Daniel Artana

Pronta a definir la elección del nuevo presidente que gobernará la Argentina en el período 2000-2003 la economía no muestra señales de una recuperación contundente. El Indice de Producción Industrial (IPI) que elabora FIEL de julio y agosto se ubicó por encima del bajo nivel de junio, pero los indicadores cualitativos continúan siendo pesimistas.

Sí se observó alguna mejora en los indicadores externos: se redujo el riesgo país de los altos niveles alcanzados a mediados de julio pero todavía se ubica cerca de 600 puntos básicos por encima del rendimiento de los bonos americanos (es decir 250 puntos básicos más que en setiembre de 1997, previo al inicio de la crisis asiática), se recuperaron los precios de algunas commodities que exporta la Argentina (claramente el petróleo, y con menos intensidad otras industriales), y el peso se debilitó contra el yen producto de la revalorización de esta moneda en relación al dolar americano.

Pero ello ha sido insuficiente para revertir completamente los problemas de competitividad o fiscales de la economía.

En particular, las dificultades fiscales plantean un primer escollo a sortear por el gobierno que asuma el 10 de diciembre. El déficit de caja del año 1999 previsto en el acuerdo con el FMI (5150 millones) aumenta para el año 2000 en forma apreciable por el aumento de los pagos de intereses de la deuda (900 millones), la rebaja de cargas previsionales prevista para diciembre de 1999 (1100 millones) y por la merma en recursos extraordinarios obtenidos en 1999 (1600 millones).

El proyecto de presupuesto recientemente enviado al Congreso mantiene acertadamente la rebaja de aportes previsionales (para ayudar a morigerar el impacto de la crisis externa sobre el sector privado), pero para cumplir con las metas previstas en la Ley de Responsabilidad Fiscal agrega al aumento previsible en los ingresos que podría darse por el crecimiento del PBI nominal en el año 2000, recortes de gasto y retención de ingresos de las provincias por alrededor de 1900 millones y 800 millones adicionales de cortes en el gasto público nacional.

Ello plantea una primera dificultad política a resolver. ¿Se contará con el apoyo de los gobernadores y del Senado para restringir los fondos provinciales? Si no es así, se deberán buscar recortes adicionales de gasto nacional, que son posibles si se encara una profunda reforma del Estado, pero que también tiene obvias restricciones políticas para su cumplimiento. La alternativa de postergar la rebaja de aportes sugerida por algunos economistas plantea el problema de mejorar la solvencia fiscal a costas de la competitividad del sector privado, cuando sería más lógico repartir el esfuerzo de ajuste ante el contexto internacional adverso, incluyendo al sector público dentro del mismo.

Otra alternativa es eliminar los tratamientos impositivos de privilegio que todavía subsisten, medidas en las cuales el gobierno actual ha logrado un éxito parcial. Pero en este área también aparecen obvias resistencias de los sectores o regiones favorecidas.

La ingeniería política del ajuste no parece sencilla y ello demuestra los costos de no haber actuado prudentemente en los momentos de fuerte expansión económica y de alto crecimiento en la recaudación. En el futuro, y en la medida en que se cumpla lo dispuesto en la Ley de Responsabilidad Fiscal, existirá algún grado de flexibilidad fiscal para hacer frente a crisis externas, pero en lo inmediato no existen alternativas al ajuste. En efecto, a diferencia de lo que ocurre en los países desarrollados o en los emergentes con bajo endeudamiento público, el problema para países como la Argentina es lograr mantener el financiamiento existente; poco probable es tratar de aumentarlo en un contexto de fuerte dudas sobre la dinámica de la deuda pública argentina.

En este sentido, parece haber consenso entre los economistas que pueden hacerse cargo de la conducción económica de la Argentina, y luego de la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal parecería haber una señal de la clase política a tono con las necesidades fiscales. Lo importante es que al momento de acordar los detalles del ajuste no se recurra a medidas facilistas que compliquen el funcionamiento de la economía en el corto o en el mediano plazo. Por ejemplo, es importante:

· Mantener la rebaja de aportes patronales prevista para diciembre para ayudar al proceso de reducción de costos que enfrenta el sector privado por la disminución de precios en dólares producto de las diversas noticias desfavorables recibidas del exterior desdes 1997.

· No eliminar o aumentar el tope de aportes previsionales para el pago de impuestos al trabajo. Dicha medida podría tener un efecto positivo sobre la recaudación de corto plazo, pero al costo de alentar una mayor informalización de las relaciones laborales y de aumentar la inequidad que existe entre autonómos y empleados en relación de dependencia de iguales ingresos pero que contribuyen cifras muy dispares al financiamiento de los programas solidarios de previsión.

· No adoptar medidas regulatorias ingenuas. Por ejemplo, la sugerencia de unificar todas las AFJP, además de plantear claros problemas legales, supone que es posible regular a un monopolista en forma perfecta, mientras que la competencia genera duplicaciones de costos. La teoría y la evidencia empírica no avalan semejante conclusión.

· No caer en la tentación de falsas propuestas. Por ejemplo, la rebaja de alícuotas impositivas en la experiencia internacional ha dado lugar a pérdidas de recursos. Confiar en una reducción mágica de la evasión ante las menores tasas es una apuesta destinada al fracaso de corto plazo, a menos que se cuente con fuentes adicionales de ingresos.

· No recortar el poder del Ministerio de Economía dividiéndolo en dos. La política económica de los próximos años necesita de un manejo prudente y totalmente coherente y ello se vuelve más difícil si la integración del futuro gabinete muestra una politización importante.

· Evitar que el contexto recesivo sea utilizado para cerrar la economía. Ello es claramente contraproducente para alentar el esfuerzo exportador que el país debe realizar, y dará lugar a nuevas guerras comerciales.

· Evitar un exceso de optimismo que lleve a la conclusión de que el mero cambio de personas asegura la reducción del riesgo país. La Argentina tiene problemas reales que deben ser encarados con decisión y firmeza para lograr esa baja del riesgo. La continuidad de las políticas no alcanza, porque el contexto es mucho más adverso que el enfrentado durante los 90. Se necesita transmitir solvencia fiscal y la existencia de oportunidades de inversión.

Además, es necesario avanzar en las reformas pendientes en materia de desregulación laboral y relación Nación-provincias. Allí, la Argentina tiene instituciones que no son compatibles con el funcionamiento de la Caja de Conversión y que han producido un aumento de desempleo y de gasto público.

En definitiva, la Argentina debe demostrar que es capaz de mantener la solvencia del Estado sin recurrir a impuestos distorsivos, que es posible mantener el apoyo político a las reformas, pero sin recurrir a medidas de regulación inadecuadas de neto sesgo populista, y que es posible generar una mejora en las instituciones todavía débiles del gobierno nacional. Si ello es posible la recuperación aparecerá más rápido y a un ritmo más vertiginoso que lo previsto.