El aumento en el riesgo país el mismo día en que la Reserva Federal reducía en forma inesperada la tasa de interés en los Estados Unidos marca la gravedad de la situación económica argentina. Nuestro país es, sin duda, el que más se beneficia en Latinoamérica de una menor tasa de interés en dólares porque tiene una deuda importante y porque ello puede contribuir a depreciar al dólar con relación a otras monedas fuertes. Que una decisión sorpresiva de la FED no haya reducido el riesgo argentino es una señal de que los mercados de capitales consideran que estamos potencialmente en camino a una cesación de pagos.

La Argentina todavía tiene margen para escaparse de una situación que empujaría al país a una recesión brutal. El incumplimiento desataría una fuga de capitales y ello produciría una contracción feroz en la actividad económica, más pronunciada que en otros países que pasaron por trances similares dada la poca integración comercial de la Argentina al mundo, lo cual dificulta que se "reemplacen" en forma rápida los dólares financieros por más dólares de exportación. Tampoco hay antecedentes cercanos de países del nivel de desarrollo de la Argentina y con un sistema financiero relativamente desarrollado que hayan enfrentado un proceso de reestructuración de la deuda. Ecuador y Rusia son ejemplos traumáticos pero con menor nivel del PIB per cápita e intermediación financiera más reprimida.

Pero por más que todavía haya margen de acción no podemos esperar a que la buena fortuna resuelva los problemas. Al ir desapareciendo en forma gradual los efectos del blindaje la Argentina debe volver a colocar bonos en los mercados internacionales; y aún para este año se debe tener en cuenta que el financiamiento local depende de que haya confianza suficiente para recuperar al menos una parte de los depósitos que han abandonado al sistema financiero; en caso contrario el Estado nacional, las provincias y las empresas grandes que deben hacer pagos al exterior podrán financiarse con fondos locales pero a costa de generar una asfixia crediticia sobre el resto de los tomadores de préstamos. En ese contexto, la economía no sólo no se reactivará sino que se corre el riesgo de agravar más la recesión.

El equipo económico ha actuado tratando de parar la hemorragia fiscal con un impuesto de alto rendimiento y ha adoptado algunas medidas heterodoxas que procuran sostener a algunos sectores en problemas. ¿Por qué dudan los mercados de capitales entonces?

Por un lado, las recientes modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central y las dudas que se han instalado sobre la independencia de esa entidad en el futuro, generan incertidumbre.

Por otra parte, se ha transmitido la señal de que tenemos restricciones para acceder al crédito exterior al utilizar las reservas de las entidades financieras para pagar la deuda. Esta medida sería aceptable en un contexto de emergencia si se ve claramente un programa estructural que asegure que la Argentina puede volver a crecer a tasas del orden del 4 ó 5% al año. En lugar de ver este programa, los mercados perciben los efectos anticrecimiento de subir aranceles y crear una enfermería para algunas empresas de dudosa viabilidad, la fuerte dependencia fiscal de un impuesto distorsivo que deberá ser moderado en el futuro, el reemplazo de algunas reglas por discreción (no sólo por las reformas en la Carta Orgánica del Banco Central sino por la propia definición de los programas sectoriales y la posibilidad de que el Ejecutivo modifique tasas impositivas en forma ad-hoc e incluso retroactivamente), y finalmente una nueva coalición política que luce inestable en este marco de expectativas. Incluso, cuando aparecen algunas señales que van en el buen sentido como la intención de acelerar las reformas en las provincias tal cual surge del reciente pacto firmado con Buenos Aires, se duda acerca de las posibilidades de ejecución inmediata ante la falta de incentivos claros del gobierno provincial para cumplir con lo pactado.

Por ello y para despejar incertidumbres el gobierno debería explicitar su programa estructural y ejecutar en forma inmediata una parte importante del mismo. Las promesas que puedan hacerse para el futuro valen poco en un país que últimamente ha incumplido con varias realizadas en el pasado (e.g. la ley de Responsabilidad Fiscal aprobada en 1999).

Un programa estructural integral no puede ser realizado con la delegación de facultades que el Congreso Nacional aprobara recientemente. Estas facultades sólo permiten cambios impositivos y avanzar en la reforma del Estado pero con fuertes condicionamientos. Además, muchas de las reformas pendientes que mejorarían la competitividad dependen de decisiones de los gobiernos provinciales.

Por ello, los representantes políticos argentinos deberán avanzar en reformas estructurales. Y en este campo sólo hay espacio para medidas que ordenen al fisco y den incentivos correctos para las decisiones privadas de consumo e inversión. Algunos ejemplos son los siguientes:

1. Aprobar por Ley una nueva reforma previsional corrigiendo el decreto suspendido pero no como quieren algunos legisladores sino en sentido inverso (aumentando directamente la edad de la mujer a 65 años y eliminando la prestación mínima para quienes no cumplen con los aportes dado que existen pensiones de Acción Social para ese fin que hacen innecesaria la BU).

2. Aprobar por Ley la desregulación de las obras sociales terminando con el monopolio sindical.

3. Los Congresos de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe deberían adherir en forma inmediata al Decreto 2284 de desregulación que modificara varias trabas burocráticas en la Ciudad de Buenos Aires y que fuera dispuesto en la gestión previa del Dr. Cavallo como Ministro de Economía.

4. Las cinco jurisdicciones grandes deberían comprometerse a reemplazar antes de fines de año los impuestos a los Ingresos Brutos y a los sellos por un IVA provincial.

5. Las provincias patagónicas deberían abandonar los pleitos por supuestos incumplimientos en el impuesto de sellos por contratos entre ausentes que han llevado a demandas de montos rídiculos.

6. El Ejecutivo Nacional debería utilizar la facultad de poderes para eliminar las exenciones en IVA y Ganancias que no tienen un justificativo económico. El Congreso de la Nación debería enviar una señal clara de su apoyo a la lucha contra el fraude eliminando la exención para las naftas patagónicas.

7. La delegación de poderes debería ampliarse para permitir una reforma del Estado seria e incluir la posibilidad de flexibilizar la regulación laboral para las empresas medianas y pequeñas.

8. El Ejecutivo podría poner una fecha para eliminar las medidas arancelerias de emergencia y además establecer una regla clara de cómo se llevará a cabo la "política activa" para intentar al menos pasar de una situación de "sostener a los irrecuperables" por una de "picking the winners".

9. Además, habría que adoptar algunas medidas adicionales de reducción de gasto público nacional y provincial para que resulte claro que el déficit caerá aún cuando se modere el impuesto a las transacciones financieras.