· La legislatura bonaerense sancionó una norma que suspende por 180 días la instalación de supermercados mayores a 1.000 m2 de superficie en distritos de menos de 300.000 habitantes en toda la provincia. Para partidos que tengan más población el límite es de 2.000 m2.

· Argentina fue oficialmente reconocida como país libre de aftosa sin vacunación, que después de casi 30 años elimina el principal obstáculo para que las carnes argentinas entren en mercados como Japón, Corea o México.

· El Gobierno Nacional anunció el recorte del gasto público anual de u$s 938 millones para bajar el déficit fiscal en un 30% y alcanzar la meta comprometida con el Fondo Monetario Internacional. El paquete está centrado en la reestructuración organizativa del Estado y el recorte del gasto salarial de la Administración Pública Nacional. Esto último se efectuará a través de la eliminación de cargos, vía retiros voluntarios y la disminución de haberes en un 12% para los empleados estatales que ganen más de $1.000, y del 15% en los mayores a $6.500. También se prevé una reducción en las jubilaciones de privilegio de ex funcionarios de entre 33 y 50%. Habrá recortes presupuestarios en el conjunto de las jurisdicciones para compensar incrementos de crédito en el Plan Trabajar, Programa de Obras por Inundaciones y otros, por un monto aproximado de $300 millones. Como complemento del ajuste, se anunció que el Gobierno impulsará inversiones privadas por $24.000 millones en 5 años.

Fueron anunciadas además dos reformas estructurales. La reforma previsional, que reduce para los futuros jubilados la prestación básica que paga el Estado. Se fijará en $150 para los hombres y $125 para las mujeres que quieran jubilarse a los 60 años, ($ 150 si aceptan jubilarse a los 65 años). La de las Obras Sociales que fija por decreto la libre competencia entre obras sociales y empresas de medicina privada a partir del 1/1/2001.

· Fue firmado el decreto N° 434 antievasión que contiene la prohibición de hacer pagos en efectivo por operaciones que superen los 10.000 pesos o dólares. Se crea el cheque cancelatorio, que será emitido por el Banco Central, y que tendrá validez similar a los cheques de viajero, pero con aval del Estado. Se transmitirá mediante endoso nominativo, y se permitirán hasta dos, que deberán ser certificados ante escribano o juez. Entrará en vigencia luego de la reglamentación del BCRA, que tiene 180 días para emitirla. La AFIP no tomará en cuenta pagos superiores a $ 10.000 en efectivo para deducciones o créditos fiscales, aunque se pueda demostrar su veracidad.

· El Gobierno Nacional prorrogará por 5 años el decreto 197/92, con vencimiento el 31 de diciembre próximo, que establece aranceles móviles para la importación de azúcar que se aplica sobre el ad valorem fijo de 20 % que tiene el producto, incluido el producto de origen brasileño.

· El presidente De la Rúa firmó el decreto N°465/2000 por el cual se desrreguló el mercado de las telecomunicaciones, a partir del cual se prevé que ingresarán al país unos U$S 5.000 millones de inversiones genuinas en los próximos años. Hay 15 nuevas empresas que esperan entrar al negocio telefónico tras la desregulación.

· El Gobierno dispuso por decreto la suspensión de ajustes semestrales hasta el 31 de diciembre del 2002 de las tarifas correspondientes al suministro domiciliario de gas natural y la electricidad, de acuerdo con la evolución del índice de precios de Estados Unidos (PPI).

· El Ente Nacional Regulador de Gas resolvió bajar el umbral de consumo de 10.000 metros cúbicos a 5.000 metros cúbicos diarios de gas natural, necesarios para acceder al mercado mayorista del rubro.

· El Gobierno Nacional dispuso por decreto N° 484/2000 una reducción del tope de horas extras para dinamizar la creación de puestos de trabajo. La norma volvió al esquema horario que regía en 1979. Se fijó un máximo de 200 horas suplementarias anuales y de 30 horas mensuales. Además se levantó el requerimiento de contar con una autorización previa ante el Ministerio de Trabajo para la utilización de las horas extras. La medida rige tanto para los trabajadores públicos como para los privados.