· La empresa minera canadiense Barrick Gold invertirá U$S 1.250 millones para procesar oro y plata en el yacimiento minero Pascua-Lama en la provincia de San Juan y tomará 5.000 operarios.
· El Ministerio de Economía lanzó un paquete de medidas para endurecer la lucha contra la evasión. La moratoria estará acompañada por la anulación del bloqueo fiscal y el régimen de presentación espontánea, y se exigirán más garantías a las empresas que operan con diferimientos impositivos. Si se deja de cumplir la moratoria, se reactivará la totalidad de la deuda. Además, las firmas que actúan como agentes de retención tendrán que hacer controles adicionales para detectar infractores. En caso de que no estén al día, la nueva resolución las obligará a retener en forma adicional 100% del IVA facturado en el período.
· La Argentina firmó con EE.UU. un acuerdo de cielos abiertos en la última etapa de gobierno del ex presidente Carlos Menem, que luego fue suspendido por el actual presidente De la Rua. Esta decisión hizo que el tema pasara a encabezar, junto con patentes, la agenda bilateral entre ambos países.
· El Ministerio de Economía, privilegiando la asistencia a los distritos más pequeños, firmó con Formosa, Jujuy y Chubut los acuerdos para la refinanciación de las deudas provinciales, por el que recibirán en conjunto $ 422 millones para el saneamiento de las cuentas, a cambio de un ajuste en el gasto por $199 millones, logrando compromisos de reducir el déficit fiscal en $255.7 millones, lo que representa un 58%. Chubut recibirá este año una asistencia de $ 80 millones, Formosa de $ 187.2 millones y Jujuy de $ 144.6 millones. La Nación pondrá $ 1.074 millones del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Regional y en créditos del Banco Nación que se destinarán al pago de capital e intereses de las deudas provinciales. Los gobernadores asumieron compromisos de aprobar normas de solvencia y transparencia fiscal, reestructurar y perfeccionar los sistemas tributarios para las provincias y municipios.
· La AFIP flexibilizó las condiciones de la moratoria impositiva y previsional que el gobierno había dispuesto en enero, con facilidades hasta siete años. Las tasas que pagarán los contribuyentes y responsables que adeuden hasta $ 150.000, serán del 6% anual, a abonarse en hasta 84 cuotas. La cobranza se realizará el 22 de cada mes y será condición tener pagos los impuestos desde el 1° de noviembre de 1999. Por ese motivo, se habilitó un plan para normalizar las deudas vencidas entre aquella fecha y el 29 de febrero último. No se requerirá la constitución de garantías. Los que opten por el pago en cuotas deberán ingresarlas únicamente mediante débito automático.
· Los profesionales independientes que perciben ingresos anuales entre 36.000 y 144.000 pesos podrán seguir siendo responsables no inscriptos, de acuerdo con un fallo en la segunda instancia que declara inconstitucional al monotributo como opción obligatoria para esos contribuyentes.
· El Tribunal Arbitral del Mercosur ordenó a la Argentina desmontar en un plazo máximo de 15 días la salvaguardia contra tejidos de algodón importados desde Brasil, estableciendo que no pueden existir medidas restrictivas de ese tipo en el Mercosur.
· Las tarifas de peaje en rutas nacionales registraron, desde el 15 de marzo una rebaja de 8%, porcentaje que significará un recorte de $18 millones anuales en la facturación de las empresas concesionarias. La reducción tarifaria, que alcanza al 80% de las rutas, fue acordada el 6 de enero pasado. El Gobierno no acordó todavía la forma en que el Estado hará frente a la deuda.
· El Gobierno presentó el proyecto de ley para cambiar la carta orgánica del Banco Nación, que no incluye el compromiso asumido con el FMI para convertir la entidad en una S.A. Dentro de los cambios introducidos, se autorizan los préstamos de hasta $ 5 millones para empresas que tienen pasivos en otros bancos y la participación de la entidad oficial no sea superior al 50% del total de la deuda y de hasta $ 1 millón si es el único prestamista. El proyecto obliga a las empresas a contar con dos calificaciones de riesgo, lo que margina a compañías en problemas financieros.
· La Cámara de Diputados aprobó en general la reforma laboral consensuada por el Gobierno con los empresarios y la CGT. El PJ votó en contra del proyecto en general, pero a favor varios artículos en particular.