Primera Prioridad a las Comunidades Especiales de Puerto Rico

 

Introducción

Al comienzo del Siglo 21 existe todavía en Puerto Rico una realidad inescapable la cual no podemos seguir evadiendo. Cientos de miles de nuestros compatriotas viven en nuestro país en condiciones de pobreza, que son totalmente inaceptables para una sociedad civilizada. Otros cientos de miles residen en áreas no adecuadas para la vivienda, y miles de familias no han logrado todavía acceso a las oportunidades de desarrollo económico que están disponibles para el resto de nosotros.

 

Estas condiciones de vida están presentes en muchos sectores de Puerto Rico: en los bolsillos de pobreza urbana, en las barriadas aisladas de sectores rurales y en muchas de las familias que viven en residenciales públicos.

 

Estos puertorriqueños que son nuestros hermanos viven en el silencio de su realidad. Son los que sufren, los que no tienen acceso, los que luchan diariamente para lograr un sustento mínimo, los que se quedaron atrás, son los que esperan.

 

El Cuadro Alarmante de la Pobreza

Las estadísticas ofrecen un cuadro alarmante. Según el último Censo, el 58%  de los puertorriqueños, o sea, 2,057,377 personas de un total de 3.5 millones de personas, viven bajo los niveles de pobreza. Además, el 65.9% de los menores de 18 años también se encuentran bajo el nivel de pobreza. O sea, que 761,789 de un total de 1.1 millón de niños y jóvenes en Puerto Rico, están también sumidos en la pobreza. Por otro lado, casi el 30% de los hogares de Puerto Rico están encabezados por una mujer. De esos, el 70 % tiene una mediana de ingresos que sólo es el 40% de la mediana de las familias encabezadas por padre y madre.

 

Estos datos significan que hay dos Puerto Rico: el Puerto Rico de los que tienen y el Puerto Rico de los que no tienen. Significa también que tenemos ante nosotros una realidad inescapable, que es posiblemente la realidad más contundente de nuestra vida como pueblo, aún cuando no la reconozcamos, aún cuando no la discutamos.

 

Todos tenemos una responsabilidad de conciencia y un imperativo moral de volver a hacer de la lucha contra la pobreza la primera prioridad de nuestra gestión como país. No solamente los gobiernos tienen que cumplir su obligación ministerial, sino que todos los sectores de la sociedad tienen que tomar la determinación de obrar con responsabilidad concertada para darle la mano a estos compatriotas, de modo que ellos mismos puedan tomar mayor control sobre sus vidas y lograr un proceso de superación personal y familiar.

 

El Modelo de Comunidades Especiales de San Juan

El gobierno municipal de San Juan cobró conciencia de que San Juan no era una ciudad sino en efecto dos ciudades, que aunque desde las avenidas y calles principales de nuestra Capital no se observaba esta realidad, al adentrarnos en los diferentes sectores se encuentran comunidades de una gran marginación. El trabajo del gobierno municipal con las 53 Comunidades Especiales de San Juan ha estado basado en tres principios fundamentales:

-  el principio de autogestión y apoderamiento comunitario que hace del residente el eje central de la planificación y la acción de renovación y desarrollo;

-  la alianza entre las comunidades, los sectores públicos y el sector empresarial asumiendo las diversas responsabilidades para facilitar el desarrollo;

-  el enfoque integral al problema de la pobreza que descansa en el convencimiento de que hay que atacarla desde todos los frentes.

 

Este modelo, que tan exitoso ha sido para el desarrollo de las Comunidades Especiales de San Juan, debe ser replicado a nivel de todo Puerto Rico.

 

Sensibilidad y Atención Prioritaria a las Comunidades Especiales

Para el Siglo 21, Puerto Rico necesita un gobierno sensible; un gobierno que mire, vea y atienda la verdad de nuestra realidad. Un gobierno que entienda que esta realidad de la pobreza es tan contundente que su atención tiene que estar por encima de partidos políticos e ideologías. Un gobierno que entienda que el dolor no tiene color.

 

El Partido Popular Democrático le ofrece al pueblo puertorriqueño un gobierno de atención prioritaria a todas las comunidades de escasos recursos en alianza con todos los sectores de nuestra sociedad con el propósito firme de lograr un cambio real en las vidas de los compatriotas puertorriqueños que aún no participan en los adelantos que ha logrado Puerto Rico en los últimos cincuenta años.

 

Medidas Propuestas

  El desarrollo económico será la columna central del Programa de Gobierno, denominado Proyecto Puertorriqueño para el Siglo 21. No obstante la atención a las Comunidades Especiales de todo Puerto Rico y la respuesta sensible a los reclamos de los que más necesitan, serán la orientación prioritaria de la labor de las agencias gubernamentales bajo el nuevo gobierno.

