El problema más urgente que enfrentó el gobierno en los últimos dos meses es la salida de depósitos del sistema financiero.

Tal como ha sido mencionado en notas anteriores, el movimiento de los depósitos indica una desconfianza que no proviene de dudas sobre la solvencia del sistema financiero, sino que muestra un temor a alguna medida expropiatoria.

¿Qué podría motivar una expropiación de los depósitos?. En primer lugar, debe recordarse que recientemente el Congreso Nacional sancionó una ley que prohíbe modificar las condiciones contractuales entre los depositantes y los bancos, intentando otorgar una protección especial a los depósitos en el sistema financiero. Sin embargo, dejando las opciones más extremas de expropiación (e.g. cambio del régimen capitalista) existen aún casos en el que un gobierno podría verse tentado a cambiar las condiciones contractuales firmadas por los particulares, aún en forma sutil, y que esto sea percibido como expropiatorio.

Quizás el caso más probable no sea una expropiación propiamente dicha pero sí un esquema de pagos o devolución de los depósitos diferente de la pactada inicialmente entre las partes. Esto puede deberse a que se hace imposible devolver todos los depósitos al mismo tiempo mientras ocurre una corrida bancaria porque no se pueden transformar los activos de los bancos inmediatamente en pasivos líquidos (depósitos). Esto es lo que se denomina "suspensión de la conversión" de certificados de depósitos en efectivo. Se trata de una medida utilizada comúnmente hasta la Gran Depresión de los años 30´s cuando las corridas bancarias eran frecuentes (antes de la implementación de los seguros de depósitos y del avance regulatorio más estricto sobre los bancos). Esta situación puede ser percibida como expropiatoria por parte de algunos particulares al modificar la disponibilidad de los depósitos.

Otro caso que puede resultar probable es cuando ocurre una necesidad fiscal y se ve imposibilitado de expandir la cantidad de dinero, entonces el gobierno puede decidir colocar compulsivamente bonos cambiándolo por depósitos. Esto fue lo que ocurrió en la Argentina hacia fines de 1989, marcando un hito en la ruptura de los derechos de propiedad de los depositantes. Esta situación resulta en las actuales circunstancias poco probable, dado los costos que los políticos pagarían en caso de implementarla.

Una situación de reestructuración de los depósitos puede ocurrir cuando se modifica el tipo de cambio. Debe tenerse en cuenta aquí que casi el 70% de los depósitos y el 65% de los préstamos al sector privado están nominados en dólares. Ante un grado de dolarización tan grande, una devaluación implicaría grandes pérdidas para los deudores y una cesación de pagos de muchos de ellos. Esto complicaría el balance de los bancos dado que tendrían acreencias incobrables en dólares mientras que las deudas en la misma moneda serían redimibles en el corto plazo y en dólares (depósitos). Esto llevaría a la quiebra a algunas entidades, a menos que las deudas originalmente en dólares sean repactadas al tipo de cambio anterior a la devaluación. Esto sólo puede ocurrir rompiendo el contrato original y necesariamente debería ser coordinado por el gobierno o debería éste hacerse cargo de las pérdidas de los bancos para evitar la quiebra del sistema.

La corrida bancaria observada desde comienzos de marzo del 2001 y desatada con mayor vigor durante julio y agosto parece responder más a una situación de temor ante los efectos sobre los depósitos que eventualmente tendría una devaluación. No alcanzaría por ello sólo pasarse a depósitos nominados en dólares sino que se percibe un temor a una reestructuración una vez modificado el tipo de cambio. Esto explica en parte que haya aumentado la liquidez de aquéllos que se mantuvieron en el sistema, huyendo de los plazos fijos, y aumentado la dolarización para estar preparados para una eventual salida del sistema.

Durante el mes de agosto continuó la salida de depósitos del sector privado que alcanzó a $2.700 millones. En julio los depósitos habían caído otros $5.300 millones acumulando en los últimos dos meses una reducción de $8.000 millones. Esto representa el 75% de la caída que se observó desde el 5 de marzo y que ya lleva una reducción del 14% en los depósitos del sector privado. Los niveles actuales de los depósitos significa retrotraerse a los registros de los primeros meses de 1999.

Visto día a día, la salida en los depósitos parece haberse estabilizado a juzgar por los registros de las tres últimas jornadas de agosto. Pero lo más importante para tener en cuenta es que dentro de los depósitos a plazo fijo, siendo el segmento más voluminoso de los depósitos del sector privado y el que dominó la salida de los mismos (cayeron más del 10% en los dos meses), los que se encuentran entre los 30 y 59 días han detenido su marcha descendente en la primera semana de agosto y han emprendido una recuperación importante desde mediados de mes, ubicándose en el último día de agosto sólo 4% por debajo del nivel del 2 de julio.

Esto indica que existe un segmento que ha mantenido la base de los depósitos a plazo fijo y que ha servido como un sustituto dentro del sistema financiero al temor expropiatorio de los depósitos. Los depósitos entre 30 y 59 días representan el 58% de los depósitos a plazo, dos puntos porcentuales por encima del promedio de julio.

La salida de depósitos también se ha manifestado en la falta de efectivo en los bancos la que ha sido compensada con una reducción temporaria de encajes (en los plazos fijos que pasaron del 22% al 21%) y en un importante aumento en los préstamos del BCRA a las entidades financieras a través de los pases activos. Los días más cruciales han resultado también en alzas importantes en la tasa para préstamos interbancarios los que han guardado una relación con la salida de los depósitos.

También es posible observar que la salida de depósitos guarda relación con la percepción de la solvencia fiscal que se manifiesta en el precio de los bonos del gobierno. En efecto, al igual que durante la crisis del Tequila, el aumento en el riesgo país ocurre simultáneamente con la huída de los depósitos, siendo ambas variables consecuencia de la desconfianza en el mantenimiento de la política económica y no una consecuencia directa de la otra.