Acerca del Potencial Democratizador de las Nuevas Tecnologías

Arturo Wallace-Salinas
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Universidad Centroamericana, UCA.

Introducción

El estudio de las transformaciones sociales vinculadas al desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación (NTI) ocupa en la actualidad un lugar central dentro del campo de las ciencias sociales, con la monumental obra de Castells (1996) como uno de los ejemplos más destacados. Dentro de la compleja agenda que comprende dicha temática un aspecto particularmente interesante, que ha llamado la atención de académicos y policymakers por igual desde la década de 1960 (Docter y Dutton, 1999), es el referido al impacto de dichas tecnologías sobre los procesos políticos y las instituciones democráticas. Como con todos los momentos de cambio tecnológico que se han producido a lo largo de la historia, los planteamientos sobre el tema tienden a oscilar entre el optimismo más arrollador (Ithiel de Sola Pool (1983) no dudó en bautizar a las tecnologías de comunicación como “Tecnologías de la Libertad”), y la visión pesimista de quienes las ven (a las NTI) como un instrumento de control y dominación. En la actualidad, sin embargo, parece dominar la idea de que Internet y las nuevas tecnologías digitales encierran en sí mismas un importante potencial democratizador, que puede –y de hecho va a transformar positivamente las diferentes dimensiones de la práctica política (ver Barlow, 1996). Este se ha convertido precisamente en uno de los argumentos más recurrentes entre los diferentes defensores de los méritos de la denominada “Sociedad de la Información”y esa premisa también resulta cada vez más importante en el proceso de formulación de políticas públicas.

El caso nicaragüense no es una excepción. Los esfuerzos para la creación y puesta en marcha del denominado Sistema Integrado de Gestión Financiera, Administrativa y Auditoría (SIGFA) del Gobierno de la República, son un buen ejemplo. La incorporación de los “kioskos tecnológicos” a la lista de promesas de campaña del hoy presidente Enrique Bolaños, son otro. En la actualidad y en cualquier parte del mundo, para gobiernos y políticos por igual simplemente resulta imposible quedarse de brazos cruzados y no hacer algo para demostrar su firme voluntad por crear las condiciones que nos permitan ser competitivos en los albores del tercer milenio (aunque muchas veces estos “esfuerzos” no trascienden el nivel retórico). Este ensayo no ahonda en las particularidades de las diferentes iniciativas del caso nicaragüense, pero vale la pena destacar que en la mayoría de los casos parece imperar una visión fundamentalmente optimista, muchas veces sólo temperada por el escepticismo que genera nuestra difícil situación socioeconómica. Pocas veces cuestionamos la naturaleza de la contribución de las nuevas tecnologías a nuestra sociedad, la que en la mayoría de los casos asumimos como necesaria y casi inevitablemente positiva. Nuestros temores tienden a estar fundamentalmente vinculados al no poder aprovechar su inmenso potencial y lo que percibimos como su innata capacidad para hacernos cada día más libres (o por lo menos más móviles), más solidarios (o por lo menos facilitar el trabajo cooperativo), más transparentes (o por lo menos limitar las coartadas de las que disponemos para no serlo), para hacernos más dinámicos, más efectivos, más eficientes, mejores. En otras palabras, lo que nos preocupa es si vamos a poder disponer o no de ellas. O, en el mejor de los casos, quienes van a poder disponer de ellas, y quienes no.