 

  Alianza Puertorriqueña contra la Pobreza- Para combatir la pobreza de una manera íntegra, coordinaremos y uniremos los esfuerzos públicos a nivel central y municipal; privados, tanto empresariales como de organizaciones sin fines de lucro; y comunitarios y continuaremos con la participación afirmativa de los representantes de los residentes de los sectores de escasos recursos económicos en Puerto Rico.

 

  Identificación de las Comunidades- Inmediatamente al tomar el cargo, llevaremos a cabo un trabajo de identificación de las comunidades de escasos recursos en todos los municipios de Puerto Rico, a base de características comunes como nivel socio-económico, condiciones de infraestructura básica, las condiciones ambientales, el estado de las viviendas y otros aspectos de su desarrollo. Lo haremos conjuntamente por el gobierno, con la colaboración estrecha de los municipios, del sector privado y los propios residentes de los sectores.

 

  Consejo para las Comunidades Especiales de Puerto Rico- Se creará por Orden Ejecutiva, presidido directamente por la Gobernadora, y estará integrado por los secretarios y jefes de las agencias que tengan impacto directo en estas comunidades. También formarán parte del Consejo los presidentes de la Asociación y la Federación de Alcaldes y representantes del sector privado, de entidades sin fines de lucro y de representantes de los residentes de las comunidades más necesitadas.

 

  El Consejo desarrollará la política pública de justicia social de la Administración y coordinará los esfuerzos dirigidos al cumplimiento de sus objetivos. También dará seguimiento continuo a los planes y proyectos acordados.

 

  Plan de Seis Años- El Consejo establecerá un Plan de Seis Años para atender los reclamos y las necesidades de estos sectores especiales. Tendrá metas específicas, itinerarios de cumplimiento, así como indicadores para medir los resultados. El Plan será revisado por el Consejo periódicamente para atemperar sus actividades según la efectividad relativa de las distintas acciones encaminadas. Todas las agencias gubernamentales correspondientes establecerán medidas para incorporarse al Plan.

 

  Coordinador General para el Financiamiento Social y la Autogestión- Este funcionario se reportará directamente a la Gobernadora y contará con todos los poderes necesarios para coordinar los esfuerzos del gobierno en torno al desarrollo social y comunitario, en las áreas de fortalecimiento socio-económico de la familia, rehabilitación de las comunidades y el fomento de las iniciativas ciudadanas en todos estos sectores. Estará encargado también de promover la participación del sector privado, de las fundaciones, instituciones educativas y del sector comunitario. Su oficina será el brazo ejecutor que asegurará el cumplimiento con las políticas y planes aprobados y las medidas establecidas para estimular el desarrollo socio-económico comunitario.

 

  Fondo para el Desarrollo Socio-Económico de las Comunidades Especiales de Puerto Rico- Este Fondo permitirá la subvención de proyectos de iniciativa comunitaria para el mejoramiento de los vecindarios. Durante los dos primeros años estaremos invirtiendo aproximadamente $100 millones en éste. El Fondo estará disponible para financiar proyectos de iniciativa comunitaria, como por ejemplo:

-  proyectos de infraestructura, tales como acueductos y alcantarillados comunitarios.

-  construcción y rehabilitación de viviendas

-  parques, centros comunales, áreas de juego de niños, bibliotecas y otras facilidades comunitarias

-  proyectos de desarrollo económico y autogestión

-  programación recreativa, deportiva y cultural

-  programas de mejoramiento ambiental

-  programas de ornato y limpieza

-  iniciativas comunitarias para el mejoramiento de la calidad de vida.

 

Las propuestas financiadas por el Fondo podrán estar a cargo del gobierno central, del municipio, de una organización sin fines de lucro, de una organización comunitaria o de alguna combinación de estas entidades, dependiendo de la naturaleza del proyecto. Se favorecerá la combinación de esfuerzos y de entidades

en la medida en que propenda a la acción concertada y unidad de propósitos en una comunidad

 

  Como parte de este Fondo, y en posible combinación con el sector privado, se evaluará la creación de un Banco de Desarrollo Comunitario para proveer préstamos a las pequeñas empresas de familias y comunidades y a las organizaciones comunitarias sin fines de lucro. Crearemos programas de incentivos especiales y servicios de capacitación a estos pequeños empresarios.

 

  Participación Municipal- Los municipios serán un elemento importante en este esfuerzo. Su activa participación será fomentada tanto por el Consejo, el Coordinador General y la nueva política de municipalización que se presenta en la sección de Administración Pública en este Programa de Gobierno. Los municipios deberán a su vez contribuir en la elaboración de los planes estratégicos y asistir en la identificación de las comunidades más necesitadas de acuerdo a los criterios establecidos por el Consejo. Podrán presentar propuestas para ser financiadas por el Fondo siempre que las mismas estén avaladas por la comunidad.