Síntesis Nacional

· La Justicia ordenó al Estado Nacional que suspenda la distribución del cupo de la cuota Hilton, por el cual se reparten 28.000 toneladas de carne que compra la Unión Europea a la Argentina y que representan unos 220 millones de dólares. La asignación planteada por la Secretaría de Agricultura para el período julio ’99 – julio 2001 fue calificada de "arbitraria y discriminatoria" por los grandes frigoríficos integrantes de la Asociación de Industrias Argentinas de Carnes, hecho que motivó la presentación de un recurso de amparo.

· El Poder Ejecutivo firmó un decreto de necesidad y urgencia que ofrece mayores garantías a los bancos que le presten dinero al PAMI para que esta obra social cancele los atrasos que tiene con sus proveedores. De esta manera, se amplia las posibilidades de financiamiento a través de avales del Estado por $ 400 millones y se establece que en caso de que los aportes y contribuciones sean sustituidos o en el caso de disolución del PAMI, la Nación respaldará los créditos bancarios.

· A través de un decreto, el Gobierno habilitó un régimen denominado Comprepyme para que las empresas a cargo de los servicios públicos privatizados adquieran para su provisión insumos y productos argentinos, en caso de igualdad de calidad y precio. Las empresas que quieran participar en él deberán figurar en el Registro de las PYME, un banco de datos con oportunidades comerciales, en el cual constará información sobre proveedores del Estado, la programación anual de las contrataciones públicas y los resultados de las contrataciones efectuadas por organismos públicos. De acuerdo con el decreto, el régimen será de aplicación obligatoria para la administración pública nacional.

· El Congreso convirtió en ley la regulación sobre tarjetas de crédito, que regirá los precios máximos para los intereses comerciales y punitorios, así como para las comisiones que los bancos emisores cobran a los comercios (un máximo de 5%, frente al 8,75% actual). Entre otras medidas, se establece que el límite de los intereses financieros que el emisor aplique al titular no podrá superar de 25% a la tasa que el emisor aplique a las operaciones de préstamos personales en moneda corriente para clientes, y que en caso de emisores no bancarios el límite de los intereses compensatorios aplicados al titular no podrá superar en más de 25% al promedio de tasas del sistema de operaciones de préstamos personales publicado mensualmente por el BCRA.

· La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que reprime el lavado de dinero producto de actividad ilícitas, con penas que oscilan entre los dos y diez años a los autores de este delito. Esta iniciativa contempla un sistema preventivo que obliga a una gran cantidad de instituciones como los bancos, las casas de cambio, los escribanos y los contadores, a denunciar las operaciones sospechadas para que sean investigadas por los jueces.

· Mediante un proyecto de ley presentado ante la Cámara de Diputados y que se denomina "Concertación", se propone la reducción de la alícuota del IVA en 15% y dispone la ejecución administrativa a deudores de la DGI. La idea original del actual gobernador bonaerense Eduardo Duhalde incluye además la pérdida de la rebaja de aportes patronales a las empresas que despidan trabajadores sin causa en el término de 12 meses a partir de sancionada la norma y la anulación parcial del impuesto a los intereses gravados, que beneficiará a las PYME.

· El Gobierno Nacional llamará a licitación para seleccionar la mejor traza y condiciones para la realización de un tren rápido que una el centro de la Capital con el Aeropuerto de Ezeiza, a un costo de entre 350 y 400 millones de dólares. La tragedia del avión de LAPA en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery motivó la decisión de mudar las operaciones aerocomerciales que hoy se realizan en dicho aeroparque.

· Brasil impuso la obligación de exámenes fitosanitarios para todas las importaciones de arroz provenientes de la Argentina y Uruguay, medida que fue evaluada por el gobierno argentino como una nueva traba comercial. La resolución partió del Ministerio de Agricultura de Brasil, y estableció la obligación de realizar exámenes en cada partida de importación en todos los puestos fronterizos con ese país.

