Los números de actividad económica del segundo trimestre del año han sido desalentadores. El gráfico adjunto muestra que los indicadores de actividad industrial (el IPI de FIEL y el EMI del gobierno) revelan que el segundo trimestre del año se encuentra, corregido por estaciona-lidad, por debajo de los niveles alcanzados en el primer trimestre. Lo propio ocurre con los indicadores de actividad de la construcción (el ISAC del gobierno). Sólo muestran crecimiento los servicios públicos que, según se desprende del gráfico, han observado una tendencia positiva en los últimos años, y las ventas de supermercados.

Al mismo tiempo se difundieron los datos de desempleo. El aumento de la tasa al 15.4% causó un impacto negativo, aunque en verdad y luego de dos años de recesión, el funcionamiento del mercado laboral fue mejor que el esperado. A diferencia de lo ocurrido durante la crisis del Tequila, el empleo en valores absolutos no se redujo en relación al inicio de la recesión. El número de desempleados aumentó porque continuó creciendo la cantidad de personas que busca empleo, pero evidentemente la mayor flexibilidad legal y de hecho que tiene el mercado argentino de hoy permitió morigerar el impacto negativo de la recesión sobre el número de empleados.

La suma de noticias negativas ha generado ciertas dudas sobre el futuro de la economía argentina. Los pesimistas argumentan que la Argentina enfrentará una crisis profunda, apoyándose en alguna de las siguientes razones: a) por insolvencia fiscal, b) por una crisis de balance de pagos o c) por una implosión deflacionaria. Estos pronósticos lucen extremadamente pesimistas por las razones que se exponen a continuación.

El argumento de la implosión deflacionaria señala que a una economía en recesión el gobierno le sumó un ajuste fiscal que terminó de deprimir la demanda agregada. Ello lleva a una nueva reducción del consumo y la inversión, potencia la deflación, complica los números fiscales y termina generando una nueva ronda de ajuste deflacionario. Es obvio que en una economía en recesión hubiera sido preferible postergar medidas de ajuste fiscal, en la medida en que el gobierno pudiera colocar deuda a tasas de interés razonables. Este no era el caso de la Argentina a fines de 1999. Por ello, en alguna medida hubo que optar por un camino alternativo al que pueden seguir los países desarrollados: la reducción del déficit para ganar confianza y lograr reducir el riesgo país. La estrategia no funcionó durante el segundo trimestre del año porque se complicó el mercado internacional de capitales por las turbulencias en Estados Unidos y por algunos conflictos políticos internos. Además, el problema de competitividad que tiene la Argentina requiere de la deflación para mejorar el tipo de cambio real. Si bien es cierto que el ajuste deflacionario es traumático, es la vía por la cual se recupera el terreno perdido. Genera malestar y dificultades en el frente fiscal por el impacto de la caída de precios sobre la recaudación, pero es la forma en que se corrige el problema. La Argentina es una economía abierta y como tal no corre el riesgo de una implosión deflacionaria por un ajuste keynesiano tradicional que tiene alguna relevancia en economías cerradas.

En cuanto al flanco fiscal, las proyecciones que se hacen para la Argentina pueden ser muy pesimistas o no dependiendo de los supuestos. Es obvio que si se supone una economía estancada y que paga por la renovación de la deuda tasas de interés de dos dígitos la dinámica de la deuda se vuelve explosiva o se requiere de un nuevo ajuste fiscal de varios puntos del PIB. Pero con supuestos algo menos trágicos y si se mantiene constante en términos nominales el gasto público consolidado (supuesto importante), la Argentina puede estabilizar la deuda pública en relación al PIB en niveles parecidos a los actuales. De todas maneras el país tiene un problema fiscal que resolver y que ahora exige la disciplina por el lado del gasto, política que estuvo ausente durante toda la década del 90. Los pasos clave a seguir son la aprobación del presupuesto nacional para el 2001 y la extensión del pacto con los gobernadores respecto de la coparticipación federal por dos años más (hasta el 2003). Si en ambos casos el gobierno nacional consigue mantener las erogaciones congeladas, se daría un paso importantísimo para consolidar la solvencia fiscal.

Respecto de las crisis de balance de pagos, la globalización y el régimen monetario de la Argentina cuestionan la validez conceptual del problema de la deuda externa. ¿Acaso es relevante la deuda externa para Texas o California? ¿O el déficit sostenible de cuenta corriente es el mismo hoy que una o dos décadas atrás con menor integración del mercado de capitales? Además, el crecimiento de las exportaciones argentinas de los últimos seis años permite cierto optimismo aún para quienes utilizan esquemas de análisis más tradicionales.

Además, si se analiza la evolución de los últimos años la solución del problema fiscal habría ayudado a resolver el problema externo. El faltante de ahorro nacional no fue responsabilidad del sector privado, sino de un sector público que aún en los años de buena actividad económica tuvo bajo ahorro. En términos gruesos la Argentina estuvo alrededor de 2.5% del PIB por debajo del balance fiscal deseable. Dado que la experiencia internacional, y que confirman los estudios de FIEL para la Argentina, muestra que el ahorro público y el privado no son sustitutos perfectos, el ajuste fiscal deseable habría aumentado el ahorro total entre 0.8 y 1.0% del PIB, reduciendo el desequilibrio externo para un nivel dado de inversión.

Que los pronósticos más pesimistas no sean los más razonables para la Argentina no significa que la economía no tenga algunas vulnerabilidades que exigen una férrea disciplina y evitar propuestas facilistas. Los ejemplos más grotescos son la salida de la Convertibilidad o el no pago de la deuda, cuyos costos son muy superiores a los supuestos beneficios que generan. Pero a esta lista de temas se ha agregado la rebaja de impuestos como una suerte de panacea que permite reducir los impactos distorsivos al mismo tiempo que aumenta la recaudación. En otras palabras, quienes proponen esta política intentan eludir la reducción, políticamente costosa, del gasto público. La experiencia internacional y la de la Argentina muestran que la recaudación sube cuando aumentan las alícuotas (así lo prueba también la última reforma tributaria) y baja cuando se disminuyen las tasas (así lo prueba la experiencia de Córdoba cuando se restan los efectos de la moratoria). Bajar las elevadas alícuotas impositivas que hoy tiene la Argentina es un camino aconsejable pero para ello debe enfrentarse con decisión la tarea de reducir el gasto público. En varios trabajos, FIEL ha demostrado que ello es posible; lo que ha faltado es la decisión política. Por eso, en lugar de perder el tiempo generando falsas ilusiones, los dirigentes políticos deberían utilizar su energía para reducir el gasto de la jurisdicción que les compete.