Al asumir el gobierno de la República Argentina el presidente De la Rúa tomó algunas decisiones económicas apuntando a reducir el déficit fiscal, modificar la relación Nación-provincias y reformar parcialmente la legislación laboral. Ese paquete de medidas fue "calibrado" suponiendo que las condiciones externas que crearon la recesión económica iban a mejorar gradualmente a lo largo del año. Esta visión "optimista" de las variables externas no era una apuesta descabellada: la mayoría de los analistas económicos internacionales esperaba una mejora en los precios de las commodities agropecuarias, un debilitamiento del dólar con relación al euro y una leve apreciación del real brasileño.

Pero en los hechos la cosa fue peor de lo esperado. No sólo no mejoraron estos indicadores (ver cuadro 1) sino que se agregó un nuevo factor de incertidumbre al desbarrancarse las bolsas en Estados Unidos y subir la Federal Reserve en forma bastante agresiva la tasa de interés. Naturalmente ello puso una traba a la recuperación económica de la Argentina. Así por ejemplo, los datos de producción industrial de FIEL del mes de abril muestran a la actividad estancada en los niveles de marzo (luego de corregir por factores estacionales).

Además del empeoramiento en los indicadores externos hubo algunos cortocicuitos importantes en el flanco doméstico que ayudaron a aumentar todavía más el riesgo país. Un integrante del equipo económico propuso nuevos cambios en los impuestos (gravar las ganancias de capital, imponer los intereses de los plazos fijo de las empresas y modificar la tributación sobre los dividendos) en un contexto recesivo y altamente sensibilizado a los cambios de impuestos luego de las subas importantes que se aprobaron a fines de 1999.

Si bien la exención que concede la Argentina a las ganancias de capital luce excesiva con relación a la práctica usual de otros países (que las gravan a tasa reducida) en un contexto de bajas inversiones y pérdidas de capital la propuesta luce extemporánea. Por otra parte, gravar los intereses de los plazos fijo de las empresas para rebajar el impuesto a los intereses pagados no parece razonable. El impuesto a los intereses corrige en forma imperfecta el sesgo que tiene el sistema tributario argentino a favor de los proyectos que se financian con deuda. Esto es así porque en la Argentina no se gravan los intereses de los plazos fijo, que es la alternativa utiizada por otros países, y que difícilmente sea viable en nuestro país por la alta movilidad de capitales. Gravar los intereses activos es un sustituto que aunque imperfecto tiene menos problemas de control fiscal. De todas maneras, cualquier propuesta de gravar intereses de depósitos en el contexto macroeconómico actual de alta incertidumbre es perniciosa. Finalmente, modificar el tratamiento impositivo de los dividendos permite inferir una intención de gravar en exceso a los accionistas. La Argentina exime los dividendos en cabeza del accionista pero luego de que la empresa retuvo el impuesto a las ganancias. Ello hace que los dividendos resulten gravados a la tasa del 35%, que es la marginal máxima para personas. Si algo es criticable es que los dividendos se gravan en "exceso" porque los accionistas que tienen alícuotas marginales menores, terminan pagando el 35% por sus ingresos por este concepto.

Peor aún, el Jefe de Gabinete y el Vicepresidente de la Nación se sumaron al coro de críticas al FMI, precisamente cuando visitaba el país el nuevo titular del organismo internacional, y el Secretario de Seguridad Social propuso aumentos en las jubilaciones, financiados con emisión de deuda; una propuesta que debió rectificar rápidamente dados los problemas de la Argentina para acceder al crédito inernacional.

La sensación que recibieron los mercados es que había fracturas en la coalición gubernamental con una fuerte presión para aumentar el gasto público social en el medio de la recesión, aún cuando no haya fondos disponibles para hacerlo.

Obviamente, en un país altamente endeudado y que paga tasas muy altas de interés por esa deuda, esas propuestas resultan claramente erróneas; la Argentina necesita un rápido ordenamiento de las cuentas fiscales, a pesar de que ello luce particularmente difícil en el medio del ajuste deflacionario que se está produciendo.

La decisión de ajustar al fisco en el medio de una recesión apuesta a que la rebaja en el riesgo país que produce un Estado más solvente más que compensa el efecto negativo de corto plazo sobre la actividad económica de las medidas restrictivas. En verdad, en el orden de medidas a adoptar en el medio de un receso claramente son preferibles la venta de activos y una masiva desregulación o medidas que reduzcan el gasto a futuro. El problema del gobierno nacional de la Argentina es que queda poco por vender (el Banco Nación es una excepción pero con una fuerte resistencia política), o por desregular luego de avanzar en el campo laboral (una excepción es introducir competencia a las obras sociales).

Dentro de las medidas que mejoran el desempeño fiscal a futuro se destacan ajustes al sistema previsional (suba de edades jubilatorias y reducción en los mínimos garantizados por el Estado), pero existen obvias resistencias en el Congreso; y una nueva ley de coparticipación federal de impuestos que resuelva en forma definitiva los tironeos de fondos entre la Nación y las provincias. Además habría que complementarlas con mayores reducciones en el gasto dado que los datos de actividad económica sugieren que la recaudación no podrá estar a tono con lo previsto en la Ley de Responsabilidad Fiscal y en el acuerdo con el FMI.

Estas medidas son duras pero son las que permiten demostrar que la Argentina ha entendido la magnitud del problema que enfrenta para de esa manera aliviar la presión que los mercados han puesto en los últimos días. Tampoco alcanzan para generar una reactivación económica vigorosa porque la misma depende de una mejora en los indicadores externos que no se vislumbra en el corto plazo, pero si alcanzarían para mostrar que la Argentina comprende las restricciones que le ha tocado vivir en los últimos dos años. En definitiva, el mundo moderno no tolera la indisciplina fiscal o las aventuras. Es hora de que nuestros políticos así lo entiendan.