En la actualidad existe (introducido por la ley de reforma previsional en 1994, y mantenido en posteriores reformas) un límite al nivel de aportes patronales, ya que la remuneración máxima sobre la que se aporta es de $4800 mensuales. Dicho límite es bastante más elevado que el que surge de la legislación internacional comparada, donde en general no supera la mitad de ese monto. En términos de ingreso per cápita las diferencias son notorias: mientras en la Argentina el tope mensual representa 60% del ingreso medio annual en los EE UU dicho tope no alcanza al 10%. A pesar de ello, recientemente se han realizado propuestas en la Argentina de elevar la cifra actual a un nivel en torno de los 6000 pesos mensuales. En lo que sigue mostramos cómo esta decisión resulta contradictoria con la política seguida recientemente, genera problemas de eficiencia, de recaudación, de cobertura del sistema, incentiva conductas oportunistas y deteriora la confianza en el sistema. En suma, es una propuesta que marcaría un retroceso en las reformas económicas, que agravaría problemas actuales, y que alienta expectativas expropiatorias hacia adelante.

Cambio de reglas. En primer lugar, obsérvese que en los últimos 5 años el Poder Ejecutivo ha venido reduciendo la imposición al trabajo, y dicha política tiene el respaldo de los candidatos presidenciales y sus referentes económicos. Dado el nivel de las alícuotas, un aumento del tope implicaría un aumento de las cargas patronales, algo contradictorio con la idea de aliviar los costos laborales. La primera interpretación del aumento del tope sería, pues, una marcha atrás en la política de reducir impuestos al trabajo. La inestabilidad de las políticas tributarias no es novedosa en la Argentina, pero tiene sus costos. Uno de ellos es que reduce la potencia de cualquier anuncio sobre disminución de cargas impositivas, porque no resulta creíble. En el mercado laboral, implica que se tienen todos los costos (menores impuestos implican menor recaudación) y ningún beneficio (el desempleo sigue alto, porque las empresas no creen en la política, y no contratan personal).

Fondos a los sindicatos. Si por el contrario la nueva Administración decide en algún momento retomar la política de reducción de cargas (más allá de una transitoria pausa, según refieren economistas de la Alianza), a mediano plazo todas las cargas patronales desaparecerían, o caerían al menos sensiblemente. Aún cuando se aumentara el tope salarial, si las alícuotas se reducen a cero, lo recaudado también caería a cero. Pero hay una notoria excepción: los fondos para las obras sociales sindicales mantienen una alícuota fija de 5% (más 3% de aporte personal). Por lo tanto aumentar los topes implicaría finalmente dar fondos adicionales a los sindicatos, a través de sus obras sociales. ¿Es ése un objetivo de la propuesta?

Incentivos a evadir. El aumento del tope equivale a un aumento de la alícuota marginal de impuesto en lo que hace a las contribuciones patronales, y a una porción de los aportes personales. Para alguien cuya remuneración bruta mensual es de $6000 actualmente, el impuesto (patronal excepto obra social y la porción de PAMI personal) representa actualmente en el área de GBA el 14.2% de sus ingresos. El aumento del tope elevaría el impuesto a 17.7 puntos, un aumento en el margen de 3.5 puntos porcentuales. Dado que además de los impuestos al trabajo un asalariado paga el impuesto a las ganacias, la carga tributaria en el margen para una remuneración bruta del orden de $ 6 mil mensuales crecería de alrededor de 32% al 36% (la mitad por impuestos al trabajo, la mitad por impuesto a las ganancias). Dadas las debilidades de la administración tributaria, es de prever que el aumento de la presión tributaria se traduzca en mayores incentivos a evadir.

Aumento de la inequidad. Un profesional que se desempeña como autónomo con un ingreso mensual del orden de $6000, abona una mensualidad por seguridad social del orden de $245, de los cuales $135 pueden ser considerados como impuesto. Sus 12 pagos anuales representan un impuesto de $1620. Un profesional en relación de dependencia que tiene el mismo ingreso, abona un impuesto a lo largo del año de $11045, es decir paga 6.8 veces el impuesto de un autónomo. El incremento en el tope a los asalariados, implica que estos últimos incrementan el impuesto hasta $13806, es decir 8.5 veces el impuesto que paga el autónomo de similares ingresos.

