Como se había mencionado en el informe anterior, en la segunda quincena de marzo se evidenció una fuerte caída de los depósitos del sector privado. Con la última información disponible de los depósitos, no se observó una tendencia clara en la evolución de los mismos.

En los últimos 45 días varias medidas afectaron al funcionamiento del sistema financiero:

1. El BCRA decidió reducir en forma temporaria los requisitos mínimos de liquidez en 2 puntos porcentuales sobre los depósitos. Esta medida implicó liberar al sistema bancario de aproximadamente $1.700 millones.

2. El BCRA, en conjunto con el Poder Ejecutivo, decidieron que los bancos podían utilizar como parte del cómputo de sus requisitos mínimos de liquidez bonos emitidos por el gobierno por un monto de $2.000 millones.

3. El BCRA compró con sus reservas en oro y divisas aproximadamente $500 millones en títulos públicos.

4. El gobierno introdujo un impuesto a las transacciones financieras. Grava los débitos y los créditos de las operaciones en cuenta corriente. Se trata de un pago a cuenta por el IVA y el impuesto a las ganancias, lo que implicaría que sólo se adelantó fondos en el tiempo.

La primera medida estuvo destinada a dotar a los bancos de liquidez para hacer frente a la caída de depósitos. La segunda medida tuvo como propósito paliar el déficit del sector público.

La tercera medida también fue destinada a cubrir parte del déficit del sector público y tiene como único efecto el empeoramiento de la calidad en la relación reservas a pasivos monetarios, i.e. en el respaldo de la convertibilidad.

En teoría, estas tres medidas podrían haber sido expansivas, i.e. aumentado la oferta de dinero, si no hubieran sido destinadas a atesorar efectivo o a pagar cuentas en el exterior, tal como más abajo se explica.

La medida impositiva, por su parte, grava las operaciones en cuenta corriente e introduce un costo adicional a la bancarización. Se trata de una medida impositiva sumamente distorsiva dado que la posibilidad de elusión es alta. Recuérdese que la mayor elasticidad de la oferta y/o de la demanda incrementan el costo distorsivo de un impuesto.

Estas modificaciones tomadas pueden justificarse en base a la emergencia económica en que se encuentra el Estado Nacional. Sin embargo, el costo puede ser sumamente alto si se introduce más ruidos en el funcionamiento del BCRA, en particular en la independencia de sus políticas. Precisamente, la independencia del BCRA del Poder Ejecutivo se instrumentó en respuesta a la escasa, o nula, credibilidad en la política monetaria, en cuanto a la capacidad para mantener el valor de la moneda. Esto implicaba mostrar que el Banco Central no dependería de las necesidades de financiamiento del Tesoro por lo que no expandiría la cantidad de dinero sin un incremento simultáneo en la demanda del público por circulante.

Aunque es díficil establecer qué factor inició la salida de depósitos del sistema, no sería de extrañar que las últimas medidas tomadas en relación a la independencia del BCRA hayan contribuido a alentar una fuga de depósitos aún mayor.

La caída de depósitos acumuló un total de aproximadamente $3.400 millones desde el 9 de marzo hasta el 25 de abril. La reducción en el monto de depósitos se concentró en los depósitos a plazo fijo (-$2.900 millones) y en caja de ahorros (-$1.800 millones) que, en parte, fueron compensados por un incremento en los depósitos a la vista (+$1.300 millones).

Está caída de los depósitos fue atendida por los bancos a través de una reducción en su integración de requisitos mínimos de liquidez. En efecto, la reducción de la integración realizada en Nueva York en dólares fue de $1.900 millones y la realizada en el Banco Central a través de operaciones de pases pasivos otros $3.000 millones. Además, los préstamos recuperados por los bancos (caída de préstamos al sector privado en el mismo período) alcanzó a $1.000 millones. Esto suma $ 5.900 millones que fueron aplicados en $3.400 millones para devolver los depósitos que se fueron del sistema, $2.000 millones a recuperar parte de los requisitos mínimos de liquidez con la compra de títulos públicos y los restantes $500 millones se distribuyeron en la compra de otros títulos y en ampliar la cantidad de efectivo en las cajas de los bancos.

El Banco Central, por su parte, vio reducido su acervo de reservas internacionales en oro y divisas en $4.700 millones. Parte de esa reducción fue destinada a comprar títulos públicos por aproximadamente $450 millones, por lo que las reservas netas cayeron en sólo $ 4.250 millones.

Esa reducción de reservas ¿adónde se destinó?. La base monetaria sólo se contrajo en $1.250 millones, por lo que los restantes $3.000 millones correspondió a devolución de los pases pasivos que fueron transformados por los bancos en depósitos devueltos pero, sobre todo, en títulos públicos que utilizó el gobierno para pagar sus gastos.

El sector privado no financiero, que demandó sus depósitos, redujo los mismo en $3.400 millones y redujo su demanda de pesos (billetes y monedas) en $1.400 millones. Parte de ese dinero lo destinó a pagar sus préstamos ($1.000 millones) y el resto ($3.800 millones) fue atesorado o enviado al exterior.

En definitiva, el gobierno captó recursos por $2.750 millones ($ 2.300 millones colocados a los bancos más $ 450 millones al Banco Central) y las familias atesoraron $3.800 millones, lo que suma un total de $6.550 millones. ¿Cuánto fue la reducción de las reservas totales del sistema financiero, esto es, del BCRA y de los bancos? Ese total fue de $6.600 millones ($4.700 millones del BCRA y $1.900 millones de los bancos), lo que indicaría que estos movimientos, de las familias y del sector público, implicaron esa caída de reservas y se transformaron en un incremento en la tenencia de dólares de ambos agentes o fueron girados al exterior.