· La Cámara de Diputados aprobó la modificación de la Ley de Inversiones Mineras, definiendo específicamente el valor boca-mina y qué costos podrán ser deducidos al realizarse el cálculo de las regalías mineras. Se estableció que las provincias podrán cobrar como tope hasta 3% en boca de mina, tomando como base el valor que tendría el mineral sacado en roca y colocado en la boca de la mina, descontando al producido final todos los costos que demanda el proceso para acceder al mineral final. Por otra parte, no quedó incluido en el descuento las amortizaciones, que representan casi 20% de las deducciones efectuadas al calcular el valor boca-mina. De esta forma, se puso fin al conflicto que mantenía la empresa Minera Alumbrera con la provincia de Catamarca sobre la manera en que deben ser calculadas las regalías mineras.

· El Gobierno redactó una resolución que establece la exigencia de licencias previas de importación para el sector de papel. Esta medida, que se agregará al requerimiento de etiquetado y certificación de los productos, afectará a todos los orígenes y tendrá las mismas características que las aplicadas al sector de calzados, lo cual implica un plazo máximo de tres meses para el otorgamiento de los permisos.

· El Ministerio de Economía envió al Congreso el proyecto de Presupuesto para el año 2000 que, entre otros puntos, elimina el Fondo de Desarrollo Urbano ($ 650 millones), el Plan Trabajar, el Fondo de la Vivienda ($ 700 millones) y reduce de 430 a 160 millones los fondos de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) que maneja discrecionalmente el Ministerio del Interior, los gastos en personal ($ 200 millones, cesanteando al 50% de los contratados), los fondos reservados ($ 70 millones) y el presupuesto de la SIDE ($ 50 millones). Por otra parte, se propone un tope de $ 2.500 mensuales a todas las jubilaciones (aunque no fueran de privilegio) y la creación de un Fondo de Desarrollo Humano (de $ 450 millones) que manejaría la Jefatura de Gabinete.

· La Federación Agraria Argentina (FAA) impulsó una protesta de cuatro días con el apoyo de los transportistas rurales, lo que tuvo como consecuencia una reducción en el movimiento en el Mercado de Liniers. El motivo que se esgrimió fue que el gobierno no cumplió con los anuncios de salvataje económico para el campo (excepción al pago del Fondo de Incentivo Docente, baja del precio del gasoil y de los peajes), aunque también se argumentó que "sirvió de advertencia a los candidatos a la Presidencia, para que conozcan la crisis del sector y se aboquen a replantear la política agropecuaria actual".

· La Argentina se convirtió en el primer país aprobado por el Banco Mundial para recibir una garantía especial del organismo (250 millones de dólares), por lo que el Gobierno está en condiciones de emitir el primer bono de su historia con la categoría de "investment grade", que facilita que la Argentina pueda financiarse más barato en los mercados internacionales. Según un comunicado del Banco Mundial, la garantía fue otorgada al país por "el gran éxito en su política de reformas con la que consiguió estabilizar los precios, abrir sus fronteras al comercio, privatizar empresas públicas y reestructurar la administración pública".

· Luego del fracaso de las negociaciones bilaterales, Brasil anunció que eliminará el tratamiento preferencial y establecerá controles previos de precios y plazos a 400 productos argentinos (entre los que se incluyen automóviles, petróleo, trigo y lácteos) como forma de "represalia", en lo que amenaza en constituirse en una guerra comercial entre los dos países. Argentina viene colocando trabas desde comienzo de año a los envíos desde Brasil, las que alcanzaron a los siderúrgicos, papel, calzado, textiles y pollos.

· El Gobierno promulgó la Ley de Defensa de la Competencia, que impone la aprobación previa por el Estado de cualquier fusión de empresas con un volumen de negocios local de al menos $ 200 millones o ventas mundiales superiores a los $ 2.500 millones, y crea un tribunal al que deberán someterse también los cambios accionarios de las empresas privatizadas. Por su parte, la ley no incluye la cláusula que trataba de operaciones que involucraran 25% del mercado o más. El Tribunal de Defensa de la Competencia deberá "sancionar los actos que tengan por objeto limitar, restringir, falsear, distorsionar la competencia o el acceso al mercado, o que constituyan abuso de una posición dominante, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general". Además, no se podrán apelar civilmente las decisiones del Tribunal y quedó vigente como único con competencia judicial el fuero en lo Penal Económico.