· Se convirtió en ley el proyecto para reimplantar el impuesto a los plazo fijos de las empresas. Se cobrará una alícuota de Ganancias de 35% sobre los plazos fijos y obligaciones negociables que emitan las empresas desde el 1° de enero de 2001. Esta ley compensa la baja gradual de la alícuota del Impuesto al Endeudamiento Empresario hasta eliminarlo a partir del 1° de julio de 2002. También fue sancionada la ley que fija la devolucuón del IVA a los turistas extranjeros, por los bienes y servicios que paguen en el país.

· Fue aprobada la ley para la radicación de supermercados en la provincia de Buenos Aires. Para la apertura de una nueva boca, las cadenas deberán contar con una doble autorización del gobierno provincial y municipal. Además se les aumentó 0.15% la alícuota de Ingresos Brutos.

· El Gobierno firmó la nueva Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional. Como paso previo a la instancia, el Gobierno impulsó cuatro condiciones básicas que explicitó en la Carta: el pacto fiscal que congela el gasto primario de las provincias hasta el 2005, la sanción del Presupuesto, la desregulación de las obras sociales y el envío al Congreso del proyecto de reforma previsional. Las reformas estructurales atadas al blindaje financiero son: ampliar la fiscalización tributaria a 100.000 contribuyentes durante 2001, consolidación de moratorias y prohibición por decreto de otorgar nuevas facilidades de pago, reforma previsional, del sistema de asignaciones familiares y del ANSES, racionalización del PAMI, informes trimestrales sobre el cumplimiento del pacto fiscal con las provincias, proyectos de ley sobre buenas prácticas financieras y dirección societaria, y sobre intervención y liquidación bancaria, cronograma para la eliminación de sobretasa del Arancel Externo Común a fines de 2002 y puesta en marcha del nuevo marco regulatorio de telecomunicaciones.

· Ante el aumento de los casos de encefalopatía espongiforme bovina conocido como "síndrome o mal de la vaca loca", el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) impuso restricciones a los subproductos vacunos provenientes de países afectados. La medida es transitoria y se adopta como emergencia ante la persistente aparición en rodeos bovinos de Europa de focos de virus, que es transmisible a los seres humanos.

· El presidente De la Rúa firmó por decreto 30 medidas económicas y sociales. La intención es reavivar el proceso de reforma del Estado. Otro punto saliente lo constituyó la decisión de avanzar en un plazo no mayor a 2 meses, en una negociación con las provincias que permita suprimir las jubilaciones de privilegio. Además se destrabaron varios contratos de concesión, con el fin de acelerar obras públicas, y se reglamentó la creación del Tribunal de Defensa de la Competencia.

· El Poder Ejecutivo creó un nuevo mecanismo para enfrentar la evasión previsional. Un decreto reglamentario de la Ley Antievasión ofrece a las empresas un plazo de 30 días para evitar ser multadas si reciben una denuncia por no depositar los aportes. En ese período deben presentar un plan de pagos que será girado a la AFIP para que fiscalice su cumplimiento. De lo contrario, la compañía deberá enfrentar sanciones mayores.

· El decreto que reglamenta la Ley de Infraestructura (1299/2000) fue consensuado con la Cámara Argentina de la Construcción y los bancos interesados en financiar las obras, establece el régimen para la participación del sector privado en el desarrollo de ese plan bajo el sistema inglés de construir, operar hasta su repago y luego transferir las obras al Estado.

· Mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa resolvió usar como única variable las ventas totales anuales para distinguir a las micro, pequeñas o medianas empresas. La medida abre a las firmas más chicas la posibilidad de utilizar los instrumentos de asistencia previstos por el Gobierno para el sector, entre los que se destacan los créditos con tasa subsidiada.