Sobre la pena de muerte |
Hechos (77). Entre 1976 y finales de 1989 en Estados Unidos fueron ejecutados 120 reos. De ellos, el 83% por matar a un blanco y sólo el 17% por matar a un afroamericano o víctimas pertenecientes a otras minorías. Algunas investigaciones independientes demostraron que la raza constituyó un factor clave a la hora de dictar sentencia de muerte. Leo Edwards fue ejecutado en Mississipi el 21 de junio de 1989. Tanto él como su víctima eran de raza negra, al igual que el 30% de la población del condado donde tuvo lugar el juicio. Sin embargo, el jurado estuvo compuesto en su totalidad por blancos, ya que el fiscal rechazó a siete de raza negra. La Corte Suprema prohibió en 1986 la exclusión de un jurado de la misma raza que el acusado por motivos raciales únicamente. Este dictamen se dio a conocer tres años antes de la ejecución de Leo, pero después de la confirmación de su condena. No le fue aplicado retroactivamente a pesar de poder beneficiarle. El 26 de junio de 1989, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que la ejecución de delincuentes juveniles a partir de los 16 años de edad no constituía un castigo "cruel e inusual". A finales de ese año, había en norteamérica 28 reos juveniles condenados a muerte en 12 estados. En ese dictamen afirmó que la ejecución de presos que sufrían retraso mental no quedaba prohibida, siempre y cuando los responsables de dictar sentencia tuvieran en cuenta ese factor. Horace Dunkins, preso de raza negra y retrasado mental, fue ejecutado el 14 de julio de 1989 en Alabama, 18 días después del dictamen. Su ejecución en la silla eléctrica tuvo una duración excesiva. La primera descarga no consiguió matarle, al parecer porque los cables estaban mal conectados. Los médicos comprobaron que estaba inconsciente, pero que el corazón le latía con fuerza. Le administraron una segunda descarga nueve minutos después, tras volver a conectar la silla. Dunkins había sido condenado a muerte por un jurado compuesto por mujeres de raza blanca y por el asesinato de una blanca en 1980. Horace renunció, sin saberlo, a su derecho a consultar a un abogado antes de someterse al interrogatorio de la policía tras su detención. No se informó al jurado que su coeficiente de inteligencia era tan sólo de 65. Y a pesar de todo ello, la Corte Suprema rehusó suspender la ejecución. En Arabia Saudita, entre febrero y diciembre de 1989, casi dos años antes de la invasión de Kuwait por Irak, 95 personas fueron ejecutadas por delitos comunes. Entre ellos se encontraban dos hermanos condenados a muerte por asesinato en 1970. Habían permanecido 19 años en el pabellón de la muerte hasta que el hijo mayor de la víctima, que tenía un mes en el momento en que se produjo el asesinato, alcanzara la edad legal para prestar su consentimiento. Según la ley islámica, tal y como se practica en la Arabia Saudíta aliada de Mr. Bush, los parientes de las víctimas de asesinato pueden solicitar "qisas" (retribución), en la forma de pena de muerte o renunciar a ella y llegar a un acuerdo económico. Es decir, que si eres rico te salvas, pero si eres pobre… Todas las ejecuciones se realizaron en público por decapitación, salvo la de una empleada doméstica filipina que fue fusilada. |
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La lista de Scheck (104). El abogado Barry Scheck, actual presidente de la Asociación Nacional de Abogados Penalistas de los Estados Unidos, fundó en 1992 el Proyecto Inocencia, instalado en la Escuela de Derecho Benjamín Cardozo de Nueva York, y dedicado a revisar viejos casos judiciales con las modernas pruebas de ADN. Su balance congela la sangre: 159 inocentes excarcelados, de los cuales 13 estaban condenados a muerte y docenas a cadena perpetua. "En Florida [el estado gobernado por el hermano de Bush]… nos ponen obstáculos tremendos para acceder a las evidencias, y ello pese a los errores espectaculares que hemos demostrado allí. Recuerdo el caso de Frank Smith, que pasó 14 años en el corredor de la muerte y murió de cáncer en la cárcel a principios de 2000 mientras esperaba los resultados del ADN. Once meses después, el ADN le exculpó. Otro preso de Florida, Jerry Townsend, fue exonerado en 2001, después de 22 años de cárcel… Uno esperaría que[, tras ello,]… Florida aprobaría las regulaciones necesarias para facilitar las revisiones de casos mediante pruebas de ADN. Pero no fue así". ¿A qué se debe esa resistencia?. "En parte a que no todo son errores. Algunos acusados han sido incriminados mediante trampas o pruebas fabricadas, y otras veces han ocultado evidencias exculpatorias. Algunos responsables públicos están más preocupados por salvar la cara que por hacer justicia… El primer argumento contra la pena de muerte es que es impropia de la civilización, y el segundo es que ocurren errores judiciales. El rechazo de los europeos a la pena capital es muy importante para nosotros". Partido Popular. Documento de 7 de febrero de 2005 con número 123 del Registro de Portal Unico de la "Xunta" en el Ayuntamiento de A Estrada. Requerí al Sr. Palmou, Consejero de Justicia: "que haga público su apoyo al grito de… ‘NO a la PENA DE MUERTE’". Discusión. Transcurridos cuatro meses desde el escrito, es obvio que Palmou decidió no darle contestación. Ahora, en campaña electoral, toda afirmación al respecto volvería a carecer de credibilidad. Todo cargo público de este país tiene el deber ético de oponerse, sin titubeos, a la pena de muerte en cualquier caso y circunstancia. Cuando el Estado mata no aplica un castigo válido, sino que viola abiertamente los derechos humanos. Conclusión. Dado como el Consejero de Justicia del PP, Sr. Palmou, no ha condenado explícitamente la pena de muerte, abolida en nuestra Constitución, pido a la ciudadanía no votar ninguna lista electoral en la cual figure. |
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