La Segunda
Jueves 12 de junio de 2003

DD.HH.: Antes del 11 de septiembre, gobierno propondrá fórmula de reparación global

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El gobierno estima que antes de dos meses estaría redactada la iniciativa legal y los decretos correspondientes de una propuesta global que perfeccionaría la actual Ley de Reparaciones para los Familiares de Detenidos Desaparecidos.

A cargo de la recopilación de antecedentes y de la revisión de las distintas propuestas formuladas en la materia está la secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Raquel Mejías, quien junto a su equipo técnico está trabajando más de doce horas diarias en el análisis del tema y en recibir a cada uno de los familiares de las víctimas de los abusos cometidos durante las décadas de los setenta y ochenta.

Fuentes ligadas al tema en el gobierno informaron que una de las iniciativas más completas e interesantes es la de Renovación Nacional, redactada por el académico de la Universidad Diego Portales, Gastón Gómez, y por el abogado Carlos Reymond. Se señaló que dicha iniciativa "inserta a Chile en una política internacional de derechos humanos, poniendo énfasis en la necesidad de legislar para que en el futuro no ocurran las mismas violaciones a los derechos fundamentales que en el pasado". Se recuerda que una de las cláusulas del acuerdo que firmó Chile con la Unión Europea tiene relación con el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Idea interesante para la comisión, que fue destacada en profundidad en la iniciativa del partido de Sebastián Piñera.

Juicios intocables: coincidencia plena

También se destacó que entre los documentos que han llegado a la mesa de trabajo de esta secretaría ejecutiva hay plena coincidencia en que los juicios son intocables, incluso ­se dijo­ la UDI a través de las declaraciones públicas de sus dirigentes ha dicho que no se busca una ley de punto final. Entre las propuestas que ya están en poder del Ministerio del Interior se encuentran las del PS, PPD, PRSD, la de la Agrupación Nacional de Detenidos Desaparecidos y la de la Agrupación de Familiares de las Víctimas de Paine.

La mesa de trabajo está a la espera de la propuesta de la UDI y de la DC. Esta última está siendo redactada por Luciano Fouillouix y por Jaime Mulet.

En lo metodológico, la secretaría ejecutiva del Programa de DD.HH está conociendo los antecedentes y lo que ha significado la puesta en marcha de la Ley de Reparación para las víctimas 19.123. Se recordó que ella está operativa desde hace 143 meses, es decir desde el 1 de julio de 1991. También se están realizando comparaciones en el tratamiento del tema con países como Argentina, que no tiene una política de pensiones para las víctimas y con algunas naciones europeas que son pioneras en esta materia por razones históricas.

Otra de las coincidencias de las iniciativas que ya han llegado es la necesidad de mejorar la educación y la salud de los familiares. En este sentido, se explicó que hay que orientar la salud hacia programas de la tercera edad porque entre los familiares más desamparados están los padres de los detenidos desaparecidos o ejecutados políticos y estos bordean los setenta años, siendo la mayoría mujeres. "Los hijos o hermanos de alguna manera se han insertado mejor a la sociedad y su problema apunta más a aspectos sicológicos", afirmó una fuente del gobierno.

Al rescate de las ideas de Fouillioux

Otro de los aspectos que le interesa al Presidente Ricardo Lagos y a la comisión que más adelante redactará la iniciativa e rescatar una de las ideas propuestas por el ex secretario ejecutivo del Programa de DD.HH, Luciano Fouillioux, quien planteó que los familiares de las víctimas tuvieran acceso gratuito a diversas actividades culturales, algo similar a lo que se hizo en Europa después de la Segunda Guerra Mundial.

También se podría rescatar, dicen en La Moneda, la idea de Fouillioux de institucionalizar el tema de los DD.HH., de modo que se vele en forma permanente por el cumplimiento de los derechos básicos de las personas.

Puntos "claves" de la Agrupación

Coincidencia hay entre las Agrupaciones de Familiares en que el futuro proyecto no debe hablar de indemnizaciones, sino que de mejorías en las reparaciones y en las pensiones que ya se asignan por ley. La razón: indemnización es para ellos, según se comentó, el fin de un proceso y no se reconoce el daño como algo permanente, sino sólo como algo físico que puede ser borrado con una indemnización. También los familiares piden un aumento considerable de las pensiones mensuales y un mejor acceso a la educación de los hijos de los detenidos desaparecidos y de los ejecutados políticos.n

Szczaranski: Debe facultarse al CDE para buscar soluciones alternativas

Acerca de sus últimas gestiones en torno a las reparaciones a las víctimas de los derechos humanos, formulamos las siguientes preguntas a la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczaranski.

- ¿Ud. tiene realmente una propuesta al respecto?

- Yo no tengo una propuesta personal. Estoy entregando, a quien lo requiera y tenga legítimo interés en ello, un aporte, que es la propuesta de ley que el año 2000 el Consejo envió a la División Jurídica de SEGPRES.

El Consejo, desde el año 1998, ha buscado con estudios e investigaciones ayudar a resolver el justo problema de todas las víctimas de lesiones a sus garantías constitucionales. De hecho, desde mayo de 1999, nuestro departamento de estudios ha consolidado listas de personas afectadas, en base a distintas fuentes de información.

- ¿En cuántos juicios interviene actualmente el CDE?

- En materia de reparación civil sólo hay 145 juicios activos, en los cuales el Consejo actúa conforme a las leyes que lo rigen. El Consejo no puede sino ver la lentitud y eventual fracaso que deben enfrentar las víctimas en sus pretensiones civiles por la vía judicial, hechos conocidos por todo el país.

- ¿Y qué se requiere en su opinión?

- Facultar - en general- al Consejo para buscar soluciones alternativas a los conflictos civiles que interesan a los particulares y al Estado. Esto se insertaría en las modernas políticas de gestión de la justicia: veloces, simples, dirigidas a consensuar los intereses. Más aún, en el caso eventual de no poderse llegar a acuerdo con los afectados, debiera facultarse al Consejo para recurrir a mediadores que fueren personas de alta trayectoria cívica y ética ante el país. Actualmente el CDE no puede recurrir a fórmulas alternativas si no cuenta con un juicio activo y, por lo tanto, con acciones no prescritas.

¿Eso es todo, a su juicio?

- En lo personal, estimo que una solución integral al problema de los derechos humanos debe considerar lo anterior como uno de sus aspectos. Debieran considerarse, en paralelo, o a continuación, temas como el caso de las víctimas de toda violencia política, fruto de la intolerancia y la situación judicial de los miembros subalternos o mandos medios de las FF.AA. que no tuvieron el dominio de las acciones criminales ni la libertad para modificarlas.