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STØTTEGRUPPE CUBA 5 - NORGE |
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RICARDO ALARCON HABLA SOBRE LAS
ULTIMAS DECISIONES JUDICIALES EN ESTADOS UNIDOS CONTRA LOS CINCO Con las recientes decisiones de la jueza Joan Lenard, del Distrito Sur de la Florida, acaban de cerrarse dos caminos legales para lograr justicia en el caso de los cinco jóvenes cubanos presos en Estados Unidos por luchar contra el terrorismo. Queda ahora la apelación ante la Corte del Onceno Circuito de Atlanta, que ya estableció como plazo el 7 de abril para que los abogados presenten sus escritos. En opinión de Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, "están tratando que se repita a nivel de Atlanta la misma farsa ocurrida en Miami, y confían en que, como los grandes medios van a seguir manteniendo el silencio, nadie se entere de toda la desvergüenza. Esa es la apuesta del Gobierno norteamericano: que la gente no sepa y en esa misma medida continuar su arbitrariedad". Para lograr que se haga justicia a los Cinco Compatriotas, reiteró Alarcón, hace falta en primer lugar que el pueblo norteamericano conozca del caso. Millones de ciudadanos en ese país no saben ni siquiera que allí hay cinco jóvenes cubanos presos por luchar contra el terrorismo. La señora Lenard, primero, rechazó días atrás la solicitud de los abogados de la Defensa para tener acceso a la documentación clasificada como secreta usada en el proceso judicial y en la cual aparece la inmensa mayoría de las supuestas evidencias que permitieron acusar y sancionar a Gerardo Hernández, René González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y Fernando González, y que ahora resultan igualmente necesarias porque debían utilizarse para la apelación en Atlanta. Después, el pasado 10 de febrero, la magistrada rechazó la otra moción de la Defensa, mediante la que se solicitaba un nuevo juicio y su celebración en una sede distinta a la anterior. "Sin embargo, los grandes diarios, las grandes cadenas de televisión, las grandes compañías, que manipulan y controlan la información en este mundo, no han dicho nada, y no porque sean tontos o no sepan, sino porque el Gobierno de EE.UU. hace todo lo posible por enterrar este caso, por ocultarlo, pues se trata de luchar contra el terrorismo en sentido real o proteger a los terroristas, que fue lo que hizo el Gobierno norteamericano al detener, acusar y sancionar con duras condenas a los cinco jóvenes cubanos. "El próximo fin de semana en Nueva York, San Francisco y en otros muchos lugares de EE.UU, y en más de 300 ciudades en otras partes del mundo tendrán lugar manifestaciones contra la guerra. Muchos de los participantes se proponen denunciar el caso de los Cinco Cubanos Presos Políticos del imperio, así como la protección que ahora mismo brinda Estados Unidos a algunos de los peores terroristas del hemisferio." La moción solicitando un nuevo juicio y en sede distinta a Miami, explica el Presidente del Parlamento cubano, fue presentada el 12 de noviembre. Han transcurrido tres meses sin que haya salido una sola palabra sobre el tema en los grandes medios de comunicación norteamericanos y en los controlados por Estados Unidos, como tampoco se ha dicho nada todavía acerca de que el pasado lunes, 10 de febrero, la jueza denegó esa moción sin haberle dado siquiera a la Defensa la posibilidad de una reunión, de una audiencia, en la que se hubieran discutido los argumentos de las dos partes. En esencia, lo que ella hizo fue ignorar completamente los argumentos de la Defensa y repetir la posición del Gobierno. Dicho documento de la Defensa, añade Alarcón, posee una buena cantidad de declaraciones juradas que prueban cómo el Gobierno y la jueza cometieron serias violaciones de las leyes norteamericanas, desde el mismo comienzo del proceso contra los Cinco cuando se negaron a cambiar la sede donde tendría lugar el proceso judicial. "Esta cuestión del cambio de sede de un juicio cuando hay razones para creer que en el lugar donde se proyecta realizarlo existen actitudes prejuiciadas, es un derecho constitucional, respetado a lo largo de la tradición norteamericana y han sido muy pocas las excepciones. Recientemente el que mató a más de un centenar de niños en Oklahoma, fue juzgado en Colorado, en un sitio bien distante, porque se supo que tenía el derecho de no ser procesado en un territorio donde hay pocas simpatías para él. "Entonces, a quién se le puede ocurrir que en Miami no existen actitudes hostiles y grandes prejuicios contra alguien que sea identificado como agente de la Revolución cubana, encargado de enfrentar a los grupos terroristas radicados allí. Pero el Gobierno dijo que en Miami no había tal situación, que allí se podían juzgar de una manera imparcial a representantes de la Revolución. "Un año después, en el 2002, una gente de Miami vinculada a quienes secuestraron al niño Elián González, acusó al Gobierno norteamericano, específicamente el Servicio de Inmigración, por haber sido discriminada y objeto de maltrato por las autoridades locales de Inmigración durante el proceso que condujo al rescate del menor. En ese caso lo que más podía suceder es que el Tribunal obligara al Gobierno a alguna reparación por los supuestos daños causados a ese empleado, como sucedió finalmente. "En ese litigio laboral, Ramírez vs. Ashcroft, la Fiscalía fue la acusada, y cuando tuvo que concurrir al juicio, el Gobierno alegó que en Miami no podía juzgarse con ecuanimidad e imparcialidad puesto que el hecho tenía que ver con Cuba. ¿Cómo interpretar ese doble rasero? Estamos ante un delito de prevaricación, por el uso premeditadamente doloso del poder que tiene una autoridad." Cuando se trataba de los Cinco Compatriotas, advierte Alarcón, Miami era una ciudad cosmopolita, extremadamente heterogénea, y de gran diversidad, y unos meses después, el Gobierno dice todo lo contrario en el proceso de Ramírez. Y estamos hablando de la misma Fiscalía, los mismos magistrados que usaron el asunto de los prejuicios de Miami a su conveniencia. "Teniendo en cuenta la tradición judicial norteamericana de basarse en los precedentes, los abogados de la Defensa de los Cinco usaron el caso famoso en ese distrito del Sureste de Estados Unidos ocurrido en los años sesenta, cuando un pastor religioso negro, llamado Pamplin, fue juzgado y condenado en la ciudad de Mason, Texas, por motivo de una actividad de protesta contra la segregación racial. La Defensa de ese pastor dijo que no era posible hacer el proceso allí, en una comunidad con enormes prejuicios raciales. El juez denegó esa solicitud, pero cuando apelaron a la Corte del Distrito, esta institución aprobó el cambio de sede, le dio la razón a Pamplin. "Esa es la doctrina que adujo la Defensa para solicitar el cambio de sede para el juicio de René, Ramón, Gerardo, Antonio y Fernando. Pero, como es sabido, el Gobierno dijo que no procedía. Más tarde, sancionados ya los cinco jóvenes, con el caso Ramírez vs. Ashcroft, la Defensa tuvo en sus manos una nueva evidencia, que da una clara prueba de actitud dolosa y mal intencionada de un gobierno. A esto se agrega que los abogados en sus investigaciones descubrieron y probaron otras violaciones de las normas legales norteamericanas cometidas por la jueza." En su conjunto, concluye, son razones suficientes para anular el juicio celebrado contra los Cinco Compatriotas, para realizar otro, y reconsiderar la funesta decisión inicial de obligar a que el juicio fuera necesariamente en Miami
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