Giroldi, Horacio D. y Otro s/Recurso de Casación
Opinión del Procurador General de la Nación.
I. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 6 de la Capital Federal, condenó a Horacio D, Giroldi y a Raúl
B. Hatchondo, a la pena de 1 mes de prisión de cumplimiento en suspenso como coautores de tentativa del
delito de robo simple (arts. 26, 29 inc. 3°, 42, 44, 45 y 164, Cód. Penal).
A fs. 126/132 la Defensora Oficial interpuso recurso de casación, el que fue concedido a fs. 114.
La apelante en aquella instancia, fundó sus agravios en la violación a las garantías del debido
proceso y la defensa en juicio (art. 18, Constitución Nacional) en que habría incurrido el Tribunal
Oral en lo Criminal, al no observar las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa
y sentencia, lesionando, además, las disposiciones concernientes a la asistencia y representación
del imputado (art. 167, incs. 2° y 3°, Cód. Procesal Penal de la Nación), defectos que, a
su criterio, conllevan la nulidad de la sentencia y que consideró enmarcados dentro de las previsiones de
los dos incisos del art. 456 del Código adjetivo para la habilitación de la vía casatoria.
En cuanto a la procedencia formal de aquel recurso, sostuvo que el límite establecido en el inc. 2°
del art. 459 del Cód. Procesal Penal, no resulta aplicable en situaciones en las que, como en el caso, se
encuentra gravemente afectada la garantía de defensa en juicio y donde se han conculcado principios básicos
del debido proceso referidos a la necesaria intervención del acusador y la defensa.
Subsidiariamente, planteó la inconstitucionalidad de la referida norma procesal, ya que, a su criterio,
el límite que establece lesiona el principio de igualdad ante la ley (art. 16, Constitución Nacional),
argumentando a este respecto que un condenado a 7 meses de prisión por un delito correccional puede recurrir
en casación, en tanto que a otro condenado a igual pena por un tribunal en lo criminal, le está vedado
acceder a aquella vía recursiva.
Sostuvo, por último, que el límite del art. 459, inc. 2° del Cód. adjetivo, restringe
la plena vigencia de las normas constitucionales que hacen a la garantía del debido proceso y a la defensa
en juicio (art. 18, Constitución Nacional), al impedir la Cámara Nacional de Casación Penal
examinar cuestiones que afectan derechos de raigambre constitucional por razones de monto de penas, máxime
cuando el art. 8, inc. 2°, apart. h) del Pacto de San José de Costa Rica, garantiza a todo imputado
el derecho de recurrir ampliamente el fallo ante un tribunal superior.
II. La Cámara Nacional de Casación Penal resolvió, con fecha 22 de setiembre de 1993, rechazar
el planteo de inconstitucionalidad del art. 459, inc. 2° del Cód. Procesal Penal de la Nación
y declaró inadmisible el recurso de casación que fuera concedido por el Tribunal Oral en lo Criminal
N° 6.
Contra dicho pronunciamiento el Defensor Oficial ante la Cámara de Casación, interpuso recurso extraordinario,
cuya denegatoria dio origen a la articulación de esta queja.
Sustancialmente, la cuestión se presenta análoga a la planteada en la causa "Martini, Simón
A. s/robo y atentado a la autoridad" (M.820, XXIV), en la que tuve oportunidad de dictaminar con fecha 1 de
febrero del corriente año, y donde propicié la declaración de inconstitucionalidad del art.
459, inc. 2° del Cód. de Proced. en Materia Penal, en cuanto limita la posibilidad de recurrir en casación
de la sentencia del tribunal oral en lo criminal, que impone una pena inferior a los 3 años de prisión;
a lo que debo añadir que, en dicho dictamen, fueron tenidos en cuenta los argumentos esgrimidos por la Cámara
Nacional de Casación Penal en la sentencia que aquí se recurre.
Ello así, corresponde, en honor a la brevedad, que me remita, en lo pertinente, a los fundamentos de aquel
dictamen, evitando incurrir en innecesarias repeticiones.
III. Por lo expuesto, opino que V.E. debe hacer lugar a la queja revocando la sentencia apelada y que, en consecuencia,
corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 459, inc. 2° del Cód. de Proced. en Materia Penal,
a fin de que la Cámara Nacional de Casación Penal trate los agravios respectivos de acuerdo con lo
expuesto. Marzo 20 de 1995. Angel N. Agüero Iturbe.
