Síntesis Nacional
- El Banco Bilbao Vizcaya (BBV) le compró el 36,19 por ciento de las acciones de
Consolidar al Banco Galicia y al Dresdner Bank por 199 millones de dólares. Así,
alcanzó el control sobre el 100 por ciento de la administradora de fondos de pensión,
las aseguradoras de vida y retiro y la ART. De esta manera, la entidad afianzó su
posición como máxima administradora del negocio previsional en Latinoamérica, con el 25
por ciento de las carteras.
- Se firmó un convenio colectivo de trabajo inédito en el Mercosur entre Wolkswagen de
Argentina y de Brasil, y los sindicatos de mecánicos automotores locales y brasileños,
que involucra a 32.000 trabajadores de las siete plantas instaladas en América Latina. El
acuerdo prevé una asociación para enfrentar eventuales crisis económicas, políticas y
sociales, evitando conflictos laborales.
- Los productores brasileños de acero pidieron al Gobierno nacional que revoque una
resolución del Ministerio de Economía que impide la venta en la Argentina de sus
productos laminados en caliente. La solicitud se realizó a través de un recurso
jerárquico, un mecanismo previsto en le ley de procedimientos administrativos y en el
decreto 2121, que regula las disposiciones sobre prácticas desleales de comercio.
- Siete de las principales empresas lácteas del país se unieron para buscar nuevos
mercados de exportación fuera del Mercosur. Para ello, conformaron Lácteos Argentinos
S.A., un nuevo holding que tendrá ventas por u$s 2.300 millones y que se especializará
en la exportación de leche en polvo, que estará integrado por Mastellone, SanCor,
Milkaut, Molfino, Williner, Verónica y Manfrei, y cuya clave será generar volumen para
atender grandes pedidos fuera de la región.
- El Poder Ejecutivo firmó un decreto de necesidad y urgencia que dispone el
levantamiento de la veda para la captura de merluza hubbsi o común para los barcos
fresqueros de Mar del Plata impuesta por el Consejo Federal Pesquero (CFP), con el
objetivo de frenar la protesta de los pescadores que se manifestaron frente al Congreso. A
partir de ahora, la flota congeladora que cuente con plantas en territorio nacional podrá
operar al este de la línea de 150 millas marítimas y al sur del paralelo 42, o en toda
la costa al sur del 48. Por otra parte, los buques que procesen la especie en el
extranjero sólo podrán pescar al sur del paralelo 48.
- Los empresarios del transporte multiplicaron las protestas y acciones legales contra el
Fondo de Incentivo Docente, y de esta forma, tratar de impedir la aplicación del gravamen
que afecta a las compañías de aviación, navieras, de colectivos y a los camiones. Los
camioneros sostienen que su sector está descapitalizado y que tiene una carga impositiva
superior a otros, mientras que las empresas de colectivos se quejan de que las tarifas
fueron calculadas sin incluir este gravamen.
- Contradiciendo a todas las encuestas "a boca de urna", se impuso en las
elecciones a gobernador en la provincia de Tucumán el candidato por el PJ Julio Miranda.
El vuelco político frente al candidato de Fuerza Republicana (Ricardo Bussi) fue conocido
solo el día después de las elecciones ante la falta de datos oficiales sobre los
comicios. Por su parte, el actual gobernador Antonio Bussi concurrirá a la Justicia ante
la posibilidad de que haya existido "fraude" en los comicios.
- Argentina, Brasil y Uruguay propusieron firmar un pacto de responsabilidad fiscal, que a
imagen y semejanza del Tratado de Maastricht europeo, establecería pautas de déficit
fiscal, tasas de interés y deuda externa. Se busca con este acuerdo lograr una
coordinación de políticas macroeconómicas dentro del Mercosur, lo que sería un paso
importante hacia la conformación de una unión monetaria.
- El Gobierno decidió abortar un proyecto elaborado por el Ministerio de Economía de
establecer una quita del 1,2% del salario de bolsillo de todos los trabajadores en
relación de dependencia durante un año para financiar el déficit del PAMI. Las
urgencias financieras de la obra social se solucionaron momentáneamente con un aporte de
100 millones de pesos, de los cuales 40 millones fueron aportados por la ANSeS en
carácter de préstamo y el resto por el Banco de la Nación con un crédito que será
repagado en 60 cuotas mensuales.
