POLÍTICAS ANDINAS BAJO PRESIÓN
Los países andinos atraviesan por una disyuntiva: acatar las exigencias del país del norte o resolver sus conflictos internos de acuerdo a sus propias condiciones. Ante ello, son las marchas, las huelgas, las violaciones a los derechos humanos y el caos, los principales desencadenantes.
Es sabido que en materia de drogas, la política norteamericana establece la pauta. Empero, su rol resulta dudoso, pues su visión del narcotráfico como "peligro nacional" no corresponde a la situación de los países productores y menos aún a sus intereses nacionales. Se puede constatar un conflicto de intereses entre los EEUU y los países afectados, por lo que cabe preguntarse si una política de drogas, tan fuertemente dominada por los EEUU, está en la posibilidad de tomar en cuenta los intereses nacionales, o si, de no hacerlo, está destinada al fracaso.
A pesar de haberse planteado continuamente estas interrogantes, al parecer, no se quieren encontrar respuestas al problema. El "apoyo" prestado por los EEUU está vinculado a determinadas condiciones políticas y en particular, a resultados concretos y visibles en el llamado control de drogas, exigiendo reducciones anuales de determinadas cantidades de coca de las zonas de producción, así como presencia militar y el establecimiento de una política básicamente represiva.
Es en tal sentido que, actualmente, mientras el Senado de los EEUU debate el proyecto denominado Ley de Eliminación de Drogas del Hemisferio Occidental, el cual destinaría una partida de US$ 2,300 millones específicamente para combatir el contrabando de drogas en América Latina y el Caribe, los países andinos se encuentran en problemas internos por la aplicación de estas políticas anti-drogas, que no les permiten, por un lado, combatir adecuadamente el fenómeno y por otro, cumplir con las exigencias y condiciones impuestas por EEUU para la aplicación del dinero.
En Bolivia:
La marcha hacia La Paz efectuada por los cocaleros de la zona del Chapare a inicios del mes de agosto, trajo consigo un sinnúmero de repercusiones a nivel político, social y militar; incluso la intervención efímera de la Iglesia Católica fue vital en un determinado momento. En este complejo escenario, con la actuación de diversos protagonistas, se llevó a cabo un proceso de negociación en el que aparentemente, ambas partes resultaron beneficiadas.
El mayor reto consistiría en alcanzar finalmente un acuerdo, situación bastante difícil y quizá nada favorable, en un inicio, para los productores cocaleros. Las principales razones de tensión entre ambas partes las constituyen, en primer lugar, la intransigente posición del gobierno boliviano al ampararse únicamente en los mandatos de la Ley 1008, es decir, la continuación de la erradicación forzosa de las zonas de cultivos de coca y la negativa de un repliegue de las tropas militares de estas zonas; en segundo lugar, la política implantada por la administración Banzer, a partir de 1997, destinada a acabar con todos los cocales hasta agosto del año 2002, en cumplimiento del compromiso asumido ante EEUU y la Comunidad Internacional. Dar marcha atrás en lo estipulado con el país del norte implicaría, en primera instancia, la reducción del presupuesto norteamericano en la ayuda antidrogas.
Evidentemente, en tales circunstancias, la situación resulta bastante delicada. En efecto, con el respaldo de la Central Obrera Boliviana (COB), los productores de coca iniciaron diversas protestas, huelgas de hambre y una serie de diálogos fallidos durante el último mes, logrando, finalmente, la intervención de la Iglesia Católica como mediadora en el conflicto. Para algunas instituciones, la participación de la Iglesia sería crucial para poner fin a los abusos contra los derechos humanos efectuados por los militares en las zonas de cultivo. En el mismo sentido, el Ministro de Trabajo Leopoldo López señaló, que dicha institución "no permitiría que se viole la ley, ni admitiría la mentira". Sin embargo, a pesar de la conformidad de ambas partes respecto a su intervención, la Iglesia Católica prontamente cerró las puertas a la mediación y dejó en manos del gobierno y la COB, la responsabilidad de restituir la paz social.
Finalmente, luego de agotar todos los recursos de presión y una larga conversación, se llegó a un aparente y definitivo acuerdo entre el gobierno boliviano y la COB. Ambas partes coincidieron en doce puntos, los mismos que tuvieron como consecuencia el inmediato levantamiento de la huelga de hambre de los cocaleros y el retorno a la zona de Chapare. Cabe mencionar que ninguno de los doce puntos hace referencia al objetivo principal por el que los cocaleros marcharon hasta La Paz: la modificación del Plan Dignidad del Gobierno. Empero, sí se logro que el proceso de erradicación se efectué de manera concertada.
En lo referido al tema de la compensación no se produjo consenso, sin embargo, el gobierno ofreció dar un plazo mayor en las fechas establecidas a fin de que los cocaleros puedan inscribirse y puedan tener acceso a la compensación individual. Como es sabido, con la vigencia de la Ley 1008 se dispuso la entrega de una compensación económica a los campesinos que cooperen con la eliminación de los cultivos considerados excedentes, de manera que se permita una productividad alternativa. A ello se debe que el gobierno cuenta con una inversión de US$ 19 millones, los que serán destinados a 64 proyectos de desarrollo comunitario.
El problema fundamental del "apoyo" presupuestario prestado por EEUU en materia de lucha contra el narcotráfico es el exigir y condicionar la ayuda a estrategias dirigidas a la reducción de cultivos de los que se extrae la materia prima, como si éstos fueran el problema central en la lucha antidrogas, dejando de lado las estrategias destinadas a resolver las causas que promueven la actividad, en un marco de responsabilidades compartidas y no de aplicación unilateral de políticas americanas.
En Colombia:
El contexto de Colombia se enmarca, básicamente, en el proceso de paz que se viene desarrollando entre las guerrillas y el gobierno, siendo éste el principal objetivo de la administración Pastrana. La presencia de EEUU en esta coyuntura puede ser fundamental. Si bien aún no se ha definido cuál podría ser su rol en dichas negociaciones, claro está que EEUU no estaría dispuesto a apoyar la paz a costa de abandonar las fumigaciones que se vienen realizando sobre las zonas de cultivo.
La situación se tensifica al ser las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) las que controlan un territorio en el que un gran número de campesinos, al no contar con otras alternativas, se dedican al cultivo de coca. En tal sentido, Andrés Pastrana, desde su campaña electoral, elaboró un programa de acción al cual denominó Plan Marshall de Paz en Colombia, que implicaría invertir una gran suma de dinero en la rehabilitación de las zonas afectadas e implantar un mecanismo mediante el cual los campesinos puedan sembrar, cosechar y vivir de ello. De acuerdo a lo señalado por Roberto Pombo dicho programa requeriría un subsidio grande y permanente para su implementación y desarrollo. De no contar con un programa claro y funcional de sustitución de cultivos, es posible que no se llegue a un acuerdo de paz con las FARC.
Un proceso de paz exitoso, así como la aplicación del Plan Marshall, constituyen alternativas a largo plazo, sin embargo, al requerir el apoyo económico, sobre todo de EEUU, implicaría la inminente continuación de las fumigaciones como elemento central en la lucha antinarcóticos.
Las negociaciones entre las FARC y el gobierno continúan. Sin embargo, las FARC se han anticipado enviando un listado de 450 guerrilleros que deberían ser liberados como canje por los 270 militares y policías que permanecen cautivos, esto como parte de una serie de "concesiones" recíprocas entre ambas partes. Para ello, se ha pedido que los alcaldes sean las únicas autoridades que permanezcan en los cinco pueblos de donde serían retiradas las tropas.
Es en este último punto donde existe una mayor presión norteamericana, ya que de acuerdo a lo señalado por el semanario británico "The Economist", EE.UU constituye un obstáculo más en el proceso de paz colombiano. Ello se debe a la iniciativa de la Cámara de Representantes estadounidense, en suspender la ayuda antidrogas en caso que el gobierno colombiano decrete el despeje de los cinco municipios del sur del país, lo que dificulta aún más la situación. Es de resaltar que precisamente una de las condiciones acordadas entre las FARC y el gobierno es la del despeje de dichos municipios, por lo que una intervención norteamericana contraria, perjudicaría enormemente las conversaciones iniciadas.
En suma, verificamos en Colombia un ambiente político aún no pacífico, por lo que cabe preguntarse si el objetivo norteamericano de ganar mayor control sobre los campos de cultivo vía la erradicación forzosa y la presencia militar debe ser un costo a pagar por el gobierno Colombiano en su lucha contra el narcotráfico.
En Perú:
Aparentemente en el Perú la situación en las zonas cocaleras estaría más tranquila, sin embargo, ya se están produciendo algunos acontecimientos aislados de violencia en las zonas de selva. Empero, actualmente el tema de debate se ha centrado en la desconcentración de las responsabilidades que manejaba la Comisión de Lucha Contra las Drogas (CONTRADROGAS), ente encargado de coordinar con el aparato del Estado, las acciones de sustitución de cultivos de coca, así como de interlocutor y contraparte ante gobiernos y organismos multilaterales.
Tal medida despertó la sorpresa de diversos sectores, sobretodo al encontrarse el Perú, ad portas de la realización de la próxima Mesa de Donantes que se llevará a cabo en el mes de noviembre en Bruselas. Es así que institucionalmente el panorama no se encuentra muy claro, toda vez que las responsabilidades quedarían distribuidas entre distintas entidades del Estado, sin haberse establecido facultades claras y específicas para cada una de ellas, en cuanto a la aplicación de las políticas supuestamente elaboradas en la lucha antidrogas.
En lo referido a CONTRADROGAS, mediante Decreto de Urgencia N° 047-98, de fecha 19 de setiembre del presente, se dispuso que ésta quedará adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y, que las resoluciones de designación o remoción de los miembros del Directorio, serán refrendadas por el PCM y por el Ministro que presida CONTRADROGAS. Con esto queda establecida una nueva ubicación del ente rector supuestamente encargado de diseñar, coordinar y ejecutar de manera integral las acciones de prevención contra el consumo de drogas.
Ahora, la prioridad no la tendrá más el desarrollo alternativo, sino un programa de prevención y rehabilitación que quedaría a cargo del Ministerio de Salud junto a CONTRADROGAS. El Ministerio del Interior, por su parte, continuará encargado de la interdicción, mientras que el Ministerio de Agricultura en coordinación multisectorial y con el apoyo convocado de la comunidad internacional, será responsable del desarrollo alternativo.
Definitivamente, esto despierta una situación de incertidumbre para los campesinos cocaleros, en momentos que se contaba con una cartera de millones de dólares para poner en marcha los programas de desarrollo, y que a su vez, estaban próximos a concretarse. Si bien CONTRADORGAS nunca contó con un presupuesto propio, su labor consistía en diseñar dichos programas, buscar su financiamiento y sobretodo velar por el cumplimiento de los mismos, sin embargo, como se ve no existe una voluntad política clara, que más adelante, podría desencadenar de manera negativa para el objetivo de control del fenómeno.
La situación institucional en cuanto a la política de drogas en el Perú despierta una serie de interrogantes, las que deberán ser resueltas en el plano gubernamental. Algunos de los principales problemas son los siguientes : la incertidumbre acerca de la aplicación y desarrollo de los programas pendientes; la adecuada y sólida representación de CONTRADROGAS ante la Mesa de Donantes (donde se pretende obtener 100 millones de dólares), considerando que aún no se han establecido sus facultades específicas; la aplicación del posible aumento del presupuesto norteamericano para los proyectos de desarrollo alternativo, entre otros. Lo paradójico de dicha incertidumbre es que ésta se presenta en momentos que el General Barry Mc Caffrey declara ante el Congreso norteamericano que el Perú es el país modelo en la lucha antinarcóticos.
Si bien es cierto que en los últimos meses se han obtenido logros en esta materia, principalmente en lo referente a la captura de cabecillas e integrantes de bandas de narcotraficantes y decomisos de insumos para la elaboración de drogas, no existe una política clara que permita dilucidar una intención real y verdadera de combatir adecuadamente el fenómeno de narcotráfico, por lo que se deberá replantear algunas decisiones a fin de sentar una posición propia, que refleje un diseño estratégico nacional en la lucha contra el narcotráfico.