ESPAÑA

SANTIAGO F. FUERTES, Sevilla
La Junta de Andalucía subió ayer el tono de sus críticas contra el Gobierno central y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el órgano español que recibe de las autoridades del Reino Unido información sobre el submarino nuclear Tireless atracado en Gibraltar. El consejero de Gobernación andaluz, Alfonso Perales, calificó de "bochornoso" el envío a una reunión en Londres a una consejera del CSN carente, según él, de conocimientos científicos.

Perales acusó al Gobierno central de usar la credibilidad del Consejo para justificar su postura sobre el submarino atracado en el Peñón desde el 19 de mayo tras sufrir una avería en el sistema de refrigeración de su reactor nuclear cerca de Sicilia. El consejero criticó que una de las personas enviadas por el CSN a la reunión con los interlocutores británicos, Paloma Sendín, sea una economista, que fue directora de Minas, "pero que no tiene ninguna publicación sobre reactores ni fisión nuclear y nunca ha visto un reactor". "Mandar a una señora economista al frente del CSN es simplemente un bochorno", añadió.

El Consejo rehusó ayer entrar en polémica replicando a esta crítica. Fuentes cercanas al CSN admitieron, sin embargo, que Sendín es una consejera, un cargo más bien político, pero precisaron que viajó a Londres junto con el director técnico de protección radiológica, José Ignacio Lequerica.

Tras una reunión en Sevilla con los representantes de la Plataforma Cívica contra el Submarino Nuclear, el consejero de Gobernación subrayó que el Ejecutivo central no ha proporcionado al Gobierno autonómico ni un solo dato sobre la situación del Tireless. "Decir un poco sería una exageración", subrayó Perales, "no hemos recibido ninguna información".

El consejero de Gobernación de la Junta aseguró que el Ejecutivo andaluz ha hecho "lo máximo que puede hacer", al presentar una demanda ante los tribunales españoles. Perales no descartó que sus peticiones al Gobierno central para exigir el traslado del Tireless a un puerto británico especializado se traduzcan en nuevas iniciativas legales o parlamentarias.

Los integrantes de la plataforma antisubmarino coinciden con la Junta de Andalucía en su petición del traslado de la nave a un puerto británico y han apostado por presentar sendas denuncias ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los ordinarios del Reino Unido.

Esta última opción ya fue barajada hace algunos días por el alcalde de Algeciras, Patricio González, quién se ofreció a pagar los aproximadamente siete millones de pesetas que solicitaban un grupo ecologista británico y un bufete gibraltareño para meterse en un pleito previsiblemente largo y delicado dado que el adversario es el Ministerio de Defensa británico.

Por el momento, todo el ímpetu inicial se ha quedado en espera y no se ha tomado ninguna decisión sobre quién pagará los fondos en esta, por otra parte, inaudita escena de colaboración transfronteriza.

Defensor del Pueblo

La plataforma ciudadana del Campo de Gibraltar quiere también que el Defensor del Pueblo les ampare, ante "la indefensión frente al Gobierno central", según aseguraba ayer uno de sus portavoces, Javier Gil, tras entrevistarse con el consejero. Tienen previsto que la protesta la vehicule el defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo.

Por otro lado, el alcalde de Algeciras acompañado por miembros de la plataforma antisubmarino, presentó ayer 815 denuncias recogidas en el Consistorio algecireño para ser entregadas ante la Corte de Justicia de Gibraltar la próxima semana, informa Cándido Romaguera.

Las denuncias, formuladas por 39 colectivos y 776 ciudadanos del Campo de Gibraltar, están dirigidas contra el Ministerio de Defensa británico, y son un calco de la que presentó el pasado 26 de octubre el propio González.

• Página del Consejo de Seguridad Nuclear