Impacto sobre la recaudación. En algunos medios se ha insinuado que un aumento de los topes derivaría en una recaudación adicional del orden de 700 millones de pesos anuales. Una rápida estimación da lugar a una cifra bastante menor. En efecto, dado que al mes de setiembre el impuesto patronal promedio (excluyendo obras sociales) es de 10.2%, dicha recaudación de 700 millones implica una base imponible de unos 7 mil millones anuales, equivalentes (para el aumento de $1200 mensuales de la base imponible) al pago de unos 450 mil contribuyentes. Según los datos del sistema de pensiones, en los hechos menos de 10 mil personas superan el ingreso de $4800 por mes, por lo que la recaudación real no superaría los $15 millones anuales. Eso sí, aún suponiendo que todos los perceptores de ingresos superiores a $ 4800 sean beneficiarios de obras sociales de personal de dirección, unos 2 millones de pesos anuales al menos se destinarían a los sindicatos por la vía de que entre éstos se redistribuye (a través de la ANSSAL) el 15% de la recaudación de las obras sociales de personal jerárquico.

Efectos sobre el ahorro. El aumento de los topes no sólo opera sobre las contribuciones patronales, sino también sobre los aportes personales. Ello implica que el sistema estaría obligando a incrementar su ahorro previsional a quienes tienen mayores ingresos laborales. Es probable que este aumento forzoso del ahorro para estos grupos se compense con una disminución de su ahorro privado (a menos que estos grupos sospechen que el ahorro previsional adicional es -en realidad- un mayor impuesto, con lo que no bajarían su ahorro privado, y aumentaría el ahorro total).

Efectos sobre la eficiencia y sobre la percepción de riesgo. Si bien el aumento de la imposición al trabajo que surgiría de elevar los topes afecta sólo el mercado laboral en el margen, no puede dejar de mencionarse que, si la medida tiene algún impacto asignativo, éste es el de reducir la demanda de trabajo calificado y reducir el costo relativo del capital. El efecto sobre la demanda de trabajo agregada puede no ser claro: podría no sólo haber sustitución de trabajo calificado por más capital, sino también sustitución por más trabajo de menor calificación. Si predomina el primer efecto, cae la demanda agregada de empleo. Por otro lado, en la medida que el aumento en los topes equivale a aumentar la carga impositiva, se tiende a confirmar la política tributaria pendular de las últimas tres décadas en la Argentina: aumento de impuestos laborales en los años ’70, reducción en 1980/83, aumento hasta 1994, reducción 1994/95, aumento 1995, reducción 1996/99, y aumento en el año 2000. La forma de racionalizar esta política es la de "capturar al incauto": bajar los impuestos para formalizar, y luego subirlos de pronto. Es claro que una política pendular impone un elevado descuento por riesgo regulatorio.

¿Cuáles son las recomendaciones que se desprenden de este breve análisis? En primer lugar, toda modificación de políticas debe ser cuidadosamente evaluada, y presentada en forma que sea consistente con las políticas de largo plazo, dirigidas a lograr mayor eficiencia en el funcionamiento de los mercados, mayor competencia, y el respeto de los derechos de propiedad. En segundo lugar, en un contexto en el que se aplicó reiteradamente la política pendular, es poco lo que puede ganarse fiscalmente por mayor recaudación, por la vía de estas "expropiaciones" periódicas. Tercero, el aumento de los incentivos a la evasión sólo puede conducir a una mayor informalidad en la economía. Cuarto, no hay razones para elevar el ya muy alto "premio a evadir" de los autónomos respecto de los asalariados. Quinto, a largo plazo, el aumento de los topes sólo beneficiará a los grupos que ya disfrutan de una renta monopólica, los sindicatos, y difícilmente ello pueda justificarse como una política de Estado.