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La fuga de depósitos del sistema es el problema más importante Durante la década del noventa el sistema financiero argentino ha pasado por un fuerte proceso de cambios que han determinado una mayor concentración del sistema en menos bancos (en 1992 existían 212 entidades financieras mientras que en la actualidad hay 109), un aumento de la banca extranjera en la participación de los activos totales y una regulación prudencial más exigente que la recomendada por Basilea. Estos cambios han determinado una solidez importante de la banca argentina comparada a la de otros países emergentes. No obstante estos cambios, una salida de los depósitos como la observada en los últimos meses y, con mayor virulencia, en las últimas semanas es suficiente como para provocar una presión excesiva sobre el sistema financiero. Recuérdese que la característica de los intermediarios financieros es convertir pasivos de corto plazo en activos de más largo plazo por lo que, si los depositantes demandan convertir sus depósitos en efectivo en forma masiva la entidad financiera no tiene posibilidades ilimitadas de hacerlo.
¿Cuál es el límite? En el corto plazo el banco puede utilizar el efectivo que tiene en las cajas, puede ir reduciendo los encajes que el Banco Central le obliga a mantener sobre los depósitos (requisitos mínimos de liquidez y efectivo mínimos sobre depósitos a la vista y en cuentas corrientes) o utilizar bonos del gobierno que pueden rápidamente convertirse en efectivo.
Estos instrumentos que posee el banco pueden ser acompañados por otros que posee la autoridad monetaria quien puede otorgar redescuentos (a través de pases activos) o bajar los requisitos mínimos exigidos sobre los depósitos. Estas dos medidas han sido tomadas por el BCRA dado que los redescuentos a través de pases activos se han incrementado notablemente (más de $1.300 millones en julio) y se ha otorgado flexibilidad en el cómputo de los requisitos mínimos. Esto no ha impedido que la tasa para préstamos interbancarios en pesos superara el 230% el 13 de julio, lo que marcaba el nivel de presión por efectivo que enfrentaban los bancos. La caída de los depósitos del sector privado puede dividirse en dos partes, la primera desde mediados de febrero de este año hasta fines de abril para observarse a partir de esa semana una recuperación hasta la primera semana de julio cuando comienza un descenso brusco de los depósitos. La reducción en los depósitos en la primera parte, hasta fines de abril, fue importante pero la caída más dramática es la observada en este mes de julio. En efecto, desde el 5 de julio hasta el día 27 del mismo mes los depósitos del sector privado se redujeron en $5.300 millones, implicando una caída en casi 20 días del 7%. Si se consideran los datos desde el 15 de febrero, la reducción ha sido hasta el 27 de julio de $7.800 millones, casi el 10% de los depósitos.
La corrida bancaria del Tequila fue más severa en términos del tiempo que se mantuvieron contrayendo los depósitos, dado que en 110 días los depósitos del sector privado cayeron 18%, pero la crisis actual es más grave dada la velocidad de caída de los depósitos. Sin embargo, tal como se comentó en la introducción, el sistema financiero es claramente más sólido que el que se encontraba durante el Tequila. Pero el contexto político y financiero necesario para recrear la confianza en la actualidad es mucho más débil que el de 1995. Esto no implica que las eventuales reformas en danza no contribuyan a detener el pánico bancario en ciernes. Una de las soluciones que se ha estado esgrimiendo es que una dolarización contribuiría a detener la corrida bancaria. El problema no es sólo un temor de los depositantes a una devaluación, manifestada en una acelerada dolarización de los depósitos: en julio de 2001 sólo el 32,5% de los depósitos del sector privado están nominados en pesos mientras que en febrero de este año representaban casi el 36% del total. El otro problema que no se resolvería sería el temor a la punción de depósitos que se ha manifestado en la salida de depósitos del sistema. Este último temor sólo puede detenerse con una consistente política de no gravar los depósitos, lo que requiere en forma implícita un ineludible compromiso de solucionar la fragilidad fiscal. Lo peor de la historia es que el retiro de depósitos se retroalimenta por el temor de los depositantes de ser los últimos. La reversión de la inversión en activos argentinos también ha sido evidente en el comportamiento de la bolsa cuyo índice más representativo, el MERVAL, cayó un 21% en el mes de julio. Aún más notable ha sido la caída en los títulos públicos que se manifestaron con caídas del orden del 25% en los títulos como los Global 2017 y en el FRB que llegó a cotizar a US$ 63 cada papel, un nivel históricamente de los más bajos. La manifestación clara de este comportamiento ha sido el aumento del riesgo país EMBI elaborado por el banco J.P. Morgan que ubicó el índice en los niveles más altos históricos y del mundo. Es probable que la pérdida en el precio de los bonos haya influido para que muchos depositantes saquen sus depósitos de los bancos, dado que 10% de los activos de las entidades financieras están constituidos por bonos del gobierno. Esta es otra forma cómo los ahorristas han decidido cortar el financiamiento al sector público. Los problemas de rentabilidad en los bancos que pueden aparecer a partir del incremento de la morosidad y de la pérdida por los títulos públicos sumados a la caída de los depósitos, pueden provocar un "credit crunch" aún más importante para los próximos 6 meses, lo que dificulta aún más el problema de la economía real. En estos momentos, la caída de los depósitos parece ser el problema relevante en el corto plazo, junto al del financiamiento del sector público. Sin embargo, el sistema bancario amerita un tratamiento más urgente, en parte basado en el restablecimiento de la confianza, dada la velocidad a la que se están reduciendo los depósitos. Un tipo de cambio fijo con convertibilidad de la moneda reduce las posibilidades de un prestamista de última instancia por lo que hace aún más importante la confianza del sector privado en las entidades bancarias y en el cumplimiento del gobierno de sus compromisos. |
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