- El Ministerio de Economía efectuó un recálculo de las Cuentas Nacionales (según un
nuevo año base en 1993 en reemplazo de 1986) que dio como resultado una caída en el PBI,
que pasó de $335.000 para el 98 a $298.000 para ese mismo período, lo que implica una
pérdida estadística del orden del 11%. Esta corrección, más allá de las bondades de
la nueva metodología de cálculo, ocasionó que el PBI por habitante caiga en unos $1.300
anuales promedio (pasó de 9.320 a 8.023) y que las diversas variables con relación al
Producto también se deterioren.
- Sumida en una profunda crisis económica producto del elevadísimo endeudamiento del
Estado Provincial, el Gobierno de Corrientes entró en una cesación de pagos que incluye
importantes atrasos en los salarios de los empleados públicos, docentes y policías. La
protesta mantuvo paralizada a casi toda la provincia y el Gobierno Nacional amenazó con
la intervención federal. Finalmente, el gobernador Pedro Braillard Poccard aceptó la
renuncia de todos los miembros de su gabinete y aceptó un adelanto de los fondos de
coparticipación federal del mes próximo para pagar los sueldos y las jubilaciones
atrasadas.
- Debido a la nueva base de cálculo del PBI, que lo hizo caer un 11% y que deterioró la
relación producto/déficit, los diputados postergaron el tratamiento del proyecto de
Convertibilidad Fiscal. Tanto los diputados del PJ como de la Alianza coincidieron que el
mismo debe ser modificado en su redacción y fijar topes en valores absolutos, dejando de
lado las metas porcentuales.
- Con el fin de obtener entre $200 y $300 millones, el Gobierno se decidió a licitar la
administración, fideicomiso, transferencia o venta de las carteras de créditos del ex
Banco Nacional de Desarrollo (Banade) y de la ex Obras Sanitarias de la Nación, según la
Resolución 652/99 del Ministerio de Economía. Estos fideicomisarios encargados de hacer
los cobros deberán conseguir que un banco haga un anticipo de las sumas a recuperar, que
luego recuperará cuando comience a percibir el dinero de los deudores. Se cobrará ese
anticipo, las comisiones y los gastos de funcionamiento, y lo que exceda (menos los
gastos) volverá a transferirlo al Estado.
- Chile anunció su incorporación como miembro pleno del Mercosur a partir de diciembre
de este año. En la actualidad, el país transandino mantiene un acuerdo de asociación
con el Mercosur, por lo que solo es un "socio a medias", situación similar a la
que se encuentra Bolivia. Sin embargo, un asunto a resolver será la política
arancelaria: la inclusión de Chile no se daría con una armonización inicial del Arancel
Externo Común, sino de forma gradual.
- El Ministerio de Trabajo y los grupos empresarios, con aval de la CGT, presentaron un
proyecto de ley que reimplantará el modelo de contratación de trabajadores a plazo fijo,
una herramienta que está incluida en la Ley de Contrato de Trabajo. Este proyecto
incluiría la declaración de un estado de emergencia laboral que permitiría que estos
contratos a plazo fijo se apliquen por una duración de un año, no prorrogable, salvo que
la situación económica no haya cambiado y el Congreso apruebe su extensión. Por otra
parte, los sindicalistas aceptan que no se incluyan las indemnizaciones mientras que no se
toquen las cargas sociales.
- A través de un proyecto de ley del Congreso, las PyMEs cuyas deudas no excedan los u$s
200.000 al 31 de mayo pasado (alrededor de 230.000) podrán acceder a un nuevo sistema de
refinanciación, el cual contempla un crédito a tasa más baja que la actual (no superior
al 15% anual) y con el capital garantizado con un bono que, según la deuda y la actividad
de la empresa, podrá ser a tres, cinco, siete o diez años. Sin embargo, el ingreso a
este esquema de reestructuración no será gratis para las empresas: aquellas calificadas
con el mayor riego crediticio de mercado (nivel 5), deberán pagar un anticipo equivalente
al 20% de la deuda, mientras que las categorías 4, 3 y 2 tendrán que desembolsar un 15,
10 y 5% respectivamente.