Es manifiesta la erosión que experimenta nuestra sociedad y las consecuencias que ello acarrea, tanto en términos de infelicidad personal como de costes sociales y económicos. Dos datos de actualidad lo subrayan:

Tony Blair, el primer ministro británico, ha decidido crear un verdadero ejército de psicólogos del estado para enseñar a los padres como educar a los niños. Este grupo de especialistas en psicología infantil y juvenil serán desplegados inicialmente en 67 áreas de Inglaterra caracterizadas por su elevado nivel de conflictividad atribuida a los adolescentes: consumo de droga, ruido, suciedad, promiscuidad sexual, abuso de alcohol, violencia. Si el programa funciona se extenderá al resto del país.

En los años 80 ya se hizo famoso un estudio inglés. Este trabajo diagnosticaba que la menor conflictividad que se daba en España a pesar de su débil estado del bienestar, en comparación con el Reino Unido que gastaba muchos recursos económicos en asistencia y bienestar social, radicaba en que en la España de hace 20 años a diferencia del Reino Unido, existía una amplia mayoría de familias estables y bien estructuradas. Y es que cuando el matrimonio y las otras instituciones como la maternidad y la paternidad fallan, automáticamente se disparan los problemas y el Estado debe correr para malsolucionarlos. De hecho, desde los 80 hasta ahora, la situación en Gran Bretaña ha empeorado a pesar de que el gasto ha crecido muchísimo.

En España el estado del bienestar ha mejorado, pero en términos europeos continúa siendo débil. La diferencia radica en que ahora se extiende como la pólvora la destrucción del matrimonio y la pérdida de sentido de lo que es ser padre y madre. El resultado es la crisis escolar, la violencia entre los adolescentes y la extensión de problemas de embarazos y drogadicciones, de malos hábitos, que dejarán una grave secuela a las futuras generaciones de adultos.

La crisis de los adolescentes y de la escuela está estrechamente estadísticamente correlacionada con la tasa de divorcios, los hijos nacidos fuera del matrimonio, las familias monoparentales, y las parejas de hecho. El problema radica en que en la medida que estas situaciones, en principio nunca queridas por el afectado, suceden, se genera un instinto social de decir "no, esta no es la causa" porque los afectados no quieren asumir, lógicamente, que su estadio genera condiciones objetivas para que se produzca el problema. Existe una comprensible tendencia emocional a rechazar lo que le parece una culpabilización, cuando en realidad el reconocimiento del riesgo es el mejor método para evitar en lo posible que el problema le afecte. No se trata de una fatalidad pero sí de una relación causa-efecto con elevadas probabilidades de cumplirse.

El otro dato es la decisión del gobierno español de adelantar la pensión a las divorciadas. Es otro ejemplo de la necesidad que el Estado intervenga ante graves disfunciones sociales. Dado que el 80% de las pensiones por ruptura registran impago y ello sitúa en dificultades a la mujer que habitualmente se ha hecho cargo de los hijos, el Estado adelantará el dinero. Como en el caso inglés, este anuncio de solución es más retórico que real. ¿Por qué? Porque la actuación de la administración necesariamente ha de ser burocrática y guiarse por reglas y procedimientos estándar, no puede actuar sobre casos personales. En este caso las mujeres deberán acreditar el impago de su ex marido, mediante sentencia judicial. Problema grave, dada la lamentable situación de la justicia española, transcurrirá mucho tiempo entre el origen del problema, el trámite judicial, y el trámite de la administración, para que la mujer pueda cobrar. ¿Dos años, tres…? Y de mientras ¿de qué va a vivir esta mujer, si tenía un problema grave? Es evidente que no es la solución. Porque ésta pasa necesariamente por el fomento de matrimonios estables y del uso de la conciliación.

O la sociedad se replantea la destrucción sistemática de sus instituciones básicas, como el matrimonio, la paternidad y la maternidad, o a medio plazo, digamos a cinco o seis años vista, la vida cotidiana de la sociedad española será desastrosa. Y, lo será más, para aquellos que menos tienen.