Durante el fin de semana del 9 de julio el gobierno nacional llegó a la conclusión de que el sector público argentino había agotado su capacidad de financiamiento y que ello obligaba a adoptar una solución drástica: la "regla del déficit cero". Esta decisión ha generado un acalorado debate político pero ha logrado un apoyo importante.

La propuesta inicial del Poder Ejecutivo se basaba en ajustar las erogaciones del gobierno nacional (excluyendo las transferencias a provincias y los pagos de la deuda pública) a los ingresos remanentes, pero excluyendo del recorte a las jubilaciones, pensiones y salarios del sector público nacional inferiores a 300 pesos mensuales. En la Cámara de Diputados se subieron impuestos para tratar de que el recorte en jubilaciones y salarios se hiciera desde los 1000 pesos en adelante.

Los acontecimientos de los últimos meses permiten obtener varias enseñanzas para el futuro.

La utilización de medidas heterodoxas de política económica, más allá de su dudosa efectividad, deben cumplir con un requisito básico que es un Estado con capacidad de financiamiento. En la Argentina había serias dudas acerca de que el sector público tuviera esta capacidad, y esas dudas terminaron de confirmarse luego de aprobarse la Ley de Convertibilidad Ampliada, avanzar con los planes de competitividad, utilizar reservas del BCRA y del sistema financiero para financiar al gobierno, introducirse el factor de empalme y recurrirse a nuevos impuestos para cumplir con las metas fiscales acordadas con el FMI.

Las políticas keynesianas anticíclicas (aumentar el déficit en momentos de recesión y hacer lo contrario en el auge) también requieren de un Estado con capacidad de endeudamiento. Si ésta no está disponible tampoco puede confiarse en este tipo de mecanismos para sostener la demanda agregada.

Agotar la capacidad de financiamiento limita seriamente los instrumentos de política económica. Por ello, es vital ser prudente en los momentos de auge económico (logrando que el Estado sea superavitario) para contar con mayor flexibilidad en las recesiones. Así lo sugirió FIEL hace diez años atrás, y ello fue ignorado, tal cual surge de la lectura de las cifras de gasto público, endeudamiento y déficit de la década del 90.

Si se enfrenta el problema a tiempo es posible realizar una reducción del déficit fiscal que se concentre en las ineficacias del gasto estatal. Actuar tarde conduce a medidas draconianas, con alto costo para aquellos que deben realizar las tareas indelegables del Estado.

La regla del déficit cero ayuda a mejorar la solvencia fiscal, uno de los dos grandes problemas económicos que enfrenta la Argentina en la coyuntura. Pero la decisión de cerrar aproximadamente la mitad del desequilibrio con mayor presión tributaria complica la solución del segundo (el de competitividad). Hasta ahora, casi todo el peso del ajuste al shock externo que ha recibido la Argentina (menor entrada de capitales, menores precios de exportación y devaluaciones en los socios comerciales) ha recaído sobre el sector privado, y ello no se modera a futuro.

Existen algunos inconvenientes prácticos en la aplicación de la regla. Por un lado, se la ha definido en base al devengado y no sobre los flujos de caja (y se prevé que continuará el desequilibrio de caja en julio, agosto y septiembre). No será fácil explicar que se cumple con el déficit cero cuando en la versión de caja todavía no se equilibraron la cuentas.

Por otro, es muy probable que en el cuarto trimestre del año el recorte deba ser mayor al 13% anunciado para el tercero. Se devenga allí el medio aguinaldo, y no luce claro el panorama para la recaudación. Si esto ocurre se producirá una nueva ola de protestas y discusiones.

El problema de los recursos aparece por la continuidad de las tendencias recesivas que podrían profundizarse en el tercer trimestre como consecuencia de la restricción crediticia que impone una menor cantidad de depósitos, y porque las altas tasas de interés conspiran contra el cumplimiento puntual de los pagos al fisco.

Estos interrogantes sobre el funcionamiento de la nueva regla sólo se despejarán si la misma se aplica en forma estricta. Luego de tantas promesas incumplidas por la Argentina en materia fiscal, sólo se reestablecerá la credibilidad si se cumple con la meta de déficit cero. Y para evitar que continúen los recortes indiscriminados el presupuesto del año 2002 aparece como una oportunidad de incluir reformas estructurales que resulten en reducciones de gastos sostenibles, aliviando así la presión sobre el porcentaje de recorte mensual a jubilados y empleados públicos.