Buenos Aires, abril 7 de 1995.
Considerando: 1º. Que el Tribunal Oral en lo Criminal N° 6 de la Capital Federal condenó a Horacio
D. Giroldi a la pena de 1 mes de prisión en suspenso, como autor penalmente responsable del delito de robo
simple en grado de tentativa. Contra dicho pronunciamiento, la defensora oficial interpuso recurso de casación.
Sostuvo, en cuanto al fondo del litigio, que la sentencia del tribunal oral violaba la garantía de la defensa
en juicio. Consideró, además, a fin de fundar la admisibilidad del mencionado recurso, que era inconstitucional
el límite impuesto por el art. 459, inc. 2° del Cód. Procesal Penal de la Nación, por
contrariar lo dispuesto en el art. 8° inc. 2°, apart. h) de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, que otorga a toda persona inculpada de delito el derecho "...de recurrir del fallo ante juez o tribunal
superior".
2º. Que la Cámara Nacional de Casación Penal (sala I) rechazó el planteo de inconstitucionalidad
y, en consecuencia, declaró inadmisible el recurso de casación. Para llegar a ese resultado, el a
quo invocó, en lo que interesa, el caso "Jáuregui" (Fallos 311:274), en el que esta Corte
resolvió que el requisito de la doble instancia judicial en materia penal quedaba satisfecho con la posibilidad
de interponer el recurso extraordinario previsto en el art. 14 de la ley 48. Contra el pronunciamiento de la Cámara
de Casación, la defensa interpuso recurso extraordinario, cuya denegación dio origen a la presente
queja.
3º. Que el recurso es admisible en tanto se ha puesto en tela de juicio la validez de una ley nacional por
ser contraria a normas de la Constitución Nacional y de un tratado internacional al que ella hace referencia,
y la decisión ha sido adversa al derecho fundado en estas últimas (art. 14, inc. 3°, ley 48).
4º. Que el a quo sostuvo que: "Por virtud de los límites objetivos fijados en los arts. 458 a
462 del Cód. Procesal Penal no hay posibilidad de recursos de casación ni inconstitucionalidad...
y la causa ha fenecido en instancia única, por lo que su sentencia es final y contra ella cabe el recurso
extraordinario de apelación".
5º. Que la reforma constitucional de 1994 ha conferido jerarquía constitucional a varios acuerdos internacionales
(art. 75, inc. 22, párr. 2°, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos que,
en su ya recordado art. 8°, párr. 2°, inc. h, dispone que toda persona inculpada de delito tiene
derecho "de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior".
6º. Que en virtud de lo expuesto corresponde determinar si dentro del ordenamiento procesal penal existen
el órgano y los procedimientos para dar adecuada satisfacción a la garantía constitucional
antes invocada. En ese sentido, la inexistencia de recursos en la ley de rito ha conducido al a quo a sostener
que la sentencia del tribunal oral era susceptible del recurso extraordinario ante esta Corte, sobre la base del
precedente "Jáuregui" (citado).
7º. Que en el caso antedicho, el tribunal consideró que el requisito previsto en el ya señalado
art. 8°, párr. 2°, inc. h, de la Convención se hallaba satisfecho por la existencia del recurso
extraordinario federal ante este tribunal (Fallos 311:274, consid. 6° del voto de la mayoría, 7°
del voto del juez Caballero y 6° del voto del juez Petracchi).
Sin embargo, las reglas y excepciones que en aquella época determinaban la competencia apelada de la Corte
Suprema sufrieron modificaciones a partir de la reforma introducida en el año 1990 por la ley 23.774, que
otorgó al tribunal la facultad de rechazar, por la sola aplicación del art. 280 del Cód. Procesal
Civil y Comercial de la Nación, recursos extraordinarios por falta de agravio federal suficiente o cuando
las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia.
8º. Que en tales condiciones puede sostenerse hoy con nuevos fundamentos que, en hipótesis como la
de autos, el recurso extraordinario no constituye un remedio eficaz para la salvaguarda de la garantía de
la doble instancia que debe observarse dentro del marco del proceso penal como "garantía mínima"
para "toda persona inculpada de delito" (art. 8°, párr. 2°, apart. h, Convención).
