Tocando fondo
El nivel de actividad. Los indicadores de actividad industrial del mes de mayo de 1999 no sugieren que la economía ha empezado a recuperarse de la fuerte recesión en la que está inmersa desde fines de 1998. El Indice de Producción Industrial (IPI) que elabora FIEL, continúa mostrando caídas interanuales del orden del 12% y, corregidos por estacionalidad, los meses de abril y mayo muestran una recuperación muy leve como para confirmar una tendencia clara. Además, el ruido político del mes de mayo con declaraciones poco felices de algunos de los candidatos presidenciales respecto a la reestructuración de la deuda pública y la convertibilidad, seguramente influyeron en las expectativas de los empresarios industriales respecto de la recuperación de la demanda en el mercado interno. La fuerte caída de las importaciones observada durante el mes de abril confirma ese panorama recesivo, y en el mismo sentido apuntan los indicadores de empleo.
La recesión causada por una serie de eventos externos (caída de precios internacionales, aumento del riesgo país para los países emergentes, devaluación en Brasil, fortalecimiento del dólar con relación a otras monedas y desaceleración del comercio mundial) puede revertirse si mejoran estos indicadores mundiales o si la Argentina es capaz de avanzar en las reformas estructurales. Como el segundo elemento es poco probable durante la transición política, se depende de factores externos.
En este sentido han aparecido algunas noticias moderadamente favorables. En primer lugar, los índices de inflación de Estados Unidos sugieren que la probable suba en la tasa de interés que fija la autoridad monetaria de ese país no será tan importante como para desatar una fuerte alza en las tasas de interés de mercado. Además, y a pesar de las dudas respecto de la calidad de los números oficiales, aparecen mejores señales respecto del nivel de actividad de Japón y de otros países asiáticos que se ha reflejado en una recuperación de los precios de las acciones. Si esta tendencia se confirma mejora el panorama de mediano plazo en el precio de las commodities. Por último, el paquete contingente negociado por el gobierno de México aumenta las chances de que ese país logre concretar una transición política sin desorden macroeconómico.
A esto se suma la compra de YPF por parte de Repsol que puede resultar en una entrada de capitales neta para el país (el monto definitivo depende de la decisión de los vendedores de las acciones respecto a mantener posiciones en activos financieros de la Argentina), que contribuiría a mejorar las perspectivas del nivel de actividad de corto plazo.
De todas maneras, la salida de la crisis será lenta por las características de la misma. Tal cual fuera pronosticado por FIEL en 1998, el shock real negativo que recibió la Argentina ha sido menos agudo que el shock financiero del Tequila, pero seguramente será más largo en duración. Los números del PBI desestacionalizado muestran una caída de 6% en tres trimestres en 1995 y de 4.6% en la crisis actual para el mismo período. En aquella oportunidad, también en tres trimestres se había recuperado lo perdido; para que ello se repita en 1999 es necesario que se cumpla el pronóstico oficial de crecimiento de 2% trimestral en el PBI desestacionalizado durante lo que resta del año, que parece excesivamente optimista.
Algunas propuestas de reformas. Están en discusión con el Congreso varias reformas de cierta importancia (convertibilidad fiscal y algunos cambios en la legislación laboral y previsional). Estas propuestas tienen algunos elementos positivos y otros negativos.
En el caso del proyecto de ley de convertibilidad fiscal se introducirían metas de reducción del déficit fiscal nacional que lo llevarían a cero en un plazo todavía no acordado entre los partidos mayoritarios. Otro elemento positivo de la propuesta es que mejora la política presupuestaria y de endeudamiento. Además, establece que el gasto público nacional no puede crecer a un ritmo mayor que el del crecimiento del PBI.
Pero el proyecto tiene algunas debilidades. Por un lado, es asimétrico respecto de las excepciones a la regla de déficit. En circunstancias negativas excepcionales se puede mantener el gasto aún cuando se reduzca el PBI o se puede aceptar algún déficit fiscal (lo cual es razonable), pero no se obliga a superar la meta en circunstancias excepcionalmente favorables. Este ha sido uno de los problemas de la política fiscal. Si los términos del intercambio, la entrada de capitales y otros elementos ayudan a generar una tasa de crecimiento excepcional y la recaudación crece muy fuerte no se obliga al Estado a generar un superávit fiscal que permita aumentar el fondo de estabilización fiscal que crea el proyecto. Debe señalarse que los superávits presupuestarios se han vuelto más frecuentes en el mundo desarrollado cuando la economía crece a tasas importantes, tal cual demuestra con elocuencia el caso de los Estados Unidos.
Además, en ningún momento se condicionan las metas de déficit fiscal y de endeudamiento al nivel del riesgo país. En otras palabras, el proyecto ignora el precio de mercado de la deuda, cuando lo correcto hubiera sido exigir mayor rigor fiscal en los momentos en que el riesgo país es más alto y se castiga a la deuda pública.
Tampoco se avanza en reglas que se extiendan a los gobiernos provinciales. La alternativa era crear un fondo similar al propuesto para el gobierno nacional con los recursos de la coparticipación federal de impuestos: deduciendo un porcentaje de la coparticipación hubiera permitido contar con una regla más amplia y acorde con la importancia de los gobiernos provinciales en la política fiscal consolidada.
Las propuestas de cambios en la legislación laboral procuran corregir parcialmente los groseros errores de la última reforma alentada por el Ministerio de Trabajo. Se pretende favorecer el uso del contrato a tiempo fijo, eliminando las indemnizaciones por despido para los contratos hasta un año de duración (pero manteniendo el pago de cargas previsionales) y mejorar algo los contratos de pasantías y de aprendizaje.
Finalmente, las propuestas de reforma en la legislación previsional son poco entendibles en la coyuntura actual. Se aumentarían las jubilaciones mínimas a 200 pesos mensuales (lo cual tiene un impacto negativo inmediato sobre las cuentas fiscales), y se compensaría el efecto a futuro al aumentar la edad de retiro de las mujeres a 62 años y eliminar la PBU para los nuevos jubilados que reciban una jubilación media y alta.
Esta idea supone que se podrá financiar el desequilibrio financiero y además introduce nuevos elementos distributivos en la política previsional que tienen el costo de desalentar los aportes de una parte de los trabajadores. Este último problema es menos relevante si se eliminan los aportes patronales, pero es evidente que ello no es posible dada la magnitud del costo fiscal de una medida de esa naturaleza.
Las nuevas cuentas nacionales. La actualización de las cuentas nacionales con los datos del Censo Económico de 1993 ha modificado los valores de las variables macroeconómicas en pesos corrientes y en pesos constantes. En una apretada síntesis se puede concluir que:
Como conclusión final, las revisiones metodológicas que ayudan a medir con mayor precisión a las variables económicas dejan un mensaje claro para el próximo gobierno: a) el gasto público consolidado es de 31% del PBI, cifra alta para el nivel de desarrollo de la economía argentina y lo propio puede decirse de la mayoría de los rubros de gasto social. Esto sugiere que la vía facilista de aumentar el gasto para resolver problemas sociales, además de enfrentar restricciones obvias de financiamiento, es poco justificable si se compara con los gastos realizados en otros países; b) la posibilidad de solucionar los problemas fiscales reduciendo la evasión es una estrategia que tiene un menor potencial de ingresos; c) entonces, no existen altenativas a una gran austeridad fiscal de los tres niveles de gobierno.