INDICADORES LABORALES

La Encuesta del Ministerio de Trabajo, muestra que el empleo formal, continuó retrayéndose, aunque a una tasa levemente menor que en los meses anteriores. El empleo formal, mantiene esta tendencia descendente desde fines de 1999, acumulando desde ese momento una reducción del 3.6%. Esto significa que entre el último trimestre de 1998 y abril de este año, se destruyeron aproximadamente 200 mil puestos de trabajo en el sector formal privado de la economía.

Medido en término de horas, la caída anual es aun mayor. En el último año, las horas trabajadas se redujeron en un 5.6%, mientras que el empleo total cayó un 2.2%.

Los relevamientos efectuados en Córdoba y Rosario muestran un comportamiento más estable del empleo. En Córdoba, el empleo privado formal, mantiene en abril el mismo nivel que en abril de 1999, aunque las horas trabajadas se redujeron en un 8.2%. En Rosario, la serie comienza recién en junio del año anterior; desde ese momento, el empleo se redujo en un 0.5%, en tanto que las horas trabajadas cayeron un 10.1%.

La caída en el empleo formal, fue acompañada por un incremento en las prestaciones de los subsidios por desempleo. En 1999, el número de prestaciones promedio mensual se ubicó en 114176 lo que representó un aumento del 26% respecto al registro del año anterior, aunque se ubican un 12% por debajo del promedio de 1996 que ostenta el máximo nivel de prestaciones desde el inicio del programa.

Los datos de abril de este año, muestran que el número de prestaciones se ubica en 122502, nivel superior al promedio del año anterior y un 15.5% por encima del nivel de abril de 1999. El aumento en las prestaciones por desempleo, es un indicio mas de las dificultades que enfrenta el mercado de trabajo.

A los subsidios por desempleo acceden solamente los ocupados, que han perdido el trabajo por razones ajenas a su voluntad. Están excluidos de la prestación el personal de la administración pública y de la construcción, estos últimos porque tienen un sistema propio de cobertura. La duración de la prestación está asociada al tiempo de aportes efectuados por el trabajador a la Seguridad Social. El subsidio que se otorga, si bien está vinculado al salario, tiene un mínimo de 150 pesos y un máximo de 300.

En este contexto de caída del empleo, fue finalmente sancionada la reforma laboral. La ley sancionada, extiende el período de prueba a tres meses y a seis en el caso de pequeñas y medianas empresas, períodos que pueden duplicarse a tráves de convenios colectivos.

Por otra parte, se introducen incentivos a la contratación de nuevos trabajadores, a través de la reducción de los aportes de los nuevos contratados a un tercio de los aportes actuales y a la mitad para ciertos grupos poblacionales (mujeres jefes de hogar, hombres mayores de 45 años y jovenes).

Sin embargo, el contenido más relevante de la reforma son las modificaciones a la Ley de Convenciones Colectivas, ya que se establece la descentralización de las negociaciones, permitiéndola llevar a nivel de empresa y otorgándole participación a los trabajadores de la empresa, junto con el sindicato central, en la negociación de los convenios.

También se elimina la ultraactividad, con lo cual se obliga a la renegociación de convenios hoy vigentes desde la década del ’70.

En el ámbito de las nuevas medidas que anunció el gobierno, algunas afectan el mercado de trabajo. En este sentido, se propone una reducción de los salarios en el sector público del 12% para las remuneraciones entre 1000 y 6500 pesos y del 15% para remuneraciones superiores a esa cifra. La reducción alcanza a todo el personal del Poder Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y de Seguridad y el Poder Legislativo. Esta reducción de salarios genera un ahorro de recursos cercano a los 280 millones de pesos para el corriente año y 480 millones de pesos para el año 2001.

Otra de las medidas esta vinculada al sistema de jubilación. La propuesta, que requiere aprobación del Congreso, establece la rebaja para los nuevos jubilados del monto de la Prestación Básica Universal. En la actualidad, el monto de la misma es de 200 pesos y se propone su reducción a 150 para los hombres y de 125 para las mujeres que se jubilen a la edad de 60 años (edad que establece la ley). Por cada año adicional que una mujer permanezca en el mercado de trabajo se adicionan $ 5 a la PBU hasta llegar a los 150 a los 65 años.

El establecimiento de montos diferenciales de la PBU entre hombres y mujeres es justificado por el hecho que las mujeres se retiran a edad más temprana. El pago escalonado de la PBU, tiene por objetivo incentivar a las mujeres a permanecer por mas tiempo en el mercado.

Si bien suenan medidas razonables, sería preferible elevar la edad de jubilación de las mujeres, ya que no existen argumentos para que existan edades diferenciadas de retiro.

Por otra parte, se propone la eliminación de la jubilación por edad avanzada, que actualmente se otroga a los individuos que tienen al menos 10 años de aportes y 70 años de edad. Dada la eliminación de esta prestación, se pretende dar cobertura a todos los individuos que carecen de otros ingresos mediante un haber de 80 pesos al mes.

El ahorro por la reducción de la PBU es creciente en el tiempo, pero sería cercano a los 400 millones promedio anual entre el 2001 y el 2010. La estimación del costo de establecer la prestación a los individuos carentes de cobertura previsional requiere de información más especifica sobre la población que cubriría.

Finalmente, entre las medidas anunciadas, se encuentra la desregulación de las obras sociales. En este sentido, se propone que dentro del espectro de prestadores que los trabajadores puedan elegir para brindarles cobertura de salud se incluyan a las empresas de medicina prepaga. Esto al introducir mayor competencia, incentiva la mejora de la cobertura de salud de los trabajadores.

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