La entrada en vigencia del nuevo impuesto sobre las transacciones financieras sólo pudo atemperar la caída de recaudación del mes de abril. Así, a la disminución interanual del 12.9% en marzo se suma una nueva contracción (9.1%), en el último mes.

En comparación con la meta mensualizada de recaudación contenida en el acuerdo -no reformulado- con el FMI, en lo que va del año la diferencia acumulada alcanza a los $ 1271 millones, y ello pese a que el nuevo impuesto aportó recursos -antes no contabilizados- por $ 184.5 millones. En tanto, si se considera la estimación contenida en el acuerdo revisado todavía subsiste una diferencia, que se ubica en los $ 237 millones (6.7% de la recaudación efectiva en el mes). En relación a lo ingresado en igual período de 2000, la brecha alcanza a los $ 712 millones o, en otros términos, al 4.6% de la recaudación.

La contracción de la economía y las muy altas tasas de interés vigentes a lo largo del mes de abril último, resultan una clara explicación de la disminución de los montos ingresados a las arcas públicas. La caída del nivel de actividad induce, en forma directa, menores ingresos por menor nivel de base imponible, pero además, las altas tasas aumentan la mora, ya que el costo de endeudarse con el fisco es sensiblemente inferior al de hacerlo con el sector financiero.

En este mismo sentido opera el impuesto sobre las operaciones en cuenta corriente: al ser un impuesto muy difícil de evadir (aunque siempre existen ciertas alternativas de elusión), genera un efecto desplazamiento sobre el resto de los impuestos; esto es, con el nuevo impuesto, no todo es ganancia de recaudación: hay un efecto de "desvío impositivo"; además, por supuesto, de generar un efecto de absorción sobre el consumo y la inversión.

De este modo, todos los impuestos vinculados en forma cuasi-contemporánea con el nivel de actividad muestran comportamientos contractivos -siempre en la comparación interanual-: IVA (-9.4%), internos (-6.9%), sobre los intereses (-48.4%), sobre el comercio exterior (-2.1%), sobre los combustibles (-17.1%).

Otro elemento que se debe tener en cuenta es la fuerte contracción registrada en el impuesto sobre las ganancias (-20.2%). En este caso, una parte de la explicación radica en que, si bien como en abril de 2000, fue en este mes que las personas físicas debieron ingresar el saldo de su impuesto, los anticipos ya habían alcanzado al 100% del ingreso declarado el año anterior. Considerando que el nivel de actividad del año 2000 fue inferior al del año 1999, es altamente probable que no hubiera saldos importantes por pagar.

En este contexto, un escenario imaginable es que, de no mediar una reducción fuerte del gasto público, la economía argentina haya ingresado en un círculo vicioso: necesidad de mayor recaudación para cubrir el déficit, mayores impuestos, menor nivel de actividad, necesidad de mayor recaudación, mayores impuestos, etc., en particular en el marco de una política económica de alta discrecionalidad sectorial.

Al cierre del cuarto mes del año, el Sector Público No Financiero registraba un déficit primario (antes del pago de intereses) de $ 477 millones, lo que significa un aumento de $ 926 millones respecto del mismo período del año anterior. El déficit global, en tanto, ascendió a $ 3893 millones, monto 48% superior al del primer cuatrimestre de 2000. El incremento se explica, fundamentalmente, a partir de la disminución de los recursos en el período corriente.

El gasto primario acumulado al mes de abril alcanzó a $ 17666 millones, manteniéndose aproximadamente en los mismos niveles que en el primer tercio del año pasado (aumentó 0.1%). Este comportamiento no es el resultado del mantenimiento constante de todos sus componentes, sino que refleja aumentos y disminuciones en distintas áreas. Así, hubo un crecimiento de $ 258 millones que se explica de la siguiente manera: en un 29% por el incremento de las erogaciones en bienes y servicios no personales, 26.1% por gastos de capital, 24.4% por erogaciones de la seguridad social, 20.1% por transferencias no destinadas a provincias y el 0.4% restante por otros gastos operativos. La reducción por $ 233 millones se origina, fundamentalmente, en transferencias a provincias y salarios, en menor medida.

El pago de intereses se acrecentó un 11% en el acumulado del año, alcanzando a $ 3420 millones.

De esta manera, el déficit consolidado del Sector Público No Financiero (sin incluir ingresos por privatizaciones), contabilizando el resultado cuasi fiscal del BCRA ($ 22 millones) y el Fondo de Reestructuración Administrativa, alcanza $ 4022 millones.

En tanto en el acumulado anual las metas del acuerdo reprogramado en mayo no establecen modificaciones respecto de lo pautado originalmente (Diciembre de 2000), sí plantean cambios significativos en la evolución trimestral. Así, se autoriza un aumento importante del déficit del Sector Público Nacional en el segundo trimestre ($ 1140 millones), que deberá ser compensado casi en su totalidad en la cuarta parte del año (ver Cuadro).

El menor déficit del último trimestre se justificaría en una mejora en el nivel de actividad (en la Carta de Intención el gobierno estima que el PBI crecerá entre 2 y 2.5% en el año, con una expansión interanual del 5% en el último trimestre) y en los efectos de las medidas tomadas por el gobierno a fin de asegurar el financiamiento.

Entre las medidas mencionadas figuran: el impuesto a las Créditos y Débitos (incluido el reciente aumento de su alícuota), la eliminación de exenciones en el IVA, reducciones y reformas en el gasto del gobierno nacional e ingresos por licitaciones de telecomunicaciones.

A su vez, las principales reformas estructurales en las cuales, conforme al acuerdo, deberá avanzar el Gobierno, incluyen:

Administración tributaria:

Reformas de la Seguridad Social:

Finanzas Provinciales:

Sistema Financiero:

Política Comercial:

Competencia y Desregulación: