La confirmación del nuevo apoyo de la comunidad internacional a la Argentina trajo algo de tranquilidad a los convulsionados mercados financieros del país, luego de observarse una fuga de depósitos y reservas muy significativa.

El FMI desembolsará en el mes de septiembre 5000 millones de dólares que se utilizarán, en su mayoría, para fortalecer la posición de reservas del Banco Central y 3000 millones adicionales durante el próximo año que servirán para reestructurar una parte de la deuda pública argentina actuando como garantía de la emisión de nuevos títulos o para incentivar un canje voluntario de los existentes. Se busca así reducir la carga de la deuda hacia el futuro, pero respetando los derechos de propiedad.

La Argentina se ha comprometido a cumplir con la ley de déficit cero y a mantener algunas de las reformas estructurales incluidas en el blindaje de noviembre del año 2000 referidas a mejoras en la administración tributaria y a cumplir con el mandato constitucional de aprobar una nueva ley de coparticipación federal. Puede verse, entonces, que no existen compromisos adicionales a los ya dispuestos en las normas legales argentinas, pero ello no obsta para que subsistan dudas respecto de la capacidad de la Argentina de hacer frente a lo que disponen sus propias leyes dada la facilidad con que se han incumplido otras en el pasado (por ejemplo, la Ley de Responsabilidad Fiscal votada en 1999 que preveía el déficit cero para el año 2003 fue modificada en el año 2000 para lograr esa meta en el 2005, y ahora la Ley de Déficit Cero adelanta ese objetivo para el segundo semestre del año en curso); y la posición inconsistente de los dirigentes políticos de la mayor parte de los partidos que han votado la norma y ponen reparos a las medidas que permitirían su cumplimiento sin recortes adicionales. A modo de ejemplo, el Congreso acaba de votar una Ley que saca del presupuesto al Fondo Especial del Tabaco, evitando así que se recorte esa partida del orden de 15 millones de pesos mensuales, priorizando a los productores tabacaleros que reciben un precio que triplica al internacional, por encima de jubilados, asalariados del sector público nacional y bienes y servicios que se utilizan para el funcionamiento del Estado.

Con todo, el acuerdo ha despertado cierta confianza en los depositantes lo que ha permitido una recuperación modesta de los depósitos. Todavía subsistirá por varias semanas la severa restricción del crédito al sector privado, pero la recuperación de los depósitos es lo que permitirá que esa variable crucial para recuperar la actividad económica empiece a mejorar, aún cuando los primeros fondos se destinen a recomponer las reservas del sistema financiero y a rescatar los pases activos que otorgara el Banco Central.

Aún a pesar de ello subsisten varios interrogantes. No queda claro cuál es la estrategia del gobierno nacional para hacer frente a los compromisos de noviembre y diciembre cuando sube la carga de intereses de la deuda en alrededor de 500 millones de pesos en cada mes y en enero del año próximo cuando se debe pagar el medio aguinaldo por alrededor de 800 millones adicionales. De la lectura de la Carta de Intención se podría inferir que se intentaba discutir con las provincias un recorte de 900 millones a las transferencias que éstas reciben, pero la cerrada oposición que tal idea ha despertado ha puesto en duda la capacidad del gobierno para resolver ese faltante. A ello se suma la incertidumbre respecto al año 2002, en el cual hará falta mantener los recortes actuales y agregar otros nuevos para poder balancear el presupuesto.

La recaudación difícilmente contribuya en el corto plazo a aliviar los problemas. Continúa afectada por la restricción crediticia y a ello se suma el efecto de los planes de competitividad cuyo costo fiscal no se ha materializado en gran medida todavía.

En este contexto han aparecido algunas noticias positivas. La cosecha alcanzará un record de 73 millones de toneladas con precios que son algo mejores que los de la campaña precedente y las tasas de interés internacionales continúan en descenso en un intento por evitar que la recesión mundial se agrave. Ello favorecerá a un país endeudado como la Argentina, si se logran superar los problemas de los próximos meses.

La estrategia pública para ello es el déficit cero. Existen diferentes riesgos en este camino. Por un lado, que se fracase rotundamente por resistencias políticas que impulsen al país a una cesación de pagos. Las consecuencias de un error de este tipo serían graves; basta extrapolar lo que ocurrió en agosto y septiembre motivado por la posibilidad de que se cometiera tal desatino.

Pero existe también un segundo riesgo que surge de la intención de cumplir el objetivo afectando las posibilidades de crecimiento de la Argentina en el mediano plazo. En otras palabras que se busque un "paliativo" que evite decisiones políticas complejas.

Un ejemplo sería insistir con nuevas subas de impuestos. La carga formal que enfrentan la mayoría de los productores argentinos es hoy enorme. Si en lugar de atacar la ineficacia del gasto público se vuelve a imponer a los sectores más eficientes de la Argentina se corre el riesgo de desalentar la inversión, aún cuando se observe una recuperación de la situación coyuntural.

Otro ejemplo son las propuestas de revertir, parcial o totalmente, la reforma previsional. Estas propuestas parten de una lectura equivocada de la reforma de 1994 que permitió reducir fuertemente el déficit escondido en el sistema de reparto y crear una institución central para aumentar el ahorro nacional.

El costo fue explicitar ese desequilibrio, pero cualquier analista avezado conocía que el mismo estaba escondido en las cuentas del reparto y que además el 50% del desequilibrio iba a ser absorbido por el propio sistema, dados los incentivos de las AFJP a invertir el 50% de su cartera en títulos del Estado.