La estrategia del nuevo equipo económico que asumió a mediados de marzo apunta a despejar las dudas de corto plazo sobre la solvencia fiscal mediante la introducción de un impuesto a los débitos bancarios. Este es un gravamen que se ha utilizado en la Argentina durante la década del 90 y que se cobra hoy en varios países de la región. Tiene la ventaja de tener baja evasión y costosa elusión, pero es distorsivo al afectar más a los sectores de mayor rotación en los pagos y encarecer los costos de las empresas en un momento en el cual existen dudas sobre la competitividad de las mismas.

Al mismo tiempo, se espera acceder a financiamiento adicional para el segundo trimestre del año gracias a la mejora de expectativas que generaría el aumento en la recaudación y el apoyo político al programa.

Para el mediano plazo, y en la medida en que el Congreso delegue facultades o avance en la aprobación de leyes, aparece una serie de medidas que procura reformar el Estado y vender activos, además de las mejoras que puedan lograrse en la reforma previsional y en la regulación laboral (incluyendo el estatuto del personal público).

A diferencia de las reducciones de gasto público que fueron duramente cuestionadas por la dirigencia política, el programa ha recibido bastante apoyo al aumentar impuestos sobre las transacciones financieras y elevar la protección nominal y efectiva de varios sectores industriales. Por un lado, aumentan fuertemente los aranceles a la importación de productos finales y, por otro, se reducen los que recaen sobre las compras de bienes de capital.

Si bien estas medidas buscan algún tipo de reactivación por la sustitución de importaciones, envían una señal negativa para el crecimiento potencial de la economía, ya que éste depende de una mayor integración al mundo y no de elevar la protección. Asimismo, el cierre fiscal por la vía de impuestos y no por la reducción de gastos también atenta contra las mejoras de competitividad, ya que ajusta el gasto del sector privado (más eficiente) para mantener los niveles de gasto del sector público (más ineficiente). De allí la importancia de avanzar en las reformas estructurales, con señales claras que permitan generar oportunidades de inversión.

Para que el programa sea exitoso se requiere cumplir con varios pasos. En el corto plazo es necesario que se frene la caída de depósitos para evitar una asfixia crediticia que profundice la recesión. Ello depende de las expectativas que despierte el programa en la población durante las próximas semanas, y para ello el apoyo político parece ser esencial.

Además, es necesario que entren capitales del exterior que puedan financiar la recuperación del consumo primero, y luego de la inversión, más que compensando la contracción causada por la suba de impuestos. Durante la larga recesión el consumo ha caído menos que el producto lo que sugiere que los agentes económicos han reducido su ahorro. Esto deja como única vía para una rápida recuperación del consumo a la entrada de capitales. Esta entrada puede ser espontánea del mercado generada por un cambio de expectativas de los inversores locales e internacionales, o inducida por una ampliación del blindaje. Esta última posibilidad parece estar bastante acotada en sus montos.

Sin ese financiamiento es difícil que la sustitución de importaciones sea capaz de generar un efecto neto positivo sobre el conjunto de la economía, ya que ganarían los sectores industriales a expensas de los consumidores que deberían reducir algún otro gasto.

En el mediano plazo el programa enfrenta otros desafíos económicos y de índole política.

En las últimas semanas han vuelto a sufrir caídas los precios de las commodities agropecuarias y se ha vuelto a debilitar el Euro lo que se traduce en un nuevo golpe a la "competitividad" del sector exportador argentino, y la reducción en la tasa de interés de los Estados Unidos no ha sido suficiente para reducir en forma significativa los "spreads" de los bonos de alto riesgo, incluidos los de los países emergentes.

Por otra parte, en un contexto adverso vuelve a ser esencial que no se repitan ruidos políticos que aumenten la incertidumbre. Debe recordarse, por ejemplo, que en parte el efecto positivo del "blindaje" se desvaneció por la politización de las acusaciones contra el presidente del Banco Central.

En un contexto económico complicado se necesita todo el apoyo al nuevo programa, dejando de lado ruidos políticos de modo tal de que los efectos positivos sobre la solvencia fiscal y las reformas estructurales puedan impactar positivamente sobre la confianza, para así poder recuperar a la economía.