Obviamente, cualquier análisis serio de la potencial contribución de las NTI a la consolidación de nuestro proyecto democrático por fuerza debe tomar en cuenta las particularidades de nuestro entorno. La discriminación sistemática en el acceso y la capacidad de uso de estas tecnologías en razón del status económico, género, ubicación geográfica, nivel educativo, etc., (que tan abrumadora resulta en el caso nicaragüense) seguramente ofrece un contrapunto importante a la luz del cual se deben analizar los argumentos de los cyberentusiastas. Y, en un tema que merecería ser discutido con más amplitud en otra ocasión, esta realidad también obliga a una cuidadosa consideración del rol del Estado y de la dinámica de implementación de las diferentes iniciativas que lo involucran. Es evidente, por ejemplo, que tiene que haber algún tipo de correlación entre los esfuerzos por poner al gobierno en línea y aquellos destinados a reducir la llamada “brecha digital”, si no se quieren acentuar (a lo mejor irreversiblemente) las de por sí dramáticas disparidades que hoy por hoy todavía caracterizan la relación de los diferentes grupos sociales con los aparatos de gobierno. Pero en este sentido igual de importante resulta complejizar nuestro análisis acerca de la dinámica transformadora de la tecnología. Debemos escapar a la fácil tentación del determinismo tecnológico, que nos hace pensar que las tecnologías poseen una esencia propia, indiscutible, de la que se desprenden consecuencias inevitables (para bien o para mal) a la hora de emplearlas. Como bien dice Castells (1996:31) la tecnología no determina a la sociedad, sino que más bien la refleja. Y es por eso que la discusión acerca del papel que deben o pueden jugar las NTI en el proceso de consolidación de nuestra democracia tampoco puede ser una discusión exclusivamente técnica. Tiene que estar vinculada a la discusión, todavía vigente, del modelo democrático (Held, 1987) al que aspiramos para nuestro país. Estos temas son los que de una manera muy breve voy a abordar en las próximas páginas.

Escapando del determinismo tecnológico

Como se mencionó al inicio, la historia de la tecnología, y dentro de ella la historia de las tecnologías de la comunicación, ha estado marcada por visiones profundamente contradictorias acerca de su potencial contribución a la sociedad. Sócrates nunca escribió una línea y Platón fustigó la invención de la escritura como una herramienta perniciosa ya que ponía el conocimiento al alcance de los perezosos, mientras en la actualidad más bien nos preocupan los bajos niveles de lectura por ser la palabra escrita es el pilar de todo nuestro sistema educativo. Muchísimos años después el desarrollo de los medios masivos de comunicación despertó el optimismo de quienes vieron en ellos un instrumento para democratizar el conocimiento y la feroz crítica de quienes los identificaron como herramientas de alineación. Actualmente, conviviendo con la visión optimista mencionada al principio de este ensayo, las nuevas tecnologías de la información tampoco dejan de despertar sospecha entre quienes resienten su potencial para convertirse en herramientas de vigilancia y control social (Lyon, 1998). Las versiones clásicas de ese temor se encuentran en las novelas Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley (1969), y 1984 de George Orwell (1949), quienes intentaron en su momento anticipar el futuro en el que hoy estamos viviendo. Las versiones más recientes incluyen películas tan diferentes como Demolition Man, con Silvester Stallone; La Red, con Sandra Bullock; Gattaca, con Jude Law y la última película de Tom Cruise, Minority Report, entre otras. Los temores asociados al desarrollo de las tecnologías de la comunicación, que no pertenecen exclusivamente al mundo de la ficción, se explican en buena medida como una reacción de aquellos grupos sociales que se sienten amenazados por la ruptura de un previo monopolio de conocimiento (Innis, 1951). Pero también tienen que ver, y esto lo comparten con las visiones más optimistas del futuro, con una perspectiva fundamentalmente determinista del proceso de cambio social. En términos muy simples determinismo tecnológico es la creencia de que el proceso de innovación tecnológica sigue un único camino posible, determinado por criterios eminentemente técnicos, como por ejemplo la eficiencia. Y la creencia de que las tecnologías surgidas de este proceso poseen una esencia propia de la cual se desprende la naturaleza de su impacto sobre la sociedad (Feenberg, 1999). Sin embargo, un estudio cuidadoso de la historia de las tecnologías (ver por ejemplo Marvin, 1988) inmediatamente hace evidente la intervención de diferentes actores sociales (gobierno, científicos, empresarios, usuarios) en las diferentes etapas que van moldeando la apariencia final y el uso aceptado de las diferentes tecnologías con las que hoy contamos. Desde la definición de las necesidades sociales a las que dichos artefactos están supuestos a responder, hasta su aceptación e incorporación en nuestras rutinas, el proceso de innovación tecnológica es un proceso eminentemente social. Y luego, como bien sabemos por experiencia propia, las tecnologías suelen llevar una “doble vida” (Noble, 1984): una que se adecua a los propósitos e intenciones originales de sus creadores y otra que se va definiendo a partir de las expectativas y realidades diferentes de sus usuarios. Sus consecuencias, por lo tanto, nunca son únicas ni están grabadas en piedra; siempre hay un importante nivel de ambivalencia (Feenberg, 1999) .

Desde esta perspectiva, la pregunta de quienes participan y quienes están excluidos del proceso a través del cual los sistemas tecnológicos emergentes resultan socialmente moldeados se vuelve una pregunta particularmente importante. Como nos recuerda Winner (1999:30):

“Conscientemente o no, deliberada o inadvertidamente, las sociedades eligen estructuras para tecnologías que influenciarán la forma en la que la gente trabajará, se comunicará, viajará, consumirá, etc., durante largos períodos de tiempo. En los procesos en los que estas decisiones son tomadas, diferentes personas están situadas en diferentes planos, y poseen diferentes grados de poder y diferentes niveles de conciencia”.

Asumiendo que en este momento las nuevas tecnologías digitales, con Internet a la cabeza, todavía no encuentran ni su lugar ni propósito “definitivo” en el caso nicaragüense, entonces tenemos que preguntarnos: ¿Quiénes están participando en este proceso de definición? ¿En qué condiciones? ¿Quiénes están siendo excluidos? ¿De qué forma influye esto sobre las expectativas que tenemos y las que nos vamos a ir formando en relación con estas tecnologías? ¿Cómo condiciona nuestra capacidad para exigirles? Y también tenemos que asumir que podríamos estar basando nuestros juicios, y nuestros proyectos futuros, alrededor de una serie de potencialidades que son evidentes ahora pero que tal vez no existan mañana.

Tomemos el ejemplo de Internet para explicar mejor este último punto. Convertida rápidamente en sus orígenes en un proyecto cooperativo, horizontal, de participación libre y en buena medida ajeno a las jerarquías (Leiner et al; Castells, 2001), el “espíritu” de Internet tiene su manifestación más evidente en el concepto de open source. El código de programación que sostiene el complejo mundo de interacciones que hoy constituye la red está ahí, a libre disposición del que quiera emplearlo, enriquecerlo, transformarlo. Esta forma de trabajo ha sido de hecho lo que ha garantizado la rápida evolución de la red y su capacidad para adaptarse de manera ágil a nuevas y variadas necesidades, hasta el punto de poder reclamar para sí un lugar para prácticamente cualquier dimensión de nuestras vidas. “Democrático” no es tal vez el adjetivo más preciso para describir esta práctica (hay quien prefiere destacar su dimensión anárquica o libertaria), pero en cualquier caso este ethos, esta forma de hacer, ha marcado profundamente la forma en la que la red funciona todavía y la ha convertido en un espacio en donde pierden mucho de su sentido las prácticas autoritarias. (Y ya sabemos que en un país como Nicaragua, el proceso de consolidación de la democracia ha sido en primer lugar un intento por escapar al autoritarismo). Lo que no hay que perder de vista, sin embargo, es que este “espíritu” de Internet, especialmente reivindicado por aquellos involucrados de una forma u otra en los aspectos técnicos de su desarrollo, más que una característica completamente “natural” de la red, es el resultado de los diferentes arreglos organizacionales que marcaron su evolución hasta la forma en la que la conocemos hoy. Hoy, precisamente, resulta más que evidente la forma en la que las presiones comerciales (principalmente), los intentos de control por parte de los gobiernos, en suma, la participación de actores de una naturaleza muy diferente a los impulsores originales del proyecto, sugiere un futuro en el que la red podría ser bastante diferente de esa “espacio común, global y anárquico, tan apreciado por los entusiastas de la Internet de hoy” (Hague y Loader, 1999:9) para convertirse en uno mediado por la capacidad adquisitiva y restringido por consideraciones de seguridad. O piénsese en Napster, por ejemplo. El futuro no está decidido, pero ese es precisamente el punto.

En ese sentido es que tenemos que asumir, con todo lo que ello implica, que las decisiones que estamos tomamos hoy resultan especialmente relevantes para nuestros proyectos de mañana. Y no se trata aquí exclusivamente de las decisiones vinculadas de una forma u otra con el campo tecnológico, incluyendo temas como el marco regulatorio, las políticas públicas y de inversión, proyectos educativos, etc., y en especial las políticas de acceso a las que se hará referencia más adelante. En el tema particular del potencial democratizador de las NTI, también resulta evidente que cualquier posible contribución también va a estar condicionada por la voluntad de los diferentes actores involucrados (gobierno, partidos políticos, sector privado –incluyendo a los proveedores de servicio, ciudadanos –ya sea a título individual u organizados, e incluso la cooperación internacional). Va a estar condicionada por la salud de nuestras instituciones democráticas. Y los caminos posibles también están en dependencia del modelo democrático que querramos construir.

Entre e-government y e-democracy

Para hacer una evaluación justa del potencial transformador de las NTI en la arena política, lo primero que hay que hacer es adoptar una definición amplia de política. Demasiado a menudo tendemos a reducir “lo político” al terreno de la administración del estado y en particular a la relación entre gobernantes y gobernados, olvidando que “político” es en realidad todo aquello que nos afecta y nos interesa en tanto miembros de una comunidad. Como bien dice Held (1996:310):

“La política es un fenómeno que se encuentra en y entre todos los grupos, instituciones y sociedades, tanto en la vida pública como en la vida privada. Se expresa en todas las actividades de cooperación, negociación y lucha por el uso y la distribución de los recursos. Tiene que ver con todas las relaciones, instituciones y estructuras implicadas en las actividades de producción y reproducción de la vida social”.

Lo político no se limita al gobierno ni a los partidos. Tiene que ver con las diferentes formas en las que se articulan y materializan nuestras diferentes prácticas ciudadanas. Y en ese sentido se hace necesario reconocer que la referencia a términos y expresiones como “e-government”, “gobierno electrónico” o “gobierno en línea”, nada más refiere a una dimensión reducida y muy específica de la contribución potencial de las NTI al juego democrático. Términos como “e-democracy”, “democracia electrónica” o “democracia digital” ofrecen mayores posibilidades y probablemente son más adecuados para aproximarse al caso nicaragüense, ya que también constituyen un buen recordatorio del tipo de sistema político que queremos construir y de la complejidad de las tareas que todavía tenemos por delante. Después de todo, no todos los sistemas de gobierno son necesariamente democráticos. Pero tampoco deberíamos perder de vista que incluso cuando hablamos de gobiernos democráticamente electos, podemos encontrarnos con prácticas que tampoco son completamente democráticas.

En cualquier caso, en la existencia de las condiciones materiales y la voluntad política necesarias, las NTI encierran el potencial para vitalizar diferentes dimensiones de la práctica democrática: (1) Facilitar la rendición de cuentas, tanto a nivel nacional como local; (2) crear una ciudadanía más informada; (3) facilitar la participación ciudadana en el debate político, a todos sus niveles, y (4) facilitar la participación ciudadana en la toma de decisiones, tanto en su relación con el Estado como en cuanto miembros de la sociedad civil.

Como nos recuerda Street (1999:388), “en el pasado, los intentos por garantizar una participación plena en las democracias modernas, se habían visto limitados por cuatro problemas, hasta ahora insuperables: tiempo, tamaño, conocimiento y acceso”. Nuestras sociedades son demasiado vastas y complejas para que todos podamos reunirnos y debatir con el propósito de tomar una decisión informada sobre los diferentes asuntos que nos conciernen. No todos tenemos toda la información necesaria para poder tomar las mejores decisiones, entre otras cosas porque existen diferentes monopolios (u oligopolios) de conocimiento, basados en el acceso diferenciado a la información y el control de los canales a través de los cuales es posible transmitirla. Y en muchas ocasiones parece haber una inmensa distancia entre los sistemas políticos formales y los ciudadanos “de a pie” y sus preocupaciones.

Ahora, sin embargo, asistimos al desarrollo de una serie de tecnologías que ofrecen una serie de soluciones potenciales a esos problemas. Las NTI replantean el problema del tiempo y el espacio y hacen innecesario que la gente se reúna físicamente para poder interactuar, incluso a gran escala. También reducen radicalmente las dificultades para almacenar, procesar y transmitir información, haciéndola en principio mucho más accesible. Y encima, el control sobre la información que circula en estas redes, se vuelve mucho más difícil de lograr, lo que garantiza una mayor libertad de expresión y las convierte en un espacio privilegiado para el debate y para la construcción y diseminación de conocimiento. Y por último, al permitirle a la gente identificar y asociarse con otras personas que comparten sus intereses y preocupaciones, ya sea dentro o fuera de su comunidad, pueden llegar a revitalizar la participación ciudadana. Máxime en la medida en la que las NTI permiten ir eliminando algunos de los niveles de intermediación que existen en las denominadas democracias representativas.

Una vez más, cuando se consideran estas posibilidades en un contexto como el nicaragüense, siempre viene a la mente el problema del acceso. Y muchas de las características positivas que relacionamos con las NTI (interactividad, libre expresión, libre asociación, su potencial para constituirse en un espacio importante para la construcción y diseminación de información y en un espacio donde cuestionar las perspectivas profesionales y oficiales (Hague y Loader, 1999:6)), también acarrean algunos problemas. En lo que se quiere insistir aquí, sin embargo, es en que el tema también tiene una relación directa con nuestra concepción de democracia, que es una discusión que debemos avanzar independientemente de la viabilidad de las diferentes “iniciativas tecnológicas” en el contexto de nuestras limitaciones económicas.

El acento se coloca sobre aspectos muy diferentes en función del modelo democrático que consideremos. Si para nosotros lo que define a una verdadera democracia es la capacidad de los ciudadanos para participar lo más directamente posible en la toma de decisiones, por ejemplo, entonces nos tiene que interesar fundamentalmente la capacidad de estas tecnologías para facilitar los procesos de consulta. En ese caso básicamente no importa si es a través de computadoras personales, en kioskos tecnológicos, a través del celular o (en un futuro quien sabe que tan lejano) a través del control remoto de la televisión. Podemos cerrar los ojos y soñar con un futuro en el que la Asamblea Nacional sea sustituida por un gigantesco servidor que se encargaría de procesar el input de los ciudadanos e indicar la voluntad de la mayoría sobre una agenda de temas cada día más amplia. Y los retos que tendríamos que enfrentar, además de la universalización del acceso a estos dispositivos (que no tienen por que parecerse a la Internet de ahora, ni ser de uso doméstico), estarían más relacionados con asuntos de seguridad y por consiguiente de privacidad.

Ahora bien, podemos coincidir con los teóricos del elitismo competitivo (eg. Schumpter, 1943) o los pluralistas (eg.Dahl, 1993) en sus temores acerca de una “dictadura de la mayoría” y en su desconfianza acerca de “la voluntad popular” y preferir un sistema representativo. Nuestro énfasis, en ese caso, tendría que dirigirse hacia las diferentes aplicaciones que permitan una mejor y más efectiva interacción entre representantes y representados (incluyendo una más efectiva rendición de cuentas). Para ello podríamos empezar por la creación de sitios web institucionales que sean mucho más que brochures propagandísticos y se conviertan en verdaderos y efectivos canales de comunicación, capaces de permear el quehacer de las instituciones. Sin olvidar la necesidad de crear las condiciones necesarias para que estos canales no estén a disposición exclusiva de una elite.

Pero también podríamos asumir de una vez por todas, como sugiere Habermas (1981), que más allá de los mecanismos con los que contamos para la toma de decisiones, o de la efectividad de nuestro sistema representativo, la salud de una verdadera democracia está determinada por la vitalidad de su “esfera pública”, y por lo tanto depende de la posibilidad de acceder libremente a toda la información relevante y participar sin ningún tipo de restricciones en un debate racional en el que estén presentes todos los puntos de vista. Ya sea que esperemos que las NTI simplemente multiplique exponencialmente el volumen de información al que tenemos acceso, o que en realidad aspiremos a hacer realidad la idea de una “ágora electrónica” articulada de manera progresiva en torno a cientos de salas de chat, weblogs y listas de mensajes en la que cada vez más y más ciudadanos se reúnan para discutir y tomar decisiones acerca de los problemas que los involucran en tanto miembros de una comunidad (ver por ejemplo Keane, 1995), nuestras iniciativas en este caso tendrían que estar orientadas fundamentalmente a limitar los condicionamientos sobre el uso y acceso del nuevo sistema tecnológico: quiénes (y en qué condiciones) tendrán derecho de acceso, voz y autonomía. Quién ejercerá el control. Cuáles serán los criterios con los que este sistema será evaluado. Las respuestas serán muy diferentes si concebimos a las NTI y los servicios asociados como un lujo para los que puedan permitírselo, una dimensión específica del mercado, una instrumento de desarrollo económico o una condición indispensable para ejercer nuestro derecho de ciudadanía en un futuro no muy lejano.

Conclusiones

Esto último nos vuelve a llevar al tema del acceso, con el que vale la pena concluir este trabajo. Y también aquí vale la pena insistir en la necesidad de una definición más sofisticada de acceso. El acceso físico a las NTI, que es el pueden evidenciar los datos duros acerca de número de líneas telefónicas, número de ISPs, etc., es un aspecto fundamental, sin ninguna duda. Pero a la par de la reducción de la “brecha digital”, que constituye sin duda un reto urgente, también tenemos que preguntarnos por las razones que pueden motivar a los ciudadanos a acceder a estas tecnologías. En ese sentido, si queremos que las NTI sean efectivamente una verdadera herramienta democrática, debemos interesarnos por garantizar el acceso a contenido relevante, por garantizar que será posible acceder a redes y otras fuentes de recursos útiles para la propia experiencia, y por convertir a estas nuevas tecnologías en una herramienta de comunicación efectiva con los tomadores de decisión. Y en ese sentido, igual de importante, resulta el comprender que el verdadero acceso sólo existe cuando se poseen las capacidades para hacer un uso efectivo de los recursos a disposición. Capacidades que no se limitan de ninguna manera a la provisión de las habilidades básicas para enviar un e-mail o visitar una página web. Por ello, de particular importancia, especialmente en este momento de definición, se vuelve el dar a los diferentes usuarios la posibilidad de anclar a las NTI en la propia experiencia para poder ponerlas así al servicio de las propias expectativas y necesidades.

Y en cualquier caso, no podemos esperar que las tecnologías resuelvan las carencias de nuestro propio sistema democrático. En las palabras de Stephen Coleman (1999:187): “la práctica democrática tiene que estar arraigada en la cultura política y no depender [de los nuevos medios] como si fuera una propiedad inevitable de una aplicación tecnológica”. En parte es por eso que la discusión acerca de las perspectivas, modalidades e iniciativas referidas al uso de las NTI para la consolidación de la democracia nicaragüense tienen que ser parte de un debate democrático.

Referencias

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