9º. Que, asimismo, las reformas introducidas por las leyes 23.984 y 24.050 respecto de los distintos órganos
judiciales que conforman los "tribunales inferiores" de la Justicia nacional (art. 75, inc. 20, Ley Fundamental),
incluyeron la creación de la Cámara Nacional de Casación Penal.
Esta circunstancia modificó la organización del Poder Judicial de la Nación existente para
la época en que fue fallado el caso "Jáuregui" que no contemplaba un "tribunal
intermedio" entre la Corte Suprema y las Cámaras Nacionales o Federales de Apelación.
La Cámara Nacional de Casación Penal ha sido creada, precisamente, para conocer, por vía de
los recursos de casación e inconstitucionalidad y aun de revisión de las
sentencias que dicten, sobre los puntos que hacen a su competencia, tanto los tribunales orales en lo criminal
como los juzgados en lo correccional.
10º. Que lo expuesto determina que la forma más adecuada para asegurar la garantía de la doble
instancia en materia penal prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8°, inc.
2°, apart. h), es declarar la invalidez constitucional de la limitación establecida en el art. 459,
inc. 2 del Cód. Procesal Penal de la Nación, en cuanto veda la admisibilidad del recurso de casación
contra las sentencias de los tribunales en lo criminal en razón del monto de la pena.
11º. Que la ya recordada "jerarquía constitucional" de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (consid. 5°) ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente, "en las condiciones
de su vigencia" (art. 75, inc. 22, párr. 2°, esto es, tal como la Convención citada efectivamente
rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial
por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación.
De ahí que la aludida jurisprudencia deba servir de guía para la interpretación de los preceptos
convencionales en la medida en que el Estado Argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana
para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención
Americana (confr. arts. 75, Constitución Nacional, 62 y 64 Convención Americana y 2°, ley 23.054).
12º. Que, en consecuencia, a esta Corte, como órgano supremo de uno de los poderes del Gobierno Federal,
le corresponde en la medida de su jurisdicción aplicar los tratados internacionales
a que el país está vinculado en los términos anteriormente expuestos, ya que lo contrario
podría implicar responsabilidad de la Nación frente a la comunidad internacional. En tal sentido,
la Corte Interamericana precisó el alcance del art. 1° de la Convención, en cuanto los Estados
parte deben no solamente "respetar los derechos y libertades reconocidos en ella", sino además
"garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción". Según
dicha Corte, "garantizar" implica el deber del Estado de tomar todas las medidas necesarias para remover
los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención
reconoce. Por consiguiente, la tolerancia del Estado a circunstancias o condiciones que impidan a los individuos
acceder a los recursos internos adecuados para proteger sus derechos, constituye una violación del art.
1.1 de la Convención (opinión consultiva N° 11/90 del 10 de agosto de 1990 "Excepciones
al agotamiento de los recursos internos" párr. 34). Garantizar entraña, asimismo,
"el deber de los estados parte de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras
a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces
de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos" (íd., parág.
23).
13. Que síguese de lo expresado, que la solución que aquí se adopta permite, desde el punto
de vista de las garantías del proceso penal, cumplir acabadamente los compromisos asumidos en materia de
derechos humanos por el Estado nacional a la vez que salvaguarda la inserción institucional de la Cámara
Nacional de Casación Penal en el ámbito de la Justicia federal y respeta el sentido del establecimiento
de órganos judiciales "intermedios" en esa esfera, creados para cimentar las condiciones necesarias
para que el tribunal satisfaga el alto ministerio que le ha sido confiado sea porque ante ellos pueden encontrar
las partes la reparación de los perjuicios irrogados en instancias anteriores, sin necesidad de recurrir
ante la Corte Suprema, sea porque el objeto a revisar por ésta ya sería un producto seguramente más
elaborado (Fallos 308:490 La Ley, 1986B, 476, consid. 5°, con cita del Diario
de Sesiones de la Cámara de Senadores, período de 1901, Congreso Nacional, Buenos Aires, 1961).
Por ello, habiendo dictaminado el Procurador General, se declara procedente la queja y el recurso extraordinario
y se deja sin efecto el pronunciamiento apelado. Acumúlese al principal y devuélvase al tribunal
de origen, a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo conforme a lo resuelto en el presente.
Julio S. Nazareno. Eduardo Moliné O'Connor. Carlos S. Fayt.
Angusto César Belluscio. Enrique S. Petracchi, Antonio Boggiano.