El déficit fiscal nacional (antes de privatizaciones) ha disminuido levemente en los últimos años, pasando de $ 8000 millones en 1999 a $ 7539 millones en 2000 y, probablemente, a unos $ 6500 millones en 2001. Sin embargo, ello ocurrió luego de fuertes incrementos en el período 1997-99.

A pesar de la reducción, el comportamiento explosivo de la deuda -no siempre sólo consecuencia de eventos económicos- ha compelido al gobierno, luego de sucesivos intentos heterodoxos (vg. planes de competitividad, convertibilidad ampliada, entre otros), a tomar una seria determinación: la consecución del déficit cero en forma instantánea, lo que significa acelerar la ley "original" de responsabilidad fiscal, del año 2003 al segundo semestre de 2001 o, en otros términos, la ley de responsabilidad fiscal modificada, del año 2005 al segundo semestre del presente ejercicio (para ser más precisos, al período agosto-diciembre).

Largamente se podrá discutir si la combinación de incremento de recursos/reducción de gastos prevista es la adecuada para el cumplimiento del objetivo propuesto. Largamente podrá discutirse, también, en cuánto deberá incrementarse el ajuste de gastos en el cuarto trimestre del año para lograr el déficit cero aún cuando, parece clara la decisión política por minimizar el incremento del ajuste.En cualquier caso, es inequívoco que, para que la Argentina no experimente un escenario traumàtico, el cumplimiento de la regla resulta excluyente.

Es de esperar que no se trate de una oportunidad perdida y que la Nación, finalmente, opte por un esquema racional para adaptarse a la situación de insolvencia. Dicho esquema incluye, sin lugar a dudas, además de la eliminación de privilegios arriba citada, la reforma estructural de la Administración Pública Nacional, poniendo particular énfasis sobre los organismos recaudadores.

La presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto en los próximos días es una oportunidad que no debe ser desaprovechada en este sentido.

Por otra parte, se hace evidente que la puesta en funcionamiento de un mecanismo anticíclico (un fondo anticíclico fiscal) es otro de los instrumentos básicos necesarios dentro de un esquema como el de la convertibilidad, en el que los shocks de demanda no son fácilmente absorbidos.

En el caso de las provincias, el planteo no es más sencillo.

Un elemento fundamental a este nivel de gobierno, se asocia con la dificultad que tienen las provincias por percibir la escasez de recursos. Ello sucede por cuanto es la Nación la que recauda por cuenta de éstas y, en momentos de vacas gordas, ha girado el porcentaje de recursos máximo nunca alcanzado a lo largo de la historia argentina, en tanto, en virtud de las modificaciones sufridas por el esquema de transferencias en los últimos años, la Nación muchas veces ha debido girar recursos propios para cumplir con la garantía acordada en los sucesivos pactos fiscales. Este ha sido el caso en lo que va del año.

La percepción por parte de las provincias de que son recursos propios los que la Nación les está negando, en caso de que ésta decidiera no cumplir con los acuerdos, pone sobre la mesa ineludiblemente, el tratamiento del tema de la coparticipación federal.

Y aquí, la conclusión es clara:

Sin embargo, el 60% de los recursos provinciales provienen de la Nación. Es hora de que los estados provinciales recuperen -y asuman- su capacidad de recaudar. Para que ello sea posible, es condición necesaria, la transferencia de actuales potestades tributarias de Nación a provincias. Ello modificará el vigente, y perverso, esquema de incentivos, donde está claro quién recibe los recursos, pero donde el esfuerzo por recaudar, en caso de hacerse, queda en manos de un tercero.

Las altísimas tasas de interés, la contracción del consumo y del nivel de actividad, la caída de precios, los paros generales, entre los factores principales, determinaron que la recaudación tributaria nacional alcanzara a apenas $ 3858 millones en el pasado mes de julio. Esta cifra representa una caída del 8.7% con relación a julio de 2000, del 5.3% respecto de julio de 1999 y del 12.1% en comparación con julio de 1998.

A su vez, la brecha de recursos llega hasta el 9.8% cuando se compara los ingresos efectivos con la meta contenida en la renegociación del acuerdo con el FMI realizada en mayo (para el mismo agregado de recursos).

Los elementos puntuales a tener en cuenta en la recaudación del mes de julio son los siguientes:

En lo que va del año, entonces, los ingresos tributarios nacionales disminuyeron un 3.3% respecto de igual período de 2000, cuando hasta el mes de junio dicha comparación arrojaba una caída del 2.4%.

En el período agosto-diciembre, la recaudación tributaria nacional debiera ubicarse en niveles superiores a los de un año atrás para que el recorte de erogaciones del Sector Público se mantenga en los niveles planteados por el PEN en lo que resta del año.

Al finalizar los primeros siete meses del año, el Sector Público No Financiero registró un superávit primario de $ 870 millones, lo que significa una disminución del 57.7% con respecto a igual período de 2000. Como viene ocurriendo hasta el momento, dicha caída se explica, fundamentalmente, en virtud de la disminución de recursos en el presente ejercicio.

Los recursos totales acumulados a julio alcanzaron a $ 31954 millones, mostrando una caída del 4.1% con relación a igual período de 2000. La contracción de los recursos impositivos se originó en la caída del nivel de actividad -que aún no pudo ser compensada por los nuevos tributos-, mientras que la merma de ingresos no tributarios se explica por menores ingresos correspondientes a transferencias corrientes y rentas de la propiedad (vg. ingresos por las reservas del BCRA). Contrariamente, los ingresos por privatizaciones se incrementaron en $ 52 millones respecto de 2000.

En lo que va del año, el gasto primario ascendió $ 31085 millones, presentando una contracción del 0.5% en la comparación interanual (la contracción será sensiblemente mayor en lo que resta del año, atendiendo a la implementación de la Ley de Déficit Cero).

En cualquier caso, hubo partidas que registraron aumentos, en tanto otras presentaron caídas. Los incrementos en términos brutos alcanzaron a $ 103 millones, que se explican: 50% por gastos de capital, 33% por transferencias no destinadas a provincias y 17% por bienes y servicios no personales. Las reducciones ($ 270 millones) obedecieron a transferencias a provincias (64%), gastos en personal (30%), erogaciones a la seguridad social (4%) y otros gastos operativos (2%).

El pago de intereses alcanzó $ 6466 millones, incrementándose 19% en los siete primeros meses del año.

De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, el Sector Público No Financiero registró un déficit global (sin privatizaciones) de $ 5652 millones, $ 2200 millones más que un año atrás. Descontando los efectos del último canje de deuda (516 millones), agregando el Fondo de Reestructuración Organizativa ($ 164 Millones) y el resultado cuasi fiscal del BCRA ($ 35 millones), el déficit consolidado alcanzó $ 6298 millones.

El nuevo acuerdo contempla desembolsos adicionales para el año en curso por aproximadamente $ 4.900 millones destinados, fundamentalmente, a fortalecer las reservas del BCRA, aunque parte de dicha suma podría eventualmente utilizarse en un nuevo canje o reestructuración de deuda.

Para el año próximo, los desembolsos adicionales alcanzarían a $ 3000 millones, con lo que el total de ingresos provenientes de este organismo ascenderían a us$ 16500 millones en el período 2001-2003.

Entre los principales compromisos asumidos por el gobierno nacional figuran:

INDICADORES FISCALES