% ($ 323 millones) en igual período, notándose aumentos en todos los rubros. La composición de la expansión es la siguiente: transferencias a provincias explican el 22.3% del incremento; pasividades, 21.6%; erogaciones de capital, 19.2%; otras transferencias (fundamentalmente universidades), 16.0%; salarios, 13.2% y, finalmente, bienes y servicios no personales, 7.7%.

Otros $ 274 millones en que se incrementó el gasto total provinieron del pago de intereses. Así, las erogaciones en conjunto aumentaron casi $ 600 millones respecto de un año atrás, explicado casi en partes iguales por el incremento en gasto primario e intereses de la deuda pública.

El déficit global del sector público no financiero sumó $ 985 millones en el primer mes del año. En ese período se consumió, entonces, casi la mitad del déficit pautado para el trimestre en el acuerdo